El expresidente paraguayo Santiago Peña pasó de la Presidencia de la República a una prisión militar, mientras una investigación que comenzó con el colapso de Ueno Bank se extiende a sus hermanos, una sociedad en Luxemburgo, autoridades del Banco Central y organismos que administraban cientos de millones de dólares públicos. El escándalo, lejos de agotarse, amenaza con dejar al descubierto una formidable estructura de corrupción y complicidades políticas.
El lunes 16 de noviembre, precisamente cuando cumplía 48 años, Santiago Peña recibió un singular regalo de cumpleaños: fue trasladado a la prisión militar de Viñas Cue, donde quedó registrado como el interno número 53. El hombre que había asumido en agosto de 2023 como el presidente número 51 de Paraguay se convertía, tres años después, en el preso 53. Una caída política difícil de imaginar hace apenas unas semanas.
El traslado obedeció a un escándalo adicional, dentro de otro infinitamente mayor. En el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecía detenido desde su destitución, Peña gozaba de privilegios incompatibles con el régimen penitenciario ordinario. Las denuncias incluyeron una habitación especialmente acondicionada y hasta un gimnasio privado. El nuevo presidente, Pedro Alliana, destituyó al comandante de la unidad y la Justicia ordenó trasladar al exmandatario. Peña ingresó a su nuevo lugar de reclusión esposado, con casco y chaleco antibalas.
Pero el episodio carcelario, pintoresco y humillante, es apenas una anécdota frente a la magnitud del escándalo que sacude a Paraguay.
Todo comenzó con el derrumbe de Ueno Bank, entidad financiera vinculada al poderoso Grupo Vázquez, que había experimentado una expansión vertiginosa durante el gobierno de Peña. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició su procedimiento de resolución por graves problemas de solvencia. Tres días después, el Senado destituyó al presidente mediante juicio político, y esa misma noche fue detenido. El vicepresidente Alliana asumió la Presidencia.
La Fiscalía investiga si detrás del crecimiento del banco existió una organización destinada a favorecer intereses empresariales mediante decisiones del poder político, colocación de recursos públicos y manipulación de los mecanismos de supervisión financiera. Peña, que había sido accionista del conglomerado, está imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La ampliación de las imputaciones supone un salto cualitativo: los investigadores ya no consideran solamente posibles beneficios personales, sino que atribuyen al expresidente una función de conducción dentro de la presunta estructura delictiva.
Naturalmente, se trata de acusaciones que deberán probarse judicialmente. Pero los indicios que han motivado la investigación son de una gravedad extraordinaria.
Una orquesta cada vez más numerosa
La investigación ha alcanzado a buena parte de la antigua cúpula del Banco Central. Su expresidente, Carlos Carvallo; el exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán; y los exdirectores Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González se encuentran involucrados en las actuaciones penales. La Justicia dispuso medidas de prisión preventiva contra varios de ellos.
Esta semana se agregó otro nombre particularmente significativo: Aldo Javier Rodríguez González, exasesor jurídico del BCP, procesado por su presunta intervención en la falsificación de documentos públicos, además de otros delitos. Se investiga si participó en la alteración de un informe técnico destinado al Senado, relativo a las operaciones del banco.
Si estas acusaciones se confirman, no estaríamos simplemente ante supervisores negligentes que miraron para otro lado. Estaríamos ante funcionarios que habrían contribuido activamente a desinformar al Parlamento y a impedir que las alarmas institucionales funcionaran.
La dimensión familiar tampoco ha quedado al margen. El martes 17 fueron allanadas las viviendas de Francisco y Manuel Peña Palacios, hermanos del expresidente. Los fiscales incautaron teléfonos, computadoras y otros dispositivos, además de buscar documentación relacionada con las sociedades del conglomerado. Ninguno de los dos quedó detenido por esos procedimientos.
El caso de Francisco resulta especialmente relevante por su participación societaria en U Holdings S.à r.l., constituida en Luxemburgo en setiembre de 2023, apenas 45 días después de que Santiago Peña asumiera la Presidencia. Esa sociedad funcionaba como controlante de la estructura empresarial vinculada a Ueno Bank, a través de U Paraguay S.A.
La Fiscalía busca reconstruir la circulación internacional del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar si existieron movimientos de activos destinados a ocultar fondos o sustraerlos del alcance de los acreedores. Las autoridades paraguayas han solicitado cooperación a Luxemburgo y examinan incluso la eventual existencia de criptoactivos vinculados a la investigación.
Un dato revelado por ABC Color agrega interrogantes: según el balance publicado en Luxemburgo, la sociedad declaraba al cierre de 2025 apenas US$ 49.985 en efectivo y bancos. Por supuesto, esa cifra aislada no demuestra irregularidad alguna, pero vuelve imprescindible conocer la composición completa de sus activos, sus operaciones y sus movimientos financieros.
La dimensión del desastre
Mientras se acumulan las imputaciones, las cifras del colapso bancario adquieren proporciones monumentales.
El nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, reconoció que el déficit podría alcanzar los US$ 1.500 millones. Las autoridades trabajan para identificar activos recuperables, transferir carteras a otras instituciones y proteger a los depositantes. Sin embargo, todavía existen incertidumbres sobre el valor real de las garantías y la posibilidad de recuperar todos los recursos comprometidos.
A ello se agregan unos US$ 350 millones en bonos colocados internacionalmente, cuyos titulares podrían quedarfuera de los mecanismos ordinarios de garantía de depósitos. El Banco Central ya advirtió sobre el riesgo de litigios internacionales.
Uno de los aspectos más escandalosos es la enorme exposición de fondos públicos y previsionales. Organismos estatales colocaron cantidades extraordinarias de dinero en una entidad cuya expansión estaba estrechamente relacionada con el poder político.
El caso de Itaipú Binacional resulta ilustrativo. Al producirse la intervención bancaria, mantenía depósitos por US$ 163,8 millones, además de 115.200 millones de guaraníes. El miércoles 18, Alliana destituyó al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, y designó en su lugar a un funcionario técnico de carrera.
La pregunta es inevitable: ¿con qué criterios se decidió concentrar semejantes recursos en ese banco? Y, sobre todo, ¿quiénes conocían los riesgos y optaron por ignorarlos?
El presidente Alliana ha prometido proteger a los ahorristas y recuperar los fondos públicos. Pero las promesas no sustituyen al dinero, y las pérdidas no desaparecen porque cambien las autoridades. Alguien deberá asumirlas.
Una empresa de seguridad, bóvedas, millones desaparecidos y armas
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, los allanamientos a GSR Security, empresa de seguridad relacionada con el Grupo Vázquez y encargada de custodiar valores de Ueno Bank, abrieron una derivación casi cinematográfica.
Los investigadores detectaron un faltante de 3.090 millones de guaraníes. El representante de la empresa, Fabricio Martínez Appleyard, fue detenido, y posteriormente se produjo la restitución de esa suma mediante un cheque. La devolución del dinero, naturalmente, no elimina las eventuales responsabilidades penales.
Los procedimientos permitieron descubrir también unas 300 armas de fuego, maquinaria que podría utilizarse para fabricar componentes de armamento y una bóveda oculta. La Fiscalía continúa investigando el origen y destino del dinero y las posibles irregularidades relacionadas con las armas.
El caso adquirió nuevas dimensiones con las versiones sobre movimientos de vehículos, efectivo y otros bienes antes de que se concretara la caída del gobierno. Todo ello debe verificarse, pero demuestra hasta dónde se ha extendido la investigación.
Tampoco puede omitirse otra línea especialmente delicada: las posibles conexiones entre operaciones financieras del conglomerado y circuitos de lavado vinculados al narcotráfico. Entre los antecedentes examinados aparecen transacciones relacionadas con Alberto Koube, investigado en el operativo A Ultranza Py por lavado de dinero para la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. No existe por ello prueba de que Peña participara personalmente en esas operaciones, pero la conexión investigativa merece atención.
Un Estado bajo sospecha
La crisis ya se extendió a la Contraloría General de la República, cuestionada por haber examinado anteriormente el patrimonio de Peña sin encontrar irregularidades que justificaran una denuncia penal. Ahora anuncia nuevas investigaciones que incluirán a su entorno familiar.
También se discuten las responsabilidades de quienes dirigieron los organismos previsionales, administraron recursos estatales y autorizaron operaciones financieras. La renuncia del fiscal general Emiliano Rolón, en medio de una creciente presión política, agrega otro factor de inestabilidad institucional.
El expresidente enfrenta una investigación que no deja de ampliarse, mientras Alliana procura proyectar una imagen de ruptura con los privilegios y prácticas de su antecesor. Pero el problema del Paraguay no se resuelve simplemente cambiando a quien ocupa la Presidencia. La cuestión es saber cuántos integrantes del aparato estatal participaron, toleraron o encubrieron las operaciones investigadas.
El escándalo de Ueno Bank amenaza con convertirse en uno de los mayores episodios de corrupción política y financiera de la historia paraguaya. No solamente por los montos involucrados, sino por la sospecha de que instituciones creadas para proteger el interés público pudieron haber sido utilizadas para facilitar negocios privados.
Mientras tanto, Santiago Peña permanece en Viñas Cue, bajo prisión preventiva y amparado, como corresponde, por la presunción de inocencia. El antiguo presidente número 51 es ahora el preso número 53.
Pero la orquesta que presuntamente dirigía sigue apareciendo en los expedientes. Y todavía no sabemos cuántos músicos faltan por identificar.