Edición Nº 1082 - Viernes 15 de mayo de 2026

Entre Cervantes y Orwell: la lógica de cancelar para gobernar

Edición Nº 1070 - Viernes 27 de febrero de 2026. Lectura: 3'

Por Juan Carlos Nogueira

Entre la épica discursiva y la demolición sistemática de lo anterior, se consolida una forma de gobernar que privilegia el relato sobre la continuidad estratégica. Cuando cancelar sustituye a mejorar, el país paga el costo de empezar siempre de nuevo.

Todo gobierno enfrenta dos tentaciones difíciles de resistir. La primera es el “quijotismo técnico”: avanzar contra la evidencia empírica armado apenas con convicciones, intuiciones o consignas. La segunda es el “orwellianismo narrativo”: cancelar lo realizado por el gobierno anterior para que lo nuevo no solo parezca mejor, sino moralmente superior.

Cuando ambas pulsiones se combinan, no hay innovación, apenas demolición y relato.

Los episodios de la cancelación del proyecto Arazatí y la rescisión del contrato con Cardama permiten observar este mecanismo con claridad.

El proyecto Arazatí, concebido como una solución alternativa de captación y potabilización de agua para el área metropolitana, nació en un contexto de crisis hídrica de 2023, que expuso la fragilidad del sistema dependiente del Santa Lucía. La solución planeada era tomar agua del inagotable Río de la Plata, con lo que se lograría independencia de la cuenca del Santa Lucía.

Sin embargo, se cancela y se opta por un proyecto que insiste en explotar la misma cuenca que ya demostró su vulnerabilidad en períodos de sequía.

Aquí aparece el “quijotismo técnico”. Si los datos no coinciden con la decisión política ya tomada, se cuestionan los datos, aunque implique volver a fojas cero.

Y luego opera el “orwellianismo narrativo”. Para cancelar, primero hay que desacreditar el origen. Todo lo realizado o proyectado por el gobierno anterior ya no es una decisión debatible. Es un error moral.

El efecto práctico es doble. Se interrumpe una política pública dejando planteadas dudas sobre la administración anterior, y se la sustituye por otra cuyo fundamento técnico todavía no ha sido claramente explicado y que insiste en usar una cuenca vulnerable.

El caso de la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la construcción de patrulleros oceánicos (OPV) ofrece una lógica similar.

La necesidad estratégica de contar con capacidades de control de la pesca ilegal, de vigilancia de la Zona Económica Exclusiva y la interdicción del narcotráfico es ampliamente aceptada. Cuando se rescinde el contrato, el argumento formal puede apoyarse en cláusulas, incumplimientos o revisiones administrativas. Pero el discurso político va más allá, transforma el acuerdo en símbolo de opacidad o improvisación anterior.

Aquí el “quijotismo técnico” consiste en asumir que cancelar y reiniciar no tendrá costos significativos en tiempo, precio o credibilidad internacional. Se actúa como si el mercado funcionara al margen de reputaciones y antecedentes contractuales.

El “orwellianismo narrativo”, por su parte, convierte una decisión administrativa compleja en un escenario moral. Se busca exponer moralmente a la administración anterior, aunque el resultado práctico sea postergar capacidades críticas para el país, poner en tela de juicio la reputación del país como cumplidor de contratos y abrir la puerta a litigios internacionales de resultado incierto.

La lógica subyacente en ambos casos es la misma:
  1. Redefinir el problema. Lo que era una solución posible pasa a ser presentado como un nuevo problema.
  2. Deslegitimar por el origen. Se cuestiona no solo la eficacia, sino la legitimidad moral o política de la decisión por provenir de la administración anterior.
  3. Reiniciar los procesos desde cero sin considerar factibilidad ni costos.
  4. Minimizar o desdibujar lo realizado por la administración anterior. El nuevo rumbo necesita que el anterior sea narrado como fracaso inevitable. Si este patrón se consolida, estaremos ante una forma de gobernar marcada por la ideología y objetivos electorales, en vez de por continuidad estratégica.

La cuestión no es si Arazatí o Cardama eran proyectos perfectos, sino si Uruguay puede darse el lujo de no tener políticas de Estado que garanticen un rumbo estratégico estable.



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