A continuación, compartimos la habitual columna del ex Presidente Sanguinetti en La Nación de Buenos Aires. Esta vez, sobre las elecciones en nuestro país.

Uruguay ha iniciado su largo pero concentrado ciclo electoral: fin de junio, elecciones internas obligatorias de todos los partidos; fin de octubre, primera vuelta presidencial y elección parlamentaria; fin de noviembre, balotaje; y fin de mayo, elecciones departamentales.

La disputa es entre dos coaliciones. La Republicana, hoy en el gobierno, que reúne a los dos partidos tradicionales y a tres partidos jóvenes. El Frente Amplio, coalición que reúne todas las variedades de la izquierda, hasta un comunismo marxista-leninista, y adolece de un peso muy fuerte de la estructura sindical (PIT-CNT), acrecido ahora ante la desaparición de líderes históricos, como el doctor Vázquez o el contador Astori, que representaron tendencias moderadas.

La Coalición Republicana tiene hoy su mayor crédito en la gestión del gobierno que encabeza el doctor Luis Lacalle Pou. Es una coalición nueva, pero que hizo posible interrumpir un ciclo de tres elecciones de mayoría frentista. Ha sido un gran gobierno. Administró con éxito la crisis de la pandemia, la sequía y la presión inflacionaria de la guerra europea. Luego de la fuerte caída de la economía en 2020, ha recuperado el empleo, superando los guarismos anteriores a la pandemia, y también el salario real. La inflación ha caído a niveles mínimos (hoy un 3,8% anualizado) y el dólar es un problema a la inversa del común, porque cuesta impedir que siga bajando. Más allá de administrar la coyuntura, se han abordado procesos de fondo fundamentales como una importante transformación educativa y una reforma de la seguridad social, que asegura su sostenibilidad, amenazada a mediano plazo por las tendencias demográficas del país: bajísima natalidad y creciente expectativa de vida.

Esta reforma se ha transformado hoy en un eje fundamental del debate, porque el PIT-CNT ha promovido, mediante firmas que alcanzan el mínimo requerido, una reforma de rango constitucional que eliminaría las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional), confiscaría sus fondos en favor del Estado e impediría cualquier aumento de edades jubilatorias más allá de los 60 años. De este modo, el 10% del PBI hoy afectado al sistema llegaría progresivamente al 15% y hundiría al Estado en gigantescas acciones judiciales. Los economistas más reputados del propio Frente Amplio, así como algunos de sus dirigentes, no acompañan esta iniciativa, pero el peso sindical es muy fuerte y hoy les ha impuesto esta discusión muy incómoda para sus candidatos. Más: no se atreven a definirse, ni a favor ni en contra, lo que los muestra débiles ante la presión corporativa en un tema crucial para el país.

No obstante esta situación, el Frente Amplio preserva su estructura tradicional y sigue representando un imaginario de indefinido socialismo que invoca las tradicionales solidaristas de nuestra República. Por eso hoy muestran una ligera ventaja en las encuestas. No creemos que se consolide, pero desafía a la Coalición Republicana.

El Frente Amplio ha dejado de ser el riesgo marxista de otrora y luego de quince años de gobierno sin alteraciones estructurales a la institucionalidad, hoy es un capítulo de la estabilidad del país. La cuestión es que, como decimos, la desaparición de sus liderazgos tradicionales y el peso sindical lo llevan a proponer la paralización de las reformas modernizadoras, incluso con riesgos tan evidentes como el de la seguridad social. Por ejemplo, ¿qué propone en educación? Nada, seguir a organizaciones gremiales resistentes a todo cambio.

Su programa es un catálogo voluntarista de buenas intenciones sin una línea sobre los modos de financiar proclamas de avance social que pueden, a la inversa, comprometerlo. Llevar adelante su propuesta en el sistema jubilatorio impediría, por ejemplo, seguir avanzando en un sistema de cuidados que crece como necesidad.

Tampoco su visión internacional encaja con nuestro mundo contemporáneo. Ha reaparecido un antiyanquismo que se había ido desvaneciendo, un palestinismo cargado de prejuicios y una actitud complaciente ante las dictaduras latinoamericanas como la de Venezuela.

Los mercados mundiales están difíciles, la globalización ha retrocedido, el Mercosur está estancado, el acuerdo con la Unión Europea se ha desvanecido. Más que nunca, Uruguay debe continuar el esfuerzo de apertura que con suerte variada ha intentado el gobierno actual. Resignarse a un Mercosur mediocre no es el camino.

Es verdad que el tema seguridad, como en todo el mundo, luce como un persistente malestar. El Frente Amplio tuvo una gestión desastrosa, que hizo que las rapiñas crecieran de 9000 por año a 30.000. Han bajado ahora a 22.000, que es una mejoría relevante, pero aún se mantiene un importante guarismo. En términos generales no han bajado los homicidios, con un ingrediente de narcotráfico que comenzó también en el gobierno anterior, pero que allí está pese a también incuestionables avances.

En este panorama hoy nadie puede cantar victoria. Ni los que integramos la Coalición República, ni los desafiantes frentistas. Todo indica que la definición será cabeza a cabeza, como fue la anterior y en el referéndum de la Ley de Urgente Consideración, que ganó el gobierno también ajustadamente.

En medio de una revolución tecnológica, detener los cambios en educación, comprometer la estabilidad del sistema de seguridad social y caer en arcaicas visiones corporativas sería una apuesta hacia el pasado. Y no la imprescindible búsqueda de una mayor competitividad, una integración social que hoy más que nunca se define en las aulas y una creciente apertura hacia el desafiante y convulso mundo que nos toca hoy afrontar. Por lo que, pese a todo, mantenemos una optimista perspectiva de que la Coalición Republicana revalide su mandato.

No creemos estar confundiendo deseos con realidades.