Correo de los Viernes - El portland de ANCAP: un negocio ruinoso sostenido por ideología

El portland de ANCAP: un negocio ruinoso sostenido por ideología

Viernes 19 de diciembre de 2025. Lectura: 5'

Durante 25 años, el negocio del portland de ANCAP acumuló pérdidas millonarias que hoy se pretenden seguir justificando con argumentos ideológicos y promesas a 15 años, trasladando el costo de un fracaso empresarial crónico a todos los uruguayos en nombre de una falsa protección del empleo.

La situación del negocio del cemento portland en Uruguay volvió a quedar en el centro del debate público tras la comparecencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en el Parlamento. Lejos de tratarse de una coyuntura pasajera o de un traspié reciente, el portland de ANCAP constituye uno de los ejemplos más persistentes de fracaso estructural de gestión empresarial estatal, con costos millonarios que terminan siendo absorbidos por el conjunto de los uruguayos.

Un negocio crónicamente deficitario

Los números son elocuentes y difíciles de relativizar. En 2024, el negocio del portland de ANCAP registró pérdidas operativas por US$ 24,5 millones, prácticamente idénticas a las del año anterior. Desde el año 2000, la unidad acumula más de US$ 800 millones en pérdidas, considerando tanto resultados operativos como deterioro de inversiones. No se trata, por tanto, de un problema heredado puntual ni de una transición mal resuelta: es una sangría financiera sostenida durante un cuarto de siglo.

Estas pérdidas se inscriben, además, en un contexto más amplio de deterioro del balance de ANCAP, que cerró 2024 con pérdidas globales de entre US$ 118 y US$ 130 millones, lo que confirma que el portland no es un problema aislado, sino uno de los factores que comprometen la sostenibilidad de la empresa pública.

Cómo opera ANCAP en el mercado del cemento

ANCAP participa en el mercado del cemento portland como productor estatal integrado, compitiendo con empresas privadas nacionales y regionales en un mercado caracterizado por la sobrecapacidad instalada, la presión de costos y la pérdida de competitividad. A diferencia de otros segmentos estratégicos de la empresa, el portland no constituye un monopolio natural ni un servicio público esencial: es una actividad industrial plenamente expuesta a la lógica del mercado.

Sin embargo, ANCAP ha operado históricamente el portland bajo una lógica ajena a criterios empresariales estrictos, sin lograr eficiencia productiva ni rentabilidad, y sin concretar asociaciones privadas que permitieran compartir riesgos, modernizar procesos o introducir disciplina económica. La licitación internacional para asociar el negocio, declarada desierta en 2023, fue una señal contundente: nadie quiso hacerse cargo de un negocio estructuralmente inviable en sus condiciones actuales.

Plantas obsoletas y pérdidas estructurales

ANCAP cuenta con dos plantas de portland: una en Minas, considerada relativamente más eficiente, y otra en Paysandú, que opera de forma alternada y con mayores problemas de competitividad. La estrategia reciente ha consistido en alternar la producción entre ambas, centralizar parcialmente procesos y acordar con privados el uso de capacidad de almacenamiento, en un intento por mitigar pérdidas sin encarar el problema de fondo.

Las propias autoridades reconocen que las plantas sufren atraso tecnológico, obsolescencia industrial y falta de inversiones estructurales. Frente a ese diagnóstico, el anuncio de un plan que aspira a dejar de perder dinero recién dentro de 15 años no solo resulta poco convincente: es, lisa y llanamente, un despropósito desde el punto de vista económico y financiero. Ninguna empresa privada —ni ningún país serio— justificaría sostener durante décadas un negocio deficitario con la promesa difusa de una rentabilidad futura tan lejana.

El principio constitucional olvidado

Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve institucional y ético. El artículo 59 de la Constitución consagra un principio claro y vigente: “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”. Aplicado al caso del portland, esto implica que no puede justificarse la continuidad de un negocio ruinoso únicamente para sostener puestos de trabajo, cuando existen alternativas razonables de redistribución y reconversión laboral dentro de ANCAP o en otros.

Someter a los contribuyentes uruguayos a financiar pérdidas millonarias año tras año con el argumento de “cuidar a los trabajadores” —como manifestó la ministra Fernanda Cardona— no solo vulnera ese principio constitucional, sino que introduce una desigualdad flagrante: ningún trabajador del sector privado goza de esa garantía. Cuando una empresa privada es inviable, cierra o se reconvierte, y el Estado actúa —correctamente— a través de seguros de desempleo. No se le exige al resto de la sociedad sostener indefinidamente un mal negocio.

Ideología antes que racionalidad

El discurso oficial insiste en no cerrar plantas, en conformar mesas de seguimiento y en apelar a consensos políticos amplios. Pero detrás de esa retórica dialoguista subyace una decisión ideológica: negarse a aceptar que el negocio del portland de ANCAP, tal como está concebido, no tiene viabilidad económica. Pensar en horizontes de 15 años para alcanzar ganancias no es planificación estratégica; es postergación del problema con cargo al futuro.

La verdadera responsabilidad política no consiste en administrar pérdidas con mayor prolijidad, sino en tomar decisiones difíciles pero necesarias, protegiendo a las personas sin perpetuar estructuras ineficientes. Persistir en el camino actual implica seguir trasladando costos a los ciudadanos, erosionar la credibilidad de la gestión pública y consolidar la idea de que en Uruguay ciertos fracasos estatales son intocables.}
El portland de ANCAP no necesita más tiempo ni más comisiones. Necesita una definición clara en base al coraje político, que asegure el respeto al contribuyente. Todo lo demás es ideología disfrazada de gestión.