Correo de los Viernes - En defensa de la ONU: el humanismo frente a la ley del más fuerte

En defensa de la ONU: el humanismo frente a la ley del más fuerte

Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 6'

Por Eduardo Irigoyen

Lejos de ser un gobierno mundial o una conspiración globalista, la Organización de las Naciones Unidas constituye el principal ámbito de cooperación y negociación entre los Estados. Con sus limitaciones y defectos, sigue siendo el mejor dique frente a la lógica de la fuerza y una expresión concreta del humanismo que inspiró, entre otros, a José Batlle y Ordóñez.

La Organización de las Naciones Unidas nunca fue perfecta. Nadie sensato podría sostenerlo. Pero tampoco fue creada para ser perfecta. Fue fundada en 1945 sobre las ruinas de Auschwitz, Hiroshima, Dresde y Stalingrado, cuando la humanidad comprendió que la política internacional no podía seguir rigiéndose únicamente por la fuerza militar, el nacionalismo extremo o la voluntad de las grandes potencias.

La ONU nació para introducir una idea revolucionaria en las relaciones internacionales: que incluso los Estados más poderosos debían aceptar límites jurídicos y morales. Que las diferencias entre países debían resolverse mediante la diplomacia antes que mediante los bombardeos. Que los derechos humanos no podían depender exclusivamente de la voluntad de cada gobierno.

La ONU no es un gobierno mundial, como repiten algunos discursos conspiranoicos. No cobra impuestos, no dicta leyes universales, no elige presidentes, no controla ejércitos nacionales ni puede obligar a un país soberano a obedecer sus resoluciones, salvo en casos muy específicos previstos por la Carta. De hecho, una de las críticas más frecuentes es exactamente la contraria: que la ONU tiene demasiado poco poder para impedir guerras, genocidios o violaciones masivas de los derechos humanos.

Es, simplemente, el mayor espacio de negociación política que ha construido la humanidad.

Mientras muchos hablan de ella únicamente para atacarla, miles de funcionarios, médicos, ingenieros, vacunadores, cascos azules y cooperantes trabajan todos los días en silencio. Sus agencias vacunan a millones de niños, alimentan a poblaciones enteras en medio de guerras, asisten a refugiados, coordinan la respuesta frente a epidemias, impulsan campañas contra la trata de personas, protegen el patrimonio cultural, promueven la alfabetización, apoyan investigaciones científicas, fijan estándares internacionales para la aviación civil, las telecomunicaciones, la navegación marítima, el correo mundial, la meteorología, la protección del ambiente y la cooperación internacional frente a desastres naturales.

Cuando un terremoto destruye un país, cuando aparece una nueva pandemia, cuando una guerra desplaza a millones de personas o cuando un niño recibe alimentos en un campamento de refugiados, casi siempre hay alguna agencia de Naciones Unidas trabajando detrás de escena.

Sin ellas, el mundo sería bastante más cruel.

Naturalmente, tiene enormes defectos.

El derecho de veto del Consejo de Seguridad muchas veces paraliza decisiones indispensables. Dictaduras crueles y regímenes infames integran organismos donde jamás deberían estar. La burocracia puede resultar desesperante y algunas agencias necesitan reformas profundas.

Pero una institución imperfecta no deja de ser necesaria.

Nadie propone eliminar la democracia porque existan malos parlamentos.

Nadie propone cerrar los hospitales porque algunos funcionen mal.

¿Por qué habría que destruir la única institución verdaderamente universal que posee la comunidad internacional?

Batlle ya había entendido el problema

Mucho antes de que existiera la ONU, Don Pepe había comprendido que el gran desafío de la civilización consistía en reemplazar la ley de la fuerza por la fuerza del Derecho.

En la Conferencia de Paz de La Haya de 1907 propuso una alianza permanente entre las naciones destinada a garantizar el arbitraje obligatorio y la solución pacífica de los conflictos.

Su frase sigue siendo extraordinariamente actual: “Ya que tantas alianzas se han hecho para imponer la arbitrariedad, podría hacerse una para imponer la justicia.”

Ese pensamiento antecede en décadas a la Sociedad de Naciones y, posteriormente, a la propia ONU.
No era ingenuidad.

Era humanismo republicano.

Batlle entendía algo que hoy muchos parecen haber olvidado: las instituciones internacionales no existen porque los seres humanos sean buenos; existen precisamente porque no lo son.

Lamentablemente, esa tradición humanista vuelve a estar bajo ataque.

Una parte de la nueva derecha identitaria, ultranacionalista y conspiranoica ha construido un relato según el cual la ONU sería la responsable de casi todos los males contemporáneos: la inmigración, el feminismo, el cambio climático, la educación sexual, las vacunas, la Agenda 2030, el llamado “globalismo” e incluso un supuesto plan para instaurar un gobierno mundial.

Ese discurso funciona muy bien en redes sociales porque ofrece explicaciones simples para problemas extraordinariamente complejos. Pero la realidad es bastante menos cinematográfica.

La Agenda 2030, por ejemplo, no es un plan secreto para dominar el planeta. Es una declaración política aprobada voluntariamente por los Estados miembros, con objetivos tan revolucionarios como reducir la pobreza extrema, mejorar la educación, disminuir la mortalidad infantil, proteger el ambiente, promover la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar agua potable y saneamiento. Puede discutirse cómo alcanzar esos objetivos, cuáles son sus prioridades o qué políticas son más eficaces. Lo que resulta difícil de sostener seriamente es que combatir el hambre o ampliar el acceso a la educación formen parte de una conspiración mundial.

Donald Trump retiró a Estados Unidos de diversos acuerdos internacionales, debilitó organismos multilaterales y convirtió el nacionalismo extremo en uno de los ejes centrales de su política exterior. Javier Milei comparte buena parte de esa visión y suele presentar cualquier forma de cooperación internacional como una amenaza comunista para la libertad o la soberanía nacional.

Toda institución puede y debe ser criticada. El problema aparece cuando la crítica deriva en un rechazo casi religioso a cualquier mecanismo internacional de cooperación y termina reemplazando el Derecho por la simple lógica del poder.

Porque cuando desaparecen las reglas comunes, las decisiones dejan de depender del Derecho y pasan a depender del tamaño del ejército, del poder económico o de la capacidad tecnológica de cada país.

Y eso nunca favorece a los pequeños.

El batllismo eligió otro camino

El batllismo nunca creyó en el aislacionismo.

Tampoco en los imperios.

Creyó en el derecho internacional, en la cooperación entre pueblos, en la solución pacífica de las controversias y en la convicción de que incluso los países pequeños tienen derecho a ser escuchados.

Eso no significa aceptar acríticamente todo lo que hace la ONU.

Significa comprender que reformar una institución es muy distinto de destruirla.

Porque cuando desaparecen las reglas comunes, no aparece la libertad.

Aparece la ley del más fuerte.

Y los primeros en perder siempre son los países chicos, las minorías, los refugiados, las víctimas de las guerras y quienes carecen de poder para hacerse escuchar.

Como recordó el secretario general Dag Hammarskjöld: “Las Naciones Unidas no fueron creadas para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno.”

Uruguay, por su historia y por la tradición batllista que ayudó a construir nuestra identidad republicana, debería estar siempre del lado de quienes perfeccionan las instituciones internacionales, no de quienes sueñan con un mundo gobernado únicamente por la prepotencia, el poder económico, militar o tecnológico.

Porque el humanismo nunca consistió en creer que el ser humano es perfecto.

Consistió en construir instituciones capaces de contener sus peores impulsos.

Y esa sigue siendo, ochenta años después, la mejor razón para defender a las Naciones Unidas.