¿Es privatizar o simplemente pensar sin ataduras ideológicas?
Viernes 20 de marzo de 2026. Lectura: 5'
Por Elena Grauert
Un planteo inesperado del oficialismo reabre el debate sobre el rol, la gestión y el financiamiento de las empresas públicas, entre la innovación económica y las viejas resistencias ideológicas.
Hay noticias que resultan desconcertantes. Entre ellas, las declaraciones del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien planteó la posibilidad de que los uruguayos puedan comprar acciones de empresas estatales como Antel o UTE para financiar inversiones.
Según explicó el propio jerarca en una entrevista radial, la idea es canalizar el ahorro nacional hacia proyectos de las empresas públicas, permitiendo que los ciudadanos inviertan en ellas: “Tenemos que abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero, el ahorro nacional del Uruguay, en las empresas públicas para que puedan hacer otras inversiones”, afirmó.
Incluso, en Canal 4 (Telenoche), utilizó a Antel como ejemplo: “Si yo quiero defender una empresa pública como Antel, no tengo que quedarme con la vieja Antel, sino con cómo la desarrollo hacia adelante”.
Esto provocó un gran movimiento, ya que se trataba de un planteo innovador, viniendo de alguien de la izquierda, algo poco habitual. Transformar a las empresas públicas e introducirlas en el mercado de capitales no es solo una discusión de diseño institucional, sino también económica.
Pero el supuesto “aggiornamiento” duró poco. Rápidamente, el propio secretario aclaró que no pertenecía al “club de los neoliberales”, volviendo a las viejas consignas. Lo que no se entiende es cómo un día se plantea abrir las empresas para que los uruguayos inviertan su dinero y, al siguiente, se niega cualquier vínculo con una economía de mercado.
Vender acciones a “pequeños ahorristas” sigue siendo, en esencia, abrir capital al mercado. Eso implica necesariamente algún grado de control por parte de los accionistas, un instrumento típico de las economías de mercado, aunque se lo intente presentar como una herramienta para fortalecer al Estado.
Sin embargo, la discusión era interesante. Una cosa es utilizar instrumentos financieros para desarrollar el mercado de capitales y obtener financiamiento genuino —como en el caso de UTE— y otra muy distinta es transformar la naturaleza de la empresa, vender acciones (aunque sea a pequeños inversores) y modificar su forma de gobierno.
Las empresas públicas en Uruguay son muy distintas entre sí. Antel, por ejemplo, compite en un mercado dinámico y global. Eso exige agilidad, inversiones constantes y herramientas modernas de gestión. El sector de las telecomunicaciones es vertiginoso: hoy cualquier usuario puede contratar servicios en el exterior, y la competencia no es solo local, sino regional y global.
Por tanto, defender a Antel no es congelarla en el tiempo, sino adaptarla. Eso implica discutir su eficiencia, su estructura de costos y su modelo de ingresos (ARPU, por su sigla en inglés: Average Revenue Per User o Ingreso Promedio por Usuario), en un contexto donde la innovación tecnológica —incluida la inteligencia artificial— exige respuestas rápidas.
Distinto es el caso de UTE, que ya ha recurrido al mercado de capitales mediante la emisión de obligaciones negociables sin que nadie hablara de privatización. La clave está en el uso de esos recursos y en la transparencia de su administración. En ese sentido, los procesos de due diligence —que obligan a demostrar solvencia, transparencia y viabilidad— son positivos, porque generan controles adicionales y evitan desvíos en la gestión.
El caso de ANCAP es aún más crítico. No se puede utilizar el financiamiento para cubrir déficits estructurales. Esto vuelve a poner sobre la mesa problemas de gestión, subsidios cruzados y decisiones políticas que afectan su balance. La pregunta es clara: ¿se busca financiar el futuro o tapar errores del pasado?
En particular, el área de Portland es insostenible. No es rentable y acumula pérdidas año tras año. Desde la capitalización de ANCAP en 2015 —por unos 800 millones de dólares— hasta hoy, el Portland ha perdido entre 15 y 25 millones de dólares anuales. No resiste más análisis que su cierre.
Nadie plantea abandonar a los trabajadores. Es perfectamente posible reconvertirlos, reasignarlos o sostener sus ingresos durante una transición. Aun así, el país gana.
Porque cada año que el Portland pierde 20 millones de dólares, Uruguay deja de construir hospitales, escuelas, liceos, rutas o saneamiento. No es un número: es infraestructura que no existe.
ANCAP ya le costó al país cientos de millones de dólares desde 2015. Si bien logró ordenarse en su negocio principal, mantiene un lastre estructural que se repite año tras año. Solo en la última década, el Portland acumuló pérdidas por más de 150 millones de dólares sin lograr revertir su inviabilidad.
Cuando el PIT-CNT habla de defensa de la industria nacional y la soberanía, omite este dato central: no es aceptable que todos los uruguayos sigamos financiando ineficiencias mientras se pierden millones que podrían invertirse en desarrollo.
A esto se suma un contexto internacional adverso, con tensiones energéticas y volatilidad en el precio del petróleo, que encuentra a Uruguay mal posicionado por insistir en sostener actividades que no son estratégicas ni competitivas.
Muchas veces se dice que las crisis traen oportunidades. Quizás esta sea la oportunidad de cerrar definitivamente una pérdida estructural y avanzar hacia una política energética integrada, donde UTE y ANCAP dejen de operar como compartimentos estancos. Pensar en un holding energético no es una herejía: es una necesidad.
El planteo de Sánchez abrió una discusión interesante, pero también dejó en evidencia una contradicción ideológica que Uruguay arrastra desde hace décadas. Frente a la realidad actual, es imprescindible dar esa discusión sin slogans ni ataduras que no justifican la dilapidación de bienes.
No es privatizar lo que incomoda. Es dejar de esconder ineficiencias detrás de la ideología.
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