Correo de los Viernes - El tiempo también es un derecho

El tiempo también es un derecho

Viernes 30 de octubre de 2026. Lectura: 4'

Por Angelina Rios

Brasil aprobó una histórica reducción de la jornada laboral que vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre trabajo, productividad y calidad de vida. Más de un siglo después de la conquista de las ocho horas, nuestro país comienza a discutir una nueva transformación. El desafío es encontrar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores, la competitividad y los beneficios del progreso.

Hace más de un siglo, Uruguay protagonizó una de las transformaciones sociales más importantes de su historia. En 1915, durante la presidencia de Feliciano Viera y como culminación de una iniciativa impulsada por José Batlle y Ordóñez, se aprobó la ley de ocho horas, una conquista que colocó al país a la vanguardia de la legislación laboral. Detrás de aquella decisión existía una convicción que trascendía las relaciones de trabajo: el tiempo de las personas no podía estar enteramente subordinado a las exigencias de la producción.

Ciento once años después, aquella discusión vuelve a cobrar actualidad. La tecnología ha transformado los procesos productivos, modificado las formas de empleo y abierto nuevas posibilidades para organizar el trabajo. Sin embargo, los beneficios de esos avances no siempre se han traducido en más tiempo disponible para quienes trabajan.

Brasil acaba de dar un paso significativo. El Congreso aprobó y promulgó una reforma constitucional que establece la reducción progresiva de la jornada máxima semanal de 44 a 40 horas, sin disminución salarial, y garantiza dos días de descanso remunerado. La transición comenzará en diciembre, con una jornada máxima de 42 horas semanales, hasta alcanzar las 40 horas un año después. La decisión supone una transformación del tradicional régimen de seis días de trabajo por uno de descanso, conocido como escala 6x1.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la reforma con un argumento que trasciende las reivindicaciones sindicales. Las empresas necesitan producir y sostener su actividad, pero los trabajadores también tienen derecho al descanso, a la salud y a compartir tiempo con sus familias. La reducción horaria, sostuvo, no tiene por qué significar un perjuicio para la actividad económica.

La decisión brasileña adquiere especial relevancia porque fue el resultado de acuerdos políticos que permitieron avanzar en una transformación laboral de considerable alcance. Su implementación gradual reconoce, además, la necesidad de adaptar los procesos productivos y contemplar las diferentes realidades empresariales.

Para Uruguay, la experiencia del país vecino constituye una referencia cercana, no solamente por los vínculos económicos y comerciales, sino también porque demuestra que la organización del tiempo de trabajo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política regional.

En nuestro país, el debate tampoco es nuevo ni pertenece exclusivamente a una corriente política. El movimiento sindical ha impulsado la reducción horaria sin pérdida salarial, mientras distintos sectores empresariales han expresado reparos relacionados con los costos, la competitividad y las posibilidades de adaptación, especialmente de las pequeñas empresas.

Durante su precandidatura presidencial por el Partido Colorado, en 2024, el senador Tabaré Viera incorporó esta cuestión a sus propuestas programáticas. Bajo la consigna «Trabajar para vivir y no vivir para trabajar», planteó estudiar una reducción de la jornada laboral mediante acuerdos diferenciados por sectores, sin afectar los salarios ni la productividad.

Su iniciativa se apoyaba en la fórmula 100-80-100: mantener el 100% del salario, trabajar el 80% del tiempo y preservar el 100% de la productividad. La propuesta recuperaba la tradición reformista del batllismo y procuraba adaptar las relaciones laborales a las transformaciones económicas y tecnológicas, sin desconocer las particularidades de cada actividad.

Ahora, el Ministerio de Trabajo vuelve a colocar el asunto sobre la mesa. El ministro Juan Castillo manifestó la intención de promover acuerdos entre trabajadores, empresarios y especialistas para avanzar hacia una iniciativa legislativa. Por el momento, Uruguay se encuentra en una etapa de intercambio y búsqueda de consensos, sin un proyecto definitivo presentado al Parlamento.

El desafío consiste en encontrar respuestas que contemplen realidades productivas diferentes. No enfrenta las mismas condiciones una empresa tecnológica que un pequeño comercio, una industria o una actividad rural. Tampoco todos los sectores tienen iguales posibilidades de reorganizar horarios, incorporar tecnología o mantener sus niveles de producción con menos horas de trabajo.

El tiempo también tiene una dimensión social. Disponer de más horas para la familia, la educación, el descanso o las responsabilidades de cuidado puede mejorar significativamente la calidad de vida. Para muchas mujeres, que continúan asumiendo una parte desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado, esta discusión adquiere una importancia particular.

La historia demuestra que los grandes avances laborales estuvieron precedidos por resistencias, negociaciones y decisiones políticas. La jornada de ocho horas también fue considerada, en su momento, una transformación difícil de concretar. Hoy forma parte de una realidad que pocas personas estarían dispuestas a cuestionar.

Uruguay tiene la oportunidad de abordar este nuevo desafío sin apresuramientos, pero también sin inmovilismo. La experiencia brasileña, los antecedentes nacionales y las transformaciones del mundo del trabajo ofrecen elementos suficientes para abrir una discusión seria, basada en el diálogo social y la responsabilidad.

Porque el verdadero progreso no consiste solamente en producir más, sino también en que los avances económicos y tecnológicos se traduzcan en mejores condiciones de vida.

Y entre esas condiciones hay una que ninguna sociedad debería subestimar: el derecho a disponer de tiempo para vivir.