El verdadero desafío de gobernar: saber qué priorizar... y qué no hacer.
Edición Nº 1107 - Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 4'
Por Reinaldo Alonso
Gobernar exige establecer prioridades y reconocer que los recursos públicos son limitados. El autor sostiene que la educación y la seguridad deben ocupar un lugar central, y advierte sobre los riesgos de convertir los subsidios y las transferencias de ingresos en instrumentos permanentes de dependencia estatal.
Gobernar implica administrar recursos escasos para atender necesidades prácticamente ilimitadas. Una realidad que convierte a la definición de prioridades en una de las responsabilidades más trascendentes de cualquier gobernante, ya que la cuestión no es únicamente qué hacer, sino también qué dejar de hacer.
Sin embargo, las prioridades de un país no deben determinarse exclusivamente por las urgencias del momento, ni por el calendario electoral. Una conducción política responsable exige distinguir entre aquello que demanda una respuesta inmediata y aquello que resulta imprescindible para el desarrollo de largo plazo.
En tal sentido, si hubiera que sintetizar los grandes objetivos que toda sociedad debería perseguir, podrían resumirse en tres.
– El primero es garantizar su propia continuidad, es decir, crear las condiciones que permitan a la comunidad preservarse y proyectarse hacia el futuro.
– El segundo consiste en mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de sus ciudadanos, favoreciendo mayores niveles de prosperidad, bienestar y oportunidades.
– El tercero (y quizás más importante) es desarrollar el máximo potencial de las personas, de forma que cada individuo pueda convertirse en la mejor versión de sí mismo y, al hacerlo, contribuir también al progreso colectivo.
Estos tres objetivos constituyen una guía útil para orientar la asignación de recursos públicos. Cuanto mayor sea el grado de intersección entre ellos, mayor debería ser la prioridad otorgada a una política pública.
Bajo este criterio, pocas áreas resultan tan estratégicas como la educación y la seguridad.
¿Por qué la educación? Porque no solo transmite conocimientos, sino que forma ciudadanos capaces de ejercer su libertad con responsabilidad, desarrollar pensamiento crítico, adaptarse a un mundo en permanente transformación y asumir las consecuencias de sus decisiones.
Una sociedad integrada por personas autónomas y preparadas incrementa su capacidad de innovar, generar riqueza y sostener su desarrollo a lo largo del tiempo. Pero esa formación, aunque resulte una obviedad decirlo, solo puede desplegar plenamente sus efectos cuando existe un entorno seguro.
La seguridad (tanto física como jurídica) constituye el marco indispensable para que las personas puedan trabajar, emprender, invertir, formar una familia y planificar su futuro. Sin estabilidad, resulta extremadamente difícil construir proyectos de vida duraderos o generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico y social.
Educación y seguridad representan, así, dos inversiones que fortalecen simultáneamente los tres grandes objetivos de toda comunidad: preservan el proyecto colectivo, elevan la calidad de vida y potencian el desarrollo humano.
Naturalmente, existen otras políticas públicas capaces de contribuir parcialmente a alguno de estos fines. Sin embargo, cuando los recursos son limitados (como ocurre casi siempre), las prioridades deberían concentrarse en aquellas áreas que generan beneficios simultáneos sobre los tres objetivos. Un criterio que, adicionalmente, también permite evaluar críticamente determinadas decisiones políticas. Veamos por qué.
Las transferencias directas de ingresos, o los subsidios, por ejemplo, pueden mejorar de manera inmediata la situación material de determinados sectores de la población. En ciertos contextos, incluso pueden resultar necesarios como mecanismos transitorios para enfrentar emergencias o situaciones excepcionales.
No obstante, cuando dejan de constituir una herramienta puntual para transformarse en una estrategia permanente de gobierno, sus efectos pueden resultar contraproducentes.
En primer lugar, porque tienden a sustituir la generación de capacidades por la distribución de recursos. En segundo término, porque incrementan la dependencia de amplios sectores respecto del Estado y expanden los mecanismos de intervención política sobre la vida de los ciudadanos. Finalmente, trasladan al gobernante la facultad de decidir quién recibe beneficios y quién financia esos beneficios, aumentando el riesgo de que criterios coyunturales, sectoriales o corporativos, sustituyan al interés general.
Nunca puede perderse de vista que una sociedad alcanza su mayor fortaleza cuando las personas progresan principalmente gracias a las oportunidades que encuentran y a las capacidades que desarrollan, no por la permanencia de mecanismos de tutela estatal.
Esto no significa desconocer la importancia de la solidaridad ni del apoyo a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, sino comprender que la misión principal del Estado no debería consistir en administrar dependencias, sino en crear las condiciones para que cada vez menos ciudadanos necesiten depender de él.
En definitiva, estos tres grandes objetivos (preservar la sociedad, mejorar las condiciones de vida y desarrollar plenamente el potencial humano) ofrecen un marco útil para analizar cualquier política pública.
Porque gobernar, por más que para muchos resulte contraintuitivo, no consiste simplemente en distribuir recursos. Gobernar es decidir qué futuro se pretende construir. Y esa decisión siempre comienza por establecer correctamente las prioridades.
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