El techo de papel: entre el relato oficial y la ciudad real
Viernes 27 de febrero de 2026. Lectura: 4'
Por Alicia Quagliata
Mientras el discurso oficial exhibe cifras millonarias y promesas de transformación urbana, la ejecución real avanza con una lentitud alarmante. Entre fondos inmovilizados y licitaciones que no llegan, la política habitacional corre el riesgo de convertirse en una arquitectura de anuncios sin obra, dejando a miles de familias atrapadas entre el barro y la espera.
Recorrer un asentamiento que se transforma en barrio es la experiencia más reveladora para quienes entendemos la arquitectura como una herramienta de libertad. Hay una gratitud silenciosa cuando una familia cierra por primera vez la puerta de su casa propia; ese “clic” de la cerradura es el sonido de la ciudadanía recuperada. Sin embargo, en este inicio de 2026, la realidad nos devuelve una imagen inquietante: una distancia abismal entre la esperanza que despertaron las promesas y la ejecución que dicta el territorio.
Esta vocación de amparo hunde sus raíces en una visión humanista del Estado, concebido como el gran articulador de la justicia social. Un hito fundacional ineludible se sitúa en el segundo gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, con la creación del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) en 1999. Fue allí donde se diseñó la matriz de integración urbana que hoy intentamos rescatar. En 2005, el programa se transformó en el Programa de Mejoramiento de Barrios. Sin embargo, en ese tránsito se extravió el objetivo de la autonomía real: la propiedad definitiva.
La ideología contra la propiedad
Durante los quince años de administraciones previas a 2020, se consolidó un enfoque que incumplió sistemáticamente con la entrega de títulos, quizás por un sesgo ideológico sobre la tenencia que prefería al ciudadano tutelado antes que al propietario independiente. Esta decisión se traduce hoy en miles de familias que no tienen su escritura en todo el país. El Estado “mejoró” el barrio, pero se negó durante década y media a finalizar la tarea con el censo final que permitiría aplicar la Ley N° 16.237 del Dr. Hugo Batalla. El proyecto fundacional buscaba crear ciudadanos libres; el modelo anterior prefirió mantener ocupantes bajo tutela administrativa.
La inercia de las arcas llenas
Como señalé en mi entrega anterior, nos enfrentamos a una gestión donde el presupuesto acumulado no logra perforar la realidad del barro. El gobierno promociona una inversión del 1% del PBI, pero al auditar los USD 707 millones que integran el Fideicomiso (FISU), la realidad es que la inversión anual ejecutada apenas roza el 0,18%. Debemos ser tajantes: disponer de los fondos no equivale a construir ciudad. Estos recursos, integrados por sobretasas de impuestos y préstamos de organismos multilaterales como el BID y la CAF, corren el riesgo de convertirse en un ahorro forzoso e ineficiente. Al ritmo actual de nuevas licitaciones, es físicamente imposible que ese capital se traduzca en infraestructura antes de que termine este período de gobierno. Estamos ante una inacción que congela cientos de millones de dólares mientras la emergencia habitacional sigue su curso.
Para entender la magnitud de esta brecha, basta observar el desglose de las supuestas 17.370 soluciones:
• Obra civil estancada: Solo 2.500 relocalizaciones reales y unas 2.000 soluciones entre cooperativas y Mevir representan el avance físico genuino. Es el ladrillo que hoy se mueve con una lentitud exasperante.
• Mitigación sin patrimonio: Cerca de 9.000 “soluciones” se reducen a subsidios de alquiler o entrega de materiales. Son alivios necesarios para la urgencia, pero que no generan activos para la familia ni urbanidad para el país.
Más barrio: El freno de las licitaciones
Hoy el sistema sobrevive gracias a la inercia, ejecutando los 40 asentamientos en obra que fueron licitados y adjudicados en el período anterior. El nuevo esquema, bautizado como “Más Barrio”, se encuentra en un cuello de botella operativo. Aunque los convenios con los 19 departamentos están firmados, la ausencia de nuevas licitaciones de gran escala es alarmante. El riesgo es que 2029 nos encuentre con las cuentas bancarias rebosantes de préstamos sin utilizar y una periferia que sigue esperando el saneamiento que nunca llegó.
Reflexión final: prioridades de asfalto y olvido
Resulta paradójico que, mientras el Ministerio de Vivienda custodia fondos que no logra ejecutar, el Ministerio de Transporte acelere las gestiones para solicitar otro préstamo internacional para ejecutar su proyecto de un túnel bajo la avenida 18 de Julio. Es el contraste más crudo de nuestra gestión pública: agilidad financiera para las vitrinas centrales y burocracia paralizante para los márgenes de la sociedad. No podemos aceptar que la política habitacional se convierta en un techo de papel. La vivienda digna requiere seguridad jurídica y técnica firme. En esa grieta entre el anuncio del túnel y el capital inmovilizado en el banco, el compromiso batllista nos obliga a exigir menos retórica y más obras que cambien, de una vez por todas, la vida de los uruguayos.
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