Enmiendas parlamentarias desatan una crisis institucional en Brasil
Viernes 13 de setiembre de 2024. Lectura: 5'
 La suspensión de la plataforma X en Brasil relega el problema del presupuesto nacional, que depende del Congreso y se gestiona en procesos opacos. A propósito, compartimos y recomendamos leer una interesantísima columna de opinión escrita por el investigador Marcos Bastos y publicada en el portal Dialogo Político.
El conflicto interno entre Elon Musk y el juez Alexandre de Morae puso a Brasil en los titulares internacionales. El expresidente Jair Bolsonaro apoya al dueño de X mientras que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, defiende la Suprema Corte.
Pero, además de las redes sociales, el gran campo de batalla es el territorio del Parlamento.
El Congreso brasileño tiene la peculiaridad de ostentar un poder descomunal sobre el presupuesto federal. Los congresos generalmente discuten y votan presupuestos. En Brasil, en cambio, el Congreso controla las partidas presupuestarias directamente por un mecanismo llamado enmienda parlamentaria, que se encuentra en la Constitución. Mediante esta enmienda, los legisladores se convierten, en los hechos, en un mini Poder Ejecutivo. Se trata de un tema árido, pero clave para la comprensión de los mecanismos de poder en Brasil.
La discusión sobre la gestión presupuestal tiene a la coalición oficialista enfrentada a los líderes del Congreso (conservadores) y la oposición bolsonarista.
El poder del Congreso brasileño
Las enmiendas parlamentarias presupuestales representan alrededor del 25% del presupuesto discrecional que reciben los gobiernos federales en Brasil. A modo de comparación, en Estados Unidos los congresistas también disponen del 1% del presupuesto discrecional.
Además, en la última década, el Congreso amplió bastante su parte en el presupuesto. En 2021, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ideó una novedosa forma de acaparar partidas presupuestarias para él y para sus aliados. Lo logró mediante una enmienda que no pasaría por órganos de control, como los tribunales de auditoria, por ejemplo. Según esta, los parlamentarios podrían disponer libremente de esos fondos públicos. El diario Estado de São Paulo, lo bautizó como “presupuesto secreto” por la opacidad de la operación.
El entonces presidente Jair Bolsonaro, aliado de Lira, estuvo de acuerdo con ello a cambio de que el Congreso ignorara sus embestidas contra las instituciones de la República, a través del relato de fraude electoral, y su mala praxis durante la pandemia, que llamaba gripezinha.
Las élites y las enmiendas
Parlamentarios de todos los partidos se han beneficiado de este mecanismo. Es decir, las élites políticas se comportan de forma extractiva. Utilizan el presupuesto federal, que se financia con los ingresos fiscales de la sociedad, para sus propios proyectos políticos.
Las enmiendas parlamentarias también otorgan gran ventaja a los congresistas incumbentes y a sus aliados en las elecciones subnacionales, aumentando la barrera de entrada para la competencia.
Es común que parlamentarios destinen fondos a municipalidades gobernadas por familiares suyos, lo que además puede utilizarse para prácticas corruptas.
En 2022, la revista Piauí reportó que un pueblo del interior del estado de Maranhão, uno de los sitios más pobres de Brasil, en la región amazónica, recibió fondos parlamentarios para tratamientos dentales para la población. En Brasilia, la municipalidad declaró a la prestación de cuentas al Ministerio de Salud un número de consultas odontológicas más grande que la cantidad de habitantes. Los medios de comunicación especulan sobre cuándo saldrá a la luz un importante caso de corrupción provocado por este mecanismo.
Disminuir el poder parlamentario
En agosto, la Corte Suprema intentó disminuir el poder del Congreso sobre el presupuesto. El juez Flávio Dino congeló la transferencia de las enmiendas y convocó a los líderes del Congreso a una reunión a puerta cerrada, es decir, sin control de la sociedad civil. Se llegó al acuerdo de que el Congreso daría mayor transparencia al uso del dinero de las enmiendas.
El juez Dino fue ministro de Justicia de Lula hasta finales de 2023. A Lula le interesa reducir el poder del Congreso sobre el presupuesto, especialmente en un contexto en el que el Gobierno quiere recortar gastos para alcanzar la meta fiscal de estabilizar la deuda pública.
Lula y la Corte Suprema fueron blanco constante de los ataques de Bolsonaro y sus seguidores, que llamaron al golpe de Estado y desacreditaron el sistema de votación brasileño. El 8 de enero de 2023 destrozaron las oficinas del Ejecutivo y del la Suprema Corte, pidiendo un golpe militar para poner a Bolsonaro en el poder.
Crisis institucional y polarización
Por todo ello, Brasil está en una crisis institucional. Los ciudadanos de a pie no ven que la política resuelva sus problemas: seguridad, sanidad, educación. Esto es el caldo de cultivo perfecto para otro antisistema en las elecciones generales del 2026.
La polarización política impide cualquier acuerdo entre gobierno y oposición sobre la cuestión, lo que deja a todos con un resultado negativo.
Potenciales candidatos de la oposición a la Presidencia de la República en 2026, como el terrateniente gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, y el exministro de Bolsonaro y gobernador del estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, ya criticaron las enmiendas parlamentarias. Saben que podría limitar su gobierno en el futuro. Sin embargo, no pueden ser vistos por sus seguidores de derecha negociando con el líder de la izquierda, el presidente Lula, ya que esto podría disgustar a sus votantes antiizquierdistas.
La polarización distrae a la opinión pública de un problema real: el presupuesto federal brasileño tiene cada vez menos margen para inversiones que mejorarían la vida de la población, y los líderes del Congreso actúan para acaparar recursos de la sociedad con el fin de perpetuarse en el poder. Este statu quo facilita las prácticas corruptas y puede alimentar los molinos de candidatos antisistema que muestran desprecio por las instituciones de la democracia.
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