Correo de los Viernes - Entre Jean Ziegler y Marcial Maciel

Entre Jean Ziegler y Marcial Maciel

Viernes 31 de julio de 2026. Lectura: 11'

Por Eduardo Irigoyen

Con una defensa de la tradición laica uruguaya, el autor reflexiona sobre la próxima visita del papa León XIV y cuestiona el uso de ámbitos institucionales del Estado para actividades de carácter religioso. A partir de un análisis histórico, político y cultural, sostiene que la convivencia democrática exige preservar la neutralidad estatal frente a todas las creencias y reivindica la laicidad como una de las principales conquistas republicanas.

Dentro de unos meses, Uruguay recibirá la visita del Papa León XIV. Será un acontecimiento importante y merece ser recibido con el respeto que corresponde al jefe de Estado del Vaticano y al líder espiritual de millones de personas.

Conviene hacer una aclaración: una cosa es recibir al Papa como jefe de Estado y otra muy distinta es convertir el Palacio Legislativo —el templo secular de nuestra democracia republicana y laica— en escenario para la exposición del líder de un dogma religioso. La laicidad no es una descortesía hacia las religiones; es la garantía de que todas puedan existir sin privilegios y de que ninguna ocupe el lugar de las instituciones que pertenecen a todos.

León XIV ha demostrado un tono más dialogante que muchos de sus predecesores. Leí con atención su discurso ante las Cortes españolas: fue inteligente, conciliador y cuidadosamente construido para no incomodar a nadie. Sin embargo, los buenos modales no resuelven las diferencias de fondo.

La Iglesia católica continúa defendiendo posiciones que la sociedad uruguaya debatió y resolvió democráticamente hace décadas: el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la autonomía de las personas frente a sus propias decisiones éticas y la separación entre la moral religiosa y el derecho civil.
A ello se suman posturas que chocan con buena parte del conocimiento científico y de los cambios culturales de nuestro tiempo: el rechazo a los métodos anticonceptivos y al preservativo, incluso como herramienta de salud pública; la condena de las relaciones sexuales fuera del matrimonio; la oposición a buena parte de las técnicas de reproducción asistida y a los vientres de alquiler; la negativa a reconocer plenamente los derechos de las minorías sexuales y de las familias homoparentales.

A eso hay que agregar la exclusión de las mujeres del sacerdocio y de los principales ámbitos de decisión dentro de la Iglesia; la obligación del celibato para los sacerdotes; la prohibición de la ordenación sacerdotal de mujeres; el rechazo a determinadas investigaciones biomédicas con embriones humanos y las restricciones a diversos tratamientos de fertilidad; así como la persistencia en condenar las relaciones sexuales cuyo único fin sea el placer y no la procreación.

La Ley no se crea desde el catecismo

Pero el debate no termina allí. La institución sigue sosteniendo la existencia de milagros como hechos reales, atribuye eficacia espiritual a la oración de petición y mantiene procesos de canonización basados en presuntas intervenciones sobrenaturales. Continúa practicando exorcismos, reconoce oficialmente la acción del demonio y la posibilidad de posesiones diabólicas, promueve la veneración de reliquias y de determinados objetos considerados sagrados, acepta las apariciones marianas cuando son reconocidas por la autoridad eclesiástica y sostiene la intercesión de los santos como una realidad efectiva. Todo ello forma parte de un universo de creencias sobrenaturales que escapa a cualquier posibilidad de verificación científica.

Durante siglos resistió descubrimientos científicos que terminaron siendo aceptados como verdaderos —desde el heliocentrismo hasta aspectos de la teoría de la evolución— y, en no pocas ocasiones, sus rectificaciones llegaron tarde y sin asumir plenamente la responsabilidad por los errores cometidos. A ello puede agregarse la oposición histórica a distintas corrientes de pensamiento filosófico y científico, la inclusión durante siglos de libros en el Índice de Libros Prohibidos, la censura de autores considerados heréticos y la tendencia a presentar determinadas afirmaciones de fe como verdades objetivas sobre el mundo natural y la condición humana.

Nada de esto borra el enorme aporte que miles de católicos, religiosos y laicos han realizado y siguen realizando a través de hospitales, hogares, comedores y obras sociales. Sería injusto desconocerlo. Pero tampoco esas obras pueden servir para relativizar o minimizar los errores doctrinales, las resistencias al conocimiento científico ni las responsabilidades institucionales frente a conductas aberrantes que, durante demasiado tiempo, fueron encubiertas.

Una institución puede hacer un enorme bien social y, al mismo tiempo, ser objeto de críticas profundas por algunas de sus ideas y por decisiones adoptadas por sus máximas autoridades.

Naturalmente, toda institución religiosa tiene derecho a sostener sus creencias y a proponer una determinada ética para quienes libremente la comparten. El problema aparece cuando esas convicciones pretenden convertirse en normas para toda la sociedad o condicionar políticas públicas que deben fundarse en los derechos humanos, la evidencia científica, el pluralismo y la libertad de conciencia.

Ese ha sido, precisamente, uno de los grandes consensos construidos por el Uruguay laico desde comienzos del siglo XX.

La Iglesia tiene pleno derecho a sostener sus convicciones. La Constitución uruguaya garantiza esa libertad. Lo que rechazo es la pretensión de convertir esos dogmas en normas para toda la sociedad. En una democracia laica, las leyes deben fundarse en la razón pública, la evidencia científica, los derechos humanos y la voluntad soberana de los ciudadanos, no en una verdad revelada.

Ese es, precisamente, uno de los grandes aportes del Uruguay moderno: las leyes no se escriben a partir de un catecismo, sino del debate ciudadano, la evidencia disponible y el respeto por la libertad de conciencia de creyentes y no creyentes.

El idealista y el estafador

Hace unos días murió Jean Ziegler, político socialista, sociólogo, humanista y relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Su despedida tuvo lugar en la catedral de San Pedro de Ginebra, donde resonó, quizá por primera vez, “La Internacional”. Fue un gesto extraordinario. No porque desaparecieran las diferencias entre cristianos y socialistas suizos, sino porque ambos reconocieron algo superior: la dignidad humana.

Ese episodio mostró a una Iglesia capaz de tender puentes.

Pero existe la otra cara.

Durante años, Juan Pablo II —hoy canonizado— defendió públicamente a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Lo presentó como un ejemplo para la juventud mientras ignoraba o minimizaba denuncias que luego resultarían dramáticamente ciertas. Maciel condenaba el aborto, el ateísmo, el progresismo, el relativismo moral y la modernidad con un rigor implacable. Sin embargo, el propio Vaticano terminó reconociendo que había abusado de menores, llevado una doble vida, tenido hijos y construido durante décadas una compleja red de engaños.

El contraste entre ambos hombres resulta inevitable. Jean Ziegler dedicó su vida a denunciar el hambre y a defender el derecho de los más pobres a alimentarse. Marcial Maciel utilizó el prestigio de la religión para alimentar su bolsillo, su patrimonio y sus propios intereses. Uno convirtió la solidaridad en una causa universal; el otro transformó la autoridad moral en un instrumento de manipulación.
No fue un episodio menor. Fue uno de los mayores fracasos éticos de la Iglesia contemporánea.

Y deja una pregunta incómoda: ¿cómo puede una institución reclamar autoridad moral absoluta sobre la vida íntima de millones de personas cuando durante tanto tiempo fue incapaz de reconocer —o quiso no reconocer— los abusos cometidos por algunos de sus propios dirigentes?

Ganar espacios e imágenes

No escribo estas líneas desde el anticlericalismo ni desde el resentimiento. Conozco creyentes admirables y curas solidarios que han dedicado su vida al prójimo, al diálogo y a la defensa de los derechos humanos.

Precisamente por respeto hacia ellos, creo que la Iglesia todavía tiene pendiente un paso decisivo: abandonar la pretensión de hablar desde certezas absolutas y aceptar que también puede aprender de la democracia, de la ciencia, de la razón y del pluralismo.

Uruguay fue pionero en ese camino. No derrotó a la religión. Comprendió, simplemente, que el Estado pertenece por igual a creyentes y no creyentes.

No tengo ninguna objeción a que el Estado uruguayo reciba al papa León XIV con todos los honores que corresponden a un jefe de Estado.

Lo que me parece incompatible con nuestra tradición republicana es convertir el Palacio Legislativo en la tribuna del máximo líder de la Iglesia católica.

No hay ingenuidad en ese gesto.

Hoy las imágenes tienen un enorme valor simbólico. Una foto del Papa dirigiéndose a la Asamblea General desde el principal ámbito institucional de la República, inevitablemente será leída como algo más que un acto protocolar, pues proyectará la imagen de la máxima autoridad del catolicismo ocupando el espacio más representativo de la democracia laica uruguaya.

La disputa por el espacio público también se libra mediante símbolos. Ocurre cuando se procura instalar imágenes religiosas en plazas, parques o edificios estatales, cuando se busca mayor presencia en la enseñanza, en las políticas públicas o en los ámbitos de asesoramiento del Estado. Personalmente, no quiero privilegios para ninguna religión. Ni para la Virgen María, ni para Iemanjá, ni para ningún otro símbolo de fe.
En ciencia política existe un concepto muy útil para entender estos procesos: el soft power.

El poder no siempre se ejerce mediante leyes, dinero o coerción. También se ejerce moldeando valores, construyendo prestigio, ocupando espacios simbólicos e influyendo sobre el sentido común. Las religiones lo saben desde hace siglos. Su objetivo natural no es permanecer en el ámbito privado, sino evangelizar, crecer, ganar legitimidad social e influir sobre la cultura y las normas de convivencia. No hay nada extraño en ello: forma parte de su propia misión.

Por eso buscan presencia en la educación, administran colegios y universidades, desarrollan una intensa acción social, participan en los medios, generan opinión sobre temas éticos y, cuando pueden, procuran obtener determinados reconocimientos o beneficios, como mayores exoneraciones tributarias, convenios especiales o un lugar preferencial en las ceremonias populares. Todo eso forma parte de una estrategia legítima de expansión institucional. El problema aparece cuando el Estado deja de mantener la misma distancia frente a todas las creencias.

El engaño de la “laicidad positiva”

En Uruguay, además, se ha instalado desde hace algunos años una expresión que me parece profundamente equívoca: la llamada "laicidad positiva". El término suena amable, conciliador, pero en la práctica suele utilizarse para justificar una mayor presencia institucional de las religiones en espacios públicos que tradicionalmente pertenecían a todos por igual. No es casual que esa idea haya sido impulsada desde ámbitos confesionales y que varios dirigentes políticos —lamentablemente también algunos colorados— la hayan incorporado casi sin discutir sus implicancias.

Nuestra tradición republicana no habla de "laicidad positiva" ni de "laicidad negativa". Habla, simplemente, de laicidad. Un Estado que no combate las religiones, pero tampoco las sostiene ni las promueve; que garantiza plenamente la libertad religiosa y, al mismo tiempo, la libertad de no profesar ninguna; que no privilegia a una confesión sobre las demás ni convierte los edificios públicos en escenarios de afirmación religiosa.

Cada vez que alguien advierte sobre estos pequeños desplazamientos, suele ser descalificado como "jacobino", "anticlerical", "fanático" o "enemigo de la religión". Es una caricatura. La inmensa mayoría de quienes defendemos la laicidad no tenemos ningún problema con las religiones. Todo lo contrario: precisamente porque respetamos la libertad de conciencia de todos, creemos que ninguna fe debe ocupar un lugar privilegiado dentro del Estado.

La laicidad uruguaya no nació para combatir a las religiones. Nació para proteger la libertad de creyentes y no creyentes por igual. Esa sigue siendo, más de un siglo después, una de las mejores conquistas de nuestra República.

Falta de espiritualidad

El Estado debe ser la casa común de todos, precisamente porque no pertenece a ninguna creencia en particular.

Tampoco comparto esa explicación tan repetida de que los problemas del Uruguay obedecen a una supuesta "falta de espiritualidad". Es una frase cómoda que parece profunda, pero explica muy poco. La pobreza infantil, la violencia, el suicidio, las adicciones, el narcotráfico, la desigualdad, el deterioro educativo o la soledad no se resuelven con consignas espirituales, sino con mejores políticas públicas, educación, salud mental, oportunidades, justicia social y una ciudadanía comprometida. La espiritualidad puede ser una fuente de consuelo y de sentido para muchas personas, y merece todo mi respeto. Pero no reemplaza la evidencia, las instituciones ni la responsabilidad política.

Le deseo al papa León XIV una excelente visita. Ojalá encuentre un país respetuoso, hospitalario y abierto al diálogo. Pero también espero que descubra una de las mejores contribuciones que Uruguay hizo al pensamiento político moderno: entender que la fe pertenece a la conciencia de cada persona, mientras que la República pertenece a todos.
Esa no fue una derrota de la religión. Fue una victoria de la libertad.

Y quizá siga siendo una lección vigente, también para la propia Iglesia católica.