Correo de los Viernes - El puerto secuestrado

El puerto secuestrado

Edición Nº 1088 - Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 5'

Exigencias sindicales cada vez más difíciles de justificar, conflictos permanentes y un Ministerio de Trabajo paralizado están convirtiendo al principal puerto del país en un factor de incertidumbre. El costo económico y reputacional para Uruguay puede ser enorme si el gobierno no recupera cuanto antes la capacidad de conducir el conflicto.

La profundización del conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) ya dejó de ser un diferendo laboral para convertirse en un problema nacional. Lo que está en juego no es únicamente una negociación colectiva entre una empresa y su sindicato. Lo que se está deteriorando es la confiabilidad del principal puerto del país, la reputación internacional del Uruguay como plataforma logística y, en definitiva, una ventaja competitiva construida durante décadas que puede perderse en muy poco tiempo.

Cada nuevo paro, cada interrupción de actividades y cada conflicto que paraliza servicios esenciales transmite un mensaje inequívoco a las navieras, a los operadores logísticos y a los inversores: Uruguay ha dejado de ser un puerto previsible.

Y eso ocurre en un momento particularmente delicado. Argentina procura recuperar protagonismo portuario. Brasil continúa ampliando la capacidad de sus terminales. La competencia regional es feroz y nadie esperará indefinidamente a un país incapaz de garantizar la continuidad de sus operaciones.

La actual escalada entre TCP y el sindicato resulta especialmente preocupante porque los reclamos ya no parecen responder a una lógica razonable de negociación.

Según los comunicados difundidos por la empresa, el sindicato condicionó incluso el inicio de las conversaciones a que TCP aceptara previamente una de dos exigencias: pagar un bono adicional de $50.000 líquidos mensuales a todos los trabajadores mientras dure la negociación colectiva o garantizar 25 jornales mensuales para todo el personal, exista o no trabajo disponible. La empresa calificó esos planteos como “inviables”, “improcedentes” y contrarios a una negociación de buena fe.

La sola formulación de la primera exigencia resulta difícil de justificar.

Pretender que una empresa pague $50.000 adicionales por trabajador, todos los meses y sin límite temporal, simplemente para que el sindicato acceda a negociar el convenio colectivo constituye una pretensión absolutamente disparatada. La negociación colectiva existe precisamente para discutir salarios y condiciones laborales, no para establecer un peaje económico previo que habilite sentarse a conversar.

Tampoco resiste demasiado análisis el planteo referido a los llamados “jornales asegurados”.

La discusión pública muchas veces transmite la idea de que los trabajadores hoy carecen completamente de garantías de ingreso. Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del convenio que regía hasta su vencimiento. De acuerdo con la propia información difundida por TCP, dicho convenio ya establecía distintos niveles de jornales asegurados según la antigüedad y la situación de cada trabajador: pisos que iban desde 13 hasta 26 jornales mensuales, con una proporción importante de funcionarios que ya contaban con 20 o más jornales asegurados y remuneraciones promedio del orden de los $60.000 mensuales.

Es perfectamente legítimo discutir mejoras. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es presentar como inexistente un sistema de garantías que, con distintos alcances, ya forma parte de la realidad laboral de la empresa.

Mientras tanto, la escalada continúa incorporando episodios cada vez más difíciles de comprender.

Uno de los más insólitos fue el conflicto generado por el abastecimiento de agua potable a los buques. Llegar al extremo de paralizar o dificultar la provisión de un servicio básico para embarcaciones que se encuentran operando en el puerto constituye un nivel de confrontación que trasciende ampliamente cualquier reclamo salarial y afecta directamente la imagen internacional del sistema portuario uruguayo.

Mientras tanto, el resto de la economía observa con creciente preocupación.

Las principales cámaras empresariales han reclamado públicamente una intervención inmediata del Poder Ejecutivo, advirtiendo que la continuidad de estos conflictos compromete la competitividad del puerto, afecta las exportaciones, encarece la logística y deteriora la confianza internacional en Uruguay como centro regional de distribución.

No se trata únicamente de TCP.

En pocos meses el país ha debido enfrentar conflictos en la terminal especializada de contenedores, en el dragado, en el transporte de carga, en la pesca y en diversas actividades directamente vinculadas al funcionamiento del puerto.

Cada uno produce daños propios.

Todos juntos configuran una imagen devastadora.

Porque para un armador internacional poco importa cuál sindicato está de paro o cuál empresa mantiene un diferendo laboral. Lo único que observa es si Montevideo ofrece o no garantías de continuidad operacional.

Si la respuesta comienza a ser negativa, las cargas buscarán otros destinos.

Y una vez que esas rutas comerciales se consolidan en puertos argentinos o brasileños, recuperarlas suele demandar muchos años.

En este contexto, la actuación del gobierno resulta alarmantemente insuficiente.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social parece haberse resignado a administrar los conflictos en lugar de resolverlos. Las sucesivas convocatorias, las reuniones que terminan sin resultados y la incapacidad para imponer un marco efectivo de negociación revelan una preocupante ausencia de conducción.

Cuando un conflicto aislado se transforma en una sucesión permanente de crisis que comprometen uno de los principales activos económicos del país, ya no alcanza con oficiar de escribano entre las partes.

El gobierno debe gobernar.

Y si el ministro responsable ha demostrado reiteradamente que carece de la autoridad, la capacidad técnica y/o la independencia política necesarias para hacerlo, entonces ha llegado el momento de asumir la realidad.

La sustitución de un ministro incompetente e ideologizado probablemente constituya el primer paso para comenzar a recuperar el control de una situación que amenaza con provocar daños económicos cuya reparación será mucho más costosa que cualquier negociación colectiva hoy en discusión.

Uruguay todavía está a tiempo de preservar la credibilidad de su puerto. Pero ese tiempo se está agotando.

El gobierno tiene la palabra.