El trabajo no depende de las leyes sino de la economía
Viernes 13 de marzo de 2026. Lectura: 6'
Por Elena Grauert
Mientras el debate público se concentra en leyes laborales o reducción de jornadas, el verdadero motor del empleo sigue siendo la economía real. En un mundo marcado por la tecnología y la competencia internacional, las reglas del trabajo están cambiando más rápido que la política.
En el período que va desde 2025 a la fecha, la tendencia y la noticia fueron la pérdida de fuentes de trabajo, el cierre de empresas, reestructuras de multinacionales y cambios en la estructura productiva que generaron una percepción creciente de fragilidad en el mercado laboral.
Esto quedó demostrado con un aumento significativo del cierre de 7.500 empresas que dejaron de operar en el segundo trimestre de 2025 (según informe del INE sobre Demografía de Empresas), una cifra superior a la del mismo período del año anterior. Este fenómeno refleja varios factores: cambios en el consumo, presión de costos internos, transformación tecnológica y, en algunos sectores, pérdida de competitividad frente a otros mercados, en su mayoría pequeñas o microempresas.
Sin perjuicio de que, en algunas zonas fronterizas con Argentina, haya bajado el desempleo, sobre todo por mejoras vinculadas al atraso cambiario, este descenso no es consecuencia de un cambio estructural que lo haga sólido y que provenga de políticas de Estado propias.
El tipo de empresas que cierran y nacen con mayor frecuencia son pequeñas y microempresas, las cuales son las más vulnerables frente a cambios de la economía y mayor presión fiscal, rigideces que muchas veces devienen del mercado laboral, así como cambios tecnológicos que impactan en el precio final, además de la informalidad y el contrabando.
Sin perjuicio de ello, los casos que tuvieron un mayor impacto fueron los de Yazaki, que cerró sus plantas en Uruguay afectando a alrededor de mil trabajadores; UKG, empresa tecnológica que cerró su operación local con unos 300 empleos involucrados; Sabre, que realizó varias rondas de despidos como parte de una reestructura global; BASF, que inició una reorganización de su centro regional de servicios; Verizon, que redujo personal en su operación de servicios; y también Mercado Libre, en menor magnitud.
Como se ve, la mayoría de las empresas son de tecnología y logística, por lo que el factor tecnológico, la incidencia de la robotización y la incidencia en el desarrollo de la inteligencia artificial son de gran impacto, ya que muchos procesos en estas empresas se automatizan con una rapidez que es muy difícil de frenar, con el agravante de que, si se pretende imponer impuestos o prohibir el uso de los avances tecnológicos, posiblemente esas empresas se vayan a otros países.
Por tanto, el mundo del trabajo está determinado por el juego de la oferta y la demanda entre los países que buscan atraer inversiones (Argentina y Paraguay, por ejemplo), y esa es la regla, la cual no modificamos ni con leyes ni con decretos.
Lo que demuestra esto es que hay un cambio, desde hace varios años, en el tipo de empleo. Las industrias manufactureras, las de producción de exportación tradicional y los servicios administrativos registran en algunos casos un crecimiento inferior y en otros insumen menos empleo directo, en comparación con otros sectores: tecnología, servicios globales, fintech y software.
Por tanto, ese cambio necesariamente implica empleos de mayor nivel profesional, con exigencias de nivel internacional y recursos humanos más calificados. Por lo tanto, los costos son mayores y la incidencia de costos internos, competitividad y regulaciones importa cada vez más, lo que lleva a una mayor volatilidad. Incluso muchas de esas empresas tienen trabajadores que trabajan desde el exterior, por lo que es evidente que la relación tradicional de empleo es absolutamente diferente al planteo tradicional de patrón, trabajador y medio de producción; hay muchas cosas que son intangibles: servicios o inteligencia.
En ese contexto surgió la propuesta del ministro de Trabajo, Juan Castillo, de exigir preaviso obligatorio de despidos colectivos, con el objetivo de anticipar crisis laborales y buscar soluciones antes de que las empresas cierren o reduzcan personal.
El proyecto del ministro Castillo es muy pequeño frente a lo que debería ser su preocupación, que es generar empleos genuinos y estables. Si la estructura productiva está cambiando, lo que deben cambiar son las reglas y condiciones que hagan atractivas a las empresas para mantenerse en el país.
Dar un preaviso a las personas de que van a ser despedidas ni es eficiente ni es paliativo de nada. Las empresas que llegan a la instancia de despedir por cierre o porque tienen que disminuir la cantidad de trabajadores no van a cambiar su decisión: se van igual. Además, los empleados normalmente saben que esos cambios se vienen.
Pero además es muy difícil avisar: ¿cuál sería el tiempo recomendable para que se consiga otro trabajo? ¿Dos semanas, un mes? ¿Qué cambia? Aumentar el conflicto, generar un ambiente laboral incómodo.
Lo cierto es que, para limitar el daño o tratar de repararlo, está el seguro de paro y la indemnización por despido, que justamente son los paliativos que el sistema encontró para dar tiempo al trabajador, a efectos de buscar otro empleo y no quedar sin ingresos.
Entiendo que, si se pretendiera dar una mayor protección o amparo, se deberían sancionar otras medidas paliativas, como aumentar el tiempo de seguro de paro o incluso aumentar la indemnización a mayores de tantos años y menores de 65, con más de 10 años de antigüedad, a efecto de que puedan llegar a jubilarse, por ejemplo (tema que se debería discutir). Pero avisar estrictamente no cambia nada y, lamentablemente, lo que va a generar es un incentivo a que muchos trabajadores busquen accidentarse o enfermarse en el período de transición, para lograr más estabilidad o indemnización doble, y ello tampoco es bueno si se pretende buscar inversiones.
En este esquema, nuevamente la arremetida del PIT-CNT, buscando disminuir la jornada laboral a seis horas, no soluciona el tema fundamental, que es no perder empleos. Es una propuesta que debería hacerse en Consejos de Salarios, viendo la realidad de cada sector y estableciendo normas de jornadas semanales, no diarias, que admitieran un horario variable con un tope semanal.
Porque es evidente que hay especificidades dependiendo de las empresas, las cuales, para quedarse y competir —sobre todo las pequeñas y medianas—, necesitan normas que se adapten a su realidad económica y no al capricho regulatorio que lo único que hace es bajar la jornada laboral a cero, porque lo que no va a haber, si no se adaptan a los nuevos tiempos, es empleo formal.
El desafío no es únicamente evitar cierres de empresas —algo que ocurre en todas las economías—, sino lograr que las nuevas inversiones generen suficiente empleo y que el país adapte su capital humano a los sectores que crecen, con mayor educación, menos impuestos y mayor facilidad para adaptar las condiciones de trabajo al servicio o industria, con buenas y sanas negociaciones laborales.
En definitiva, el verdadero debate no es sólo cuántas empresas se van o qué límites se ponen al horario o al despido, sino qué tipo de empresas llegan y qué tipo de empleo están creando. Ese equilibrio será determinante para el mercado laboral uruguayo en los próximos años.
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