Correo de los Viernes - El zorro y la llave del gallinero

El zorro y la llave del gallinero

Viernes 20 de junio de 2025. Lectura: 5'

El Senador Andrés Ojeda afirmó que, como muchos en la Coalición, tiene una posición filosófica favorable a la creación del Ministerio de Justicia; no obstante, a la luz de diversos hechos de coyuntura, no es claro que estén dadas las garantías para crear un organismo tan delicado. A buen entendedor, pocos ejemplos bastan: el frentismo ha montado una persecución de la actual Fiscal de Corte, por el caso Carrera; legisladores y Ministros presionan al fiscal Rodríguez por la causa que involucra a dirigentes del PCU, particularmente a Andrade; el fiscal Perciballe deja entre ver en el Parlamento que el Dr. Díaz, quien ocuparía el cargo de ese eventual ministerio, lo degradó -cuando era Fiscal de Corte- para entorpecer causas de crimen organizado que eran objeto de su estudio. “Si uno va a poner un gallinero, lo primero que quiere es no darle la llave al zorro”, dijo Ojeda con razón.

Las recientes declaraciones del fiscal Ricardo Perciballe en el Parlamento encendieron una luz de alarma sobre la figura de Jorge Díaz. No es una sospecha menor: Perciballe afirmó que fue trasladado de su cargo en Crimen Organizado apenas semanas después de que Díaz asumiera como fiscal de Corte, en un momento clave en el que varias investigaciones sensibles comenzaban a avanzar. Habló de perjuicio, de persecución, de maniobras que entorpecieron causas penales relevantes. No lo dijo en tono sensacionalista. Lo dijo con pesar. Y lo dijo, además, con datos objetivos.

“Yo tendría que tener evidencias, y yo evidencias no tengo; yo tengo presunciones”, reconoció el fiscal. Pero esas presunciones se sustentan en hechos concretos: fue apartado sin haberlo solicitado, cuando acumulaba información relevante; el traslado fue la primera decisión de Díaz como fiscal de Corte; y más tarde fue degradado a una fiscalía de Aduanas, lo que implicó un retroceso profesional que debió litigar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En el Parlamento, Perciballe fue claro: no podía afirmar categóricamente que fue una maniobra deliberada para desactivar investigaciones, pero dijo que las sospechas eran lógicas. “Cualquier persona con sentido común” puede atar los cabos, afirmó uno de los legisladores. El fiscal coincidió, aunque reconoció que su posición institucional le impedía afirmarlo.

¿Y cuál fue la respuesta del Frente Amplio? El silencio. O peor aún: el blindaje. Cuando el Senado convocó a Perciballe para indagar más sobre estas acusaciones, la bancada frenteamplista reaccionó con indignación. Rechazaron su convocatoria al Parlamento, que finalmente se dio en diputados. Se negaron a escucharlo. Y desataron una operación de hostigamiento político contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferraro, a la que sí citaron para explicar, justamente, el traslado y la designación de nuevos fiscales en casos que involucran a dirigentes del Frente Amplio, como el exsenador Charles Carrera.

Esto, por sí solo, debería encender todas las alertas sobre la viabilidad política del Ministerio de Justicia en manos del oficialismo. Porque si algo deja claro este episodio, es que al Frente Amplio no le interesa esclarecer la verdad. Le interesa evitar que se sepa. Si Perciballe se equivoca, si sus presunciones no tienen sustento, ¿por qué no dejarlo hablar? Si el trámite fue regular, si el traslado fue parte de una reestructura, ¿por qué cerrarle la puerta al testimonio? ¿por qué silenciarlo?

Este no es un caso aislado. Es parte de un patrón. Lo vemos en la forma en que la bancada del Frente presiona a fiscales, como Gilberto Rodríguez, que investiga a dirigentes del PCU por corrupción. Lo vemos en la estrategia de desacreditar todo proceso judicial que incomode a su dirigencia. Lo vemos en el intento de politizar la Fiscalía, de convertirla en un apéndice de su aparato.

En ese contexto, como bien dijo Ojeda, no se puede crear un Ministerio de Justicia y ponerlo en manos de quienes han demostrado, una y otra vez, que están dispuestos a intervenir en la Justicia para proteger a los suyos. No es una cuestión teórica. Es una cuestión práctica. No se puede entregar el control institucional de la política judicial a quienes creen que la ley es un instrumento del partido.

Porque el tema no es Jorge Díaz sí o Jorge Díaz no. El tema es lo que representa. Es la posibilidad de que el sistema judicial quede subordinado a lógicas partidarias. Es la sospecha de que, desde ese Ministerio, se puedan direccionar nombramientos, influencias, decisiones que comprometan la autonomía de los fiscales y lo jueces.

Y si hay algo que la democracia no puede permitirse, es perder ese contrapeso. Cuando un fiscal dice que fue desplazado para proteger intereses espurios, la democracia tiembla. Cuando el oficialismo lo silencia, el temblor se vuelve terremoto. No se trata de operar con prejuicios. Se trata de operar con prudencia. Y nada exige más prudencia que la construcción de un nuevo ministerio cuya función esencial será garantizar la justicia.

Si el frentismo se niega a escuchar al fiscal Perciballe, alguien tiene que hacerlo. Si el oficialismo insiste en blindar a Díaz, alguien tiene que recordar que ese blindaje es una confesión. Se puede estar a favor de crear un Ministerio de Justicia. Se puede entender la necesidad de fortalecer las políticas de acceso a derechos, de modernizar el sistema. Pero también se puede, y se debe, advertir los riesgos. Y el riesgo mayor es que, por un exceso de confianza o una carencia de vigilancia, se termine entregando la llave del gallinero al zorro.