Correo de los Viernes - Evo Morales ante la Justicia: el problema ya no es solo la acusación, sino su negativa a enfrentarla

Evo Morales ante la Justicia: el problema ya no es solo la acusación, sino su negativa a enfrentarla

Edición Nº 1082 - Viernes 15 de mayo de 2026. Lectura: 4'

La orden de captura contra Evo Morales por un caso de presunta trata de personas y estupro coloca al exmandatario ante una contradicción difícil de sostener: mientras denuncia persecución judicial y exige garantías, continúa negándose a comparecer ante los tribunales que deben juzgarlo.

La situación judicial del expresidente boliviano Evo Morales ingresó en una fase crítica. La Justicia de Bolivia lo declaró en rebeldía, ratificó una orden de captura y dispuso medidas cautelares luego de que no compareciera ante un tribunal de Tarija para responder en un proceso por presunta trata agravada de personas vinculada a una menor de edad.

El núcleo de la acusación es particularmente grave. Según la Fiscalía boliviana, Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su presidencia y habría tenido una hija con ella. La investigación sostiene además que existió una estructura de favores políticos y económicos hacia la familia de la menor, lo que llevó a encuadrar el caso bajo delitos de trata de personas y estupro. La Fiscalía afirma contar con más de 170 elementos probatorios para sostener la acusación.

Morales rechaza las imputaciones y denuncia una supuesta persecución política y judicial —el ya habitual argumento del “lawfare” latinoamericano— impulsada, según él, para destruirlo política y moralmente.

Pero incluso admitiendo que toda persona tiene derecho a un juicio imparcial, garantías procesales y defensa adecuada, existe un punto central que resulta imposible ignorar: quien reclama justicia imparcial debe, antes que nada, someterse a la Justicia.

Morales no compareció. No fue una ausencia aislada. Ya había evitado presentarse a otras citaciones judiciales en 2024 y 2025, alegando defectos en las notificaciones y falta de garantías. El problema es que esa estrategia termina erosionando el propio discurso de victimización política. Si el proceso es arbitrario, debe demostrarlo dentro del expediente, frente a los jueces y mediante recursos legales. Lo contrario transmite la impresión de alguien que busca discutir la legitimidad de la causa desde la barricada política antes que desde el estrado judicial.

El cuadro se vuelve todavía más delicado por el contexto en el que Morales permanece refugiado: el Chapare cocalero, su bastión político y sindical, protegido por grupos de seguidores que desde hace meses impiden cualquier intento efectivo de captura. Esa imagen —la de un exmandatario resguardado por estructuras militantes para evitar comparecer ante tribunales— representa un deterioro institucional severo para Bolivia.

Durante años, Morales construyó buena parte de su legitimidad internacional como símbolo de reivindicación indígena y ascenso popular. Fue el primer presidente indígena de Bolivia y uno de los líderes más influyentes de la izquierda latinoamericana del siglo XXI. Pero su trayectoria política quedó progresivamente marcada por una creciente concentración personalista del poder, por la negativa a aceptar límites institucionales y por una relación conflictiva con las reglas democráticas, especialmente después de intentar perpetuarse en el poder pese al resultado adverso del referéndum constitucional de 2016.

Ahora, el caso judicial profundiza esa deriva. El problema ya no es únicamente penal. También es político y moral.

Porque incluso quienes consideran plausible que existan motivaciones políticas detrás del proceso deberían exigirle a Morales exactamente lo mismo que se exige a cualquier ciudadano: presentarse ante la Justicia, responder preguntas, ofrecer pruebas y defenderse en derecho.

La gravedad de los delitos investigados vuelve todavía menos aceptable la estrategia de atrincheramiento político. En causas de esta naturaleza no alcanza con denunciar conspiraciones o invocar persecuciones. Hace falta comparecer.

Además, el caso refleja la fractura interna del ex oficialismo boliviano y de la propia izquierda del país. El expediente fue inicialmente archivado durante la etapa de cercanía política entre Morales y el entonces presidente Luis Arce, pero volvió a activarse cuando la guerra interna dentro del Movimiento al Socialismo se volvió irreversible. Eso alimenta sospechas de utilización política de la Justicia, pero también revela algo más incómodo para Morales: que parte del aparato que antes lo protegía ya no está dispuesto a hacerlo.

Los sectores enfrentados a Morales aprovecharán inevitablemente el caso para presentar al exmandatario como símbolo de impunidad y degradación institucional. El desafío también alcanza a la izquierda regional, que durante años reaccionó con reflejo corporativo ante cualquier investigación judicial contra líderes afines. Defender garantías procesales no implica blindar conductas potencialmente delictivas ni justificar la desobediencia ante resoluciones judiciales.

En una democracia seria, las denuncias deben probarse. Pero también en una democracia seria, nadie debería colocarse por encima de los tribunales. Y menos aún un expresidente que todavía pretende seguir condicionando la política de su país desde fuera de las instituciones.