El retorno de Jeanine Áñez y la nueva geometría del poder en Bolivia
Viernes 7 de noviembre de 2025. Lectura: 2'
La anulación de su condena y su liberación marcan un punto de inflexión en la política boliviana, donde justicia y poder vuelven a cruzarse en un tablero institucional en plena reconfiguración.
La expresidenta interina Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021 tras la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales. Se la acusó de asumir la Presidencia de forma irregular, dictar resoluciones contrarias a la Constitución y permitir que las fuerzas de seguridad actuaran con impunidad durante las protestas que dejaron decenas de muertos.
En junio de 2022 fue condenada a 10 años de prisión por "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes" y por incumplimiento de deberes, en el proceso conocido como "Golpe de Estado II".
El 5 de noviembre de 2025 el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) anuló esa sentencia e impuso que Áñez sea juzgada mediante un "juicio de responsabilidades", procedimiento especial para exmandatarios, ordenando su inmediata liberación.
Su liberación llega en un momento de cambio político en Bolivia: el reciente triunfo electoral del centroderechista Rodrigo Paz Pereira puso fin a casi veinte años de gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), lo que abre el escenario para nuevas alianzas y redefine la relación entre poder político, justicia y rendición de cuentas.
La repercusión de este hecho es múltiple: por un lado, refuerza entre sus sectores de apoyo la idea de que su arresto era persecución política; por otro, genera alarma entre víctimas de la represión de 2019, que reclamaban que se mantuviera la sentencia. Además, plantea un reto serio para la credibilidad del sistema judicial boliviano, al cuestionarse si la justicia fue utilizada con fines políticos o si realmente existieron garantías de proceso.
Para el nuevo gobierno, la liberación de Áñez puede convertirse tanto en una oportunidad como en un riesgo: una oportunidad para cerrar una página de polarización, y un riesgo si no logra implementar reformas que fortalezcan la institucionalidad democrática y eviten repetir dinámicas de crisis y judicialización política.
Este episodio vuelve a poner en el centro la tensión entre legitimidad democrática, Estado de Derecho y la necesidad de reconciliación nacional.
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