Edición Nº 1107 - Viernes 20 de noviembre de 2026

En defensa de la laicidad y la Constitución de la República

Edición Nº 1107 - Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 5'

Por Gonzalo Durañona

La visita de León XIV reabrió el debate sobre la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. El autor cuestiona la utilización de recursos públicos para actividades pastorales y reivindica la libertad de conciencia, la soberanía popular y el legado laico del batllismo.

La reciente visita del papa León XIV a nuestro país constituye una buena oportunidad para reflexionar acerca de uno de los pilares fundamentales sobre los que se edificó el Uruguay moderno: la laicidad. Nuestra República dedicó décadas de esfuerzos a separar el poder político del religioso, a emancipar las conciencias y a construir una sociedad en la que nadie estuviera obligado a vivir conforme a las creencias de otros. No fue una conquista contra la religión, sino a favor de la libertad.

El artículo 5 de nuestra Constitución establece con meridiana claridad la libertad de todos los cultos religiosos y dispone que el Estado no sostiene religión alguna. No se trata de una disposición ornamental ni de una reminiscencia de antiguas disputas filosóficas. Es una norma constitucional de plena vigencia, cuya observancia debe garantizarse con independencia de las simpatías religiosas de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno.

Una cosa es recibir con las debidas consideraciones diplomáticas al jefe de un Estado extranjero y garantizar su seguridad, y otra muy distinta es disponer de recursos públicos para facilitar el desarrollo de su misión pastoral. La utilización de aeronaves de la Fuerza Aérea para trasladar al pontífice a Paysandú, donde celebró una ceremonia religiosa, constituye, a nuestro juicio, una vulneración del principio de laicidad. Cabe preguntarse si el Estado ofrecería idénticas facilidades a los representantes de otras confesiones religiosas. La neutralidad del Estado no admite privilegios.

Conviene recordar, además, que apenas el 33% de los uruguayos adultos se identifica como católico y solamente el 9% se declara practicante, según una encuesta de Cifra. Otro estudio, realizado por Usina de Percepción Ciudadana, indica que al 63% de los consultados la visita pontificia le merecía poca o ninguna importancia. Naturalmente, la laicidad no depende de mayorías estadísticas, pero estos datos permiten comprender hasta qué punto la sociedad uruguaya ha avanzado en su secularización.

Especial preocupación merece la intromisión de la jerarquía eclesiástica en asuntos que nuestra democracia ha discutido y resuelto soberanamente. Durante su visita, el pontífice cuestionó, desde su concepción religiosa, la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a una muerte digna, al tiempo que reivindicó una concepción tradicional del matrimonio que continúa excluyendo a las parejas del mismo sexo. Estas materias han sido objeto de extensos debates parlamentarios, sociales, científicos y filosóficos, de los que surgieron leyes legítimamente aprobadas por nuestros representantes. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso fracasó ampliamente el intento de convocar un referéndum para derogarla.

Han transcurrido 165 años desde que la Iglesia católica negara sepultura a los restos mortales de Enrique Jacobson, anatemizado por sus convicciones filosóficas. Y, pese a la evolución de sus formas de comunicación y a la adopción de un discurso más amable y conciliador, poco parece haber cambiado en el fondo de aquella concepción excluyente y dogmática.

Es la misma institución que combatió enérgicamente el divorcio y cuya condena moral a las uniones libres debieron padecer el propio José Batlle y Ordóñez y Matilde Pacheco, con quien convivió antes de contraer matrimonio civil en 1894. Ambos fueron víctimas de reiterados desplantes sociales en una época en que desde los púlpitos se censuraba la libertad de vivir y amar al margen de los preceptos religiosos. Aquellos prejuicios, felizmente superados por nuestra sociedad, encuentran hoy su continuidad en la condena moral de las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. Si ayer se censuraba a quienes se amaban fuera del matrimonio, hoy se cuestiona el derecho de otros a contraerlo en razón de su orientación sexual. Cambian las formas y los destinatarios de la condena, pero persiste la pretensión de someter la legislación civil a los preceptos de una determinada fe religiosa.

Nadie pretende negar a la Iglesia católica el derecho a expresar sus convicciones. Lo que no podemos admitir es que se pretenda conferir a esas convicciones una autoridad superior a la voluntad democráticamente expresada por los orientales. No obligamos a ningún católico a divorciarse, a interrumpir un embarazo, a contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo ni a solicitar la eutanasia. Reclamamos, con igual legitimidad, que ninguna autoridad religiosa pretenda extender sus prohibiciones a quienes no compartimos su fe. En esa distinción reside una de las expresiones más nobles de la libertad de conciencia.

José Batlle y Ordóñez y las generaciones de reformadores que lo acompañaron comprendieron que el progreso de una sociedad requería liberar la legislación civil de toda tutela religiosa. Defendieron la educación pública y laica, promovieron el conocimiento científico, ampliaron los derechos de la mujer y pusieron la dignidad humana en el centro de la acción política. Mientras unos predicaban la resignación ante el sufrimiento, nuestros reformadores se empeñaron en combatirlo mediante la educación, la ciencia, la justicia social y la construcción de derechos.

El batllismo no es únicamente una divisa electoral: es una concepción de la libertad, del progreso y de la dignidad humana. Reivindicar su legado supone defender la laicidad con la misma convicción con que lo hicieron nuestros antecesores, sin hostilidad hacia los creyentes, pero también sin concesiones ante las pretensiones de poder de las instituciones religiosas.

Que todas las religiones puedan predicar libremente sus doctrinas. Que cada ciudadano pueda profesar sus creencias, practicar sus liturgias y orientar su vida conforme a sus convicciones. Pero que las leyes de la República continúen siendo patrimonio exclusivo de su pueblo soberano y que los fondos públicos, aportados por la totalidad de la ciudadanía, no sean indebidamente destinados al sostenimiento de actividades religiosas, en contravención de la Constitución y de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

La libertad de conciencia no se negocia, la soberanía popular no requiere bendiciones y los derechos civiles no necesitan autorización eclesiástica.

Ante ningún poder espiritual o temporal, la República Oriental del Uruguay debe volver a ponerse de rodillas.



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