Correo de los Viernes - El viejo odio que volvió a ser respetable

El viejo odio que volvió a ser respetable

Viernes 25 de setiembre de 2026. Lectura: 9'

Por Santiago Torres

La preocupación expresada por el presidente Yamandú Orsi ante el crecimiento del antisemitismo en Uruguay es pertinente. Pero enfrentarlo exige reconocer que buena parte de la judeofobia socialmente legitimada ya no procede de los márgenes de la derecha, sino de sectores políticos, universitarios y culturales de izquierda que la presentan como una causa moral.

Al recibir en Montevideo a una delegación del Congreso Judío Latinoamericano, el presidente Yamandú Orsi expresó su preocupación por el crecimiento del antisemitismo en Uruguay y la región. Recordó que el país ha construido una convivencia pacífica entre personas diferentes y aseguró a los representantes de las comunidades judías que podían contar con él para combatir la violencia y la discriminación. Fue una declaración necesaria, especialmente porque distinguió con claridad entre las decisiones del gobierno israelí y los judíos uruguayos, que no tienen por qué responder por ellas.

Pero combatir el antisemitismo requiere, antes que nada, identificar dónde se encuentra hoy su principal foco de irradiación. Durante buena parte del siglo XX, el prejuicio antijudío estuvo asociado con el nacionalismo racial, el fascismo y ciertos sectores de la derecha. Esas expresiones no desaparecieron. Sin embargo, en el presente, buena parte de la judeofobia que circula con aprobación social procede del ecosistema izquierdista: organizaciones políticas, sindicatos, movimientos estudiantiles, universidades, festivales culturales y ambientes artísticos que han encontrado en el antisionismo una coartada para recuperar prejuicios que hasta hace pocos años resultaban inconfesables.

No es sólo una impresión. Una investigación realizada por Opción Consultores y divulgada por Radio Carve concluyó que, mientras décadas atrás las opiniones negativas sobre los judíos eran más frecuentes entre los electores de derecha, actualmente lo son entre quienes se identifican con la izquierda. El 21% de estos últimos manifestó una opinión desfavorable sobre los judíos, frente al 8% de quienes se ubican a la derecha. Además, el 30% de los votantes del Frente Amplio eligió a los judíos como la minoría que le generaba menor simpatía. La propia investigación aclara —correctamente— que criticar a Israel no equivale a ser antisemita. Pero también comprueba una correlación significativa entre la hostilidad hacia Israel y la animadversión hacia los judíos.

No toda la izquierda es antisemita, del mismo modo que no toda crítica a Israel encubre odio a los judíos. Las políticas de Benjamin Netanyahu, la conducción de la guerra en Gaza, la expansión de los asentamientos y el sufrimiento de la población palestina pueden y deben ser discutidos sin restricciones. El problema comienza cuando la responsabilidad deja de atribuirse a un gobierno y pasa a extenderse a un pueblo; cuando se exige a cada judío que demuestre su inocencia mediante una condena ritual; cuando el israelí deja de ser una persona para convertirse en representante obligatorio de su Estado, y cuando también se castiga a cualquiera que se niegue a participar en ese mecanismo de señalamiento.

Eso es precisamente lo que le ocurrió a la escritora argentina Ariana Harwicz.

Harwicz había sido invitada meses atrás al Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur Alh, organizado en Granada. Sus libros habían sido trabajados por clubes de lectura y estaba prevista una conversación sobre su obra. A pocos días del comienzo, su nombre fue retirado del programa. La codirectora del festival reconoció que la oposición de Harwicz al boicot cultural contra Israel había provocado el rechazo de grupos estudiantiles y que una carta de la Red Universitaria para Palestina de Granada precipitó la decisión.

Harwicz no estaba convocada para defender al gobierno israelí ni para hablar sobre Gaza. Tampoco había pedido que se impidiera protestar contra su presencia. Se limitaba a rechazar que escritores, músicos o cineastas fueran castigados por su nacionalidad, del mismo modo que antes se había opuesto a excluir artistas rusos por la invasión de Ucrania. Sin embargo, fue sometida a un examen político que no se aplicó a los demás invitados. La dirección del festival admiraba sus novelas, pero consideró que sus ideas la volvían inadmisible. La Universidad de Granada terminó desmarcándose públicamente de la medida y recordó que una universidad pública debe permanecer abierta al pensamiento crítico y a las posiciones controvertidas.

Harwicz lo resumió sin aceptar los eufemismos: “Me echaron por judía”. Puede discutirse su interpretación, pero resulta difícil negar el mecanismo discriminatorio: fue invitada por su literatura y expulsada por no adherir a la posición política que se esperaba de una autora judía. No alcanzaba con que sus libros carecieran de propaganda. Debía presentar, además, un certificado ideológico.

El episodio de Granada no es una anomalía. En 2025, el Festival de Flandes, en Gante, canceló el concierto de la Filarmónica de Múnich porque sería dirigido por el israelí Lahav Shani. La propia organización reconoció que Shani se había pronunciado en favor de la paz y la reconciliación, pero alegó que no había ofrecido suficiente claridad sobre su posición frente al que denominó “régimen genocida de Tel Aviv”. No se juzgó al director por algo que hubiera dicho, sino por lo que no había dicho con la contundencia exigida. Su nacionalidad lo obligaba a rendir un examen político que ningún director chino, iraní, sirio o sudanés debe aprobar antes de empuñar una batuta.

En Francia, el cineasta israelí Nadav Lapid terminó retirándose del Festival Internacional de Cine de Marsella después de que una decena de realizadores amenazara con retirar sus películas si él integraba el jurado. Lapid vive fuera de Israel, es uno de los críticos más severos de Netanyahu y ha denunciado abiertamente la destrucción de Gaza. Nada de eso fue suficiente. Cerca de 400 figuras del cine calificaron el veto como un “fracaso intelectual”: al final, Lapid no fue juzgado por sus ideas, sino reducido a su pasaporte.

En Bristol, el local Strange Brew canceló, a menos de 48 horas de su realización, un concierto de Oi Va Voi, banda británica de música klezmer que actuaría con la cantante israelí Zohara. Meses después, el propio establecimiento pidió disculpas y admitió que el grupo había sido sometido a ese escrutinio por ser una banda judía acompañada por una artista israelí. Reconoció también que los músicos carecían de afiliación política y que su exclusión se había basado en conjeturas promovidas por grupos activistas.

La sanción tampoco se limita a judíos e israelíes. Dos conciertos que el guitarrista británico Jonny Greenwood iba a ofrecer junto con el músico israelí Dudu Tassa fueron cancelados en el Reino Unido después de que las salas recibieran amenazas consideradas creíbles. El proyecto reunía a intérpretes judíos y árabes de Siria, Líbano, Kuwait e Irak para ejecutar canciones de amor en árabe. Precisamente aquello que debería haber sido celebrado como un encuentro cultural fue denunciado como una operación de “lavado artístico”. Greenwood, que no es judío, resultó culpable por asociación: colaborar con un israelí y negarse a proscribir su música bastaron para colocarlo del lado incorrecto.

En España, siete ajedrecistas israelíes abandonaron el Abierto de Sestao después de que los organizadores los invitaran expresamente a no participar o a hacerlo sin la bandera de su país. La Federación Internacional de Ajedrez no había dispuesto sanción alguna contra Israel. Los jugadores no eran ministros, militares ni portavoces gubernamentales. Eran ajedrecistas. Pero también ellos debían pagar por las decisiones de un gobierno.

En la Universidad de California en Los Ángeles, manifestantes instalaron controles de acceso y excluyeron de determinadas zonas del campus a estudiantes judíos que no aceptaban sus condiciones políticas. Un juez federal tuvo que ordenar a la universidad que garantizara su libre acceso a edificios, clases y servicios. En su fallo escribió que, en 2024, estudiantes judíos habían sido apartados de sectores de una universidad estadounidense porque se negaban a repudiar su fe.

El patrón se repite. Al judío se le exige condenar. Al israelí se le exige renegar. Al no judío se le exige no colaborar. El silencio se interpreta como complicidad; el diálogo, como blanqueamiento; la discrepancia, como violencia. El individuo desaparece y queda sustituido por una identidad colectiva a la que se atribuye una culpa hereditaria. Esa lógica tiene un nombre antiguo.

Su doble vara resulta todavía más evidente cuando se observa el resto del mundo. Sudán continúa padeciendo la mayor crisis de desplazamiento del planeta, con casi 13 millones de personas expulsadas de sus hogares al finalizar 2025. En Darfur se han sucedido matanzas étnicas, violaciones y hambrunas. La población uigur continúa sometida en China a detenciones arbitrarias, restricciones culturales y trabajo forzado. En el Congo, Myanmar, Nigeria y el Sahel, millones de personas sufren conflictos, persecuciones y limpiezas étnicas que rara vez alteran la programación de un festival europeo.

A ningún novelista chino se le exige condenar a Xi Jinping antes de hablar de literatura. Ningún músico iraní debe explicar la represión de las mujeres de su país para subir a un escenario. Ningún artista sudanés es interrogado sobre los crímenes de los generales que disputan el poder. Pero cada judío o israelí debe pronunciarse sobre Netanyahu, Gaza, los asentamientos, el sionismo y la historia completa de Medio Oriente antes de que se le permita escribir, tocar, filmar, estudiar o jugar al ajedrez.

No es sólo hipocresía. Es también un racismo rampante, aunque se exprese en el dialecto del antirracismo. Las víctimas africanas o asiáticas parecen carecer del valor simbólico necesario para movilizar universidades, sindicatos y festivales occidentales. No sirven para librar una batalla doméstica contra Estados Unidos, Occidente, el capitalismo o el supuesto colonialismo. Los palestinos, en cambio, son convertidos en personajes de una narración ideológica y los judíos en sus villanos hereditarios. Unos y otros dejan de ser seres humanos concretos para transformarse en instrumentos.

Nada de esto disminuye el dolor palestino ni impide condenar los excesos o crímenes cometidos por Israel. Lo que impide es utilizar ese dolor como licencia para discriminar. La solidaridad con los palestinos es una causa legítima; la exclusión de judíos, israelíes y disidentes no lo es.

El antisemitismo posterior a la Segunda Guerra Mundial nunca desapareció. Permaneció agazapado porque la memoria del Holocausto lo había vuelto socialmente vergonzoso. El actual zeitgeist lo sacó nuevamente de las sombras, pero le cambió el vocabulario. Ya no habla necesariamente de raza, sangre o conspiraciones: habla de decolonialidad, interseccionalidad, privilegio y resistencia. Ya no siempre lleva una esvástica; a veces exhibe credenciales universitarias y se presenta como conciencia humanitaria.

La preocupación expresada por Orsi será verdaderamente fecunda si sirve para mirar también hacia su propio espacio político y cultural. Combatir el antisemitismo no consiste sólo en condenar una pintada nazi o una agresión física. Exige rechazar la distinción entre el judío aceptable —el que reniega de Israel y repite el catecismo exigido— y el judío sospechoso, al que se expulsa por pensar de otro modo.

El odio es el mismo. Lo novedoso es que ha vuelto a sentirse virtuoso.