Correo de los Viernes - El petróleo venezolano: un acuerdo gigantesco envuelto en opacidad

El petróleo venezolano: un acuerdo gigantesco envuelto en opacidad

Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 8'

Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez anunciaron un entendimiento que compromete 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares y el desarrollo de 17 campos durante al menos 25 años. Pero el contrato no se conoce, no hubo licitación y ni siquiera está enteramente clara la estructura empresarial y financiera de una operación que Donald Trump presentó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

El acuerdo petrolero anunciado el viernes 28 de agosto por Donald Trump y confirmado desde Caracas por Delcy Rodríguez es extraordinario por su dimensión. Estados Unidos obtendría, según el presidente norteamericano, el “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano mediante una asociación con capital privado. La cifra equivale a algo más del 21% de las reservas de Venezuela, que superan los 300.000 millones de barriles y son las mayores conocidas del mundo.

Trump sostuvo que la operación “más que duplica” las reservas petroleras estadounidenses y que permitirá aumentar el suministro y reducir sustancialmente el precio de la gasolina a largo plazo. La afirmación debe entenderse, sin embargo, en términos de acceso o control económico: los 65.000 millones de barriles continúan físicamente bajo territorio venezolano y no pasan a convertirse, por el acuerdo, en reservas geológicas de Estados Unidos. Para Washington, además, el petróleo venezolano adquiere un valor estratégico adicional en momentos en que sus reservas estratégicas se encuentran en niveles muy bajos y la guerra con Irán ha presionado nuevamente sobre el precio de los combustibles.

Delcy Rodríguez aportó algunos detalles. El entendimiento tendrá una duración de por lo menos 25 años, abarcará 17 campos petroleros —principalmente en la Faja del Orinoco y en la zona del lago de Maracaibo— y demandaría inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares. Caracas proyecta llevar la producción vinculada al proyecto a más de 1,5 millones de barriles diarios y calcula que el Estado venezolano obtendrá unos 209.335 millones de dólares en regalías e impuestos durante la vigencia del acuerdo. Tomando como referencia un barril a 65 dólares, Rodríguez estimó que aproximadamente 19 dólares de cada barril producido quedarían en Venezuela.

El volumen involucrado es formidable. Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, muy lejos de su potencial y de los niveles que alcanzó antes del derrumbe de su industria bajo los gobiernos chavistas. La consultora Gas Energy Latin America calculó que los campos incluidos en la operación contienen cerca de 63.700 millones de barriles recuperables suponiendo un factor de recuperación del 20%. Incluso en condiciones técnicamente favorables, extraer ese petróleo demandaría décadas. Por eso los especialistas advierten también que el acuerdo difícilmente pueda producir en el corto plazo la caída del precio de la gasolina prometida por Trump: hacen falta enormes inversiones en pozos, electricidad, oleoductos, puertos y capacidad de procesamiento del crudo pesado venezolano.

Pero el aspecto que comienza a generar más interrogantes no es su tamaño sino su opacidad.

El pacto fue negociado durante meses en secreto y solo se conoció cuando Trump decidió anunciarlo. No hubo una licitación internacional ni un procedimiento competitivo conocido. Tampoco se ha publicado el contrato, no se conocen íntegramente sus cláusulas y la Casa Blanca inicialmente no explicó cómo se ejercerá ese llamado “control mayoritario”, quiénes serán todos los operadores ni cuál será exactamente la estructura jurídica de la asociación. Reuters señaló este lunes que expertos en energía y juristas reclaman a ambos gobiernos que hagan públicos los documentos del acuerdo.

La cuestión se vuelve todavía más delicada porque Washington parece haber obtenido capacidad para determinar el modelo de operación y seleccionar las empresas que participarán en el desarrollo de los campos. Es precisamente allí donde algunos especialistas encuentran un problema institucional: en vez de crear condiciones transparentes y generales para atraer inversiones hacia Venezuela, el acuerdo podría terminar sustituyendo la discrecionalidad que durante años caracterizó al chavismo por una nueva discrecionalidad, esta vez ejercida bajo tutela estadounidense. La especialista Luisa Palacios, de la Universidad de Columbia, advirtió que, si la intención era reducir el riesgo de invertir en Venezuela, la operación podría conseguir precisamente lo contrario debilitando todavía más su frágil marco institucional.

En el centro de las informaciones aparecidas hasta ahora figura además North American Blue Energy Partners —NABEP—, compañía encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Betancourt fue investigado por presunto lavado de dinero en España y Suiza, aunque no ha sido formalmente acusado, y se convirtió en los últimos años en un actor importante del nuevo escenario petrolero venezolano. Su empresa es señalada por distintos medios como uno de los vehículos principales del gigantesco acuerdo.

Y aquí la falta de claridad produce una situación particularmente llamativa. The Wall Street Journal informó que el gobierno de Estados Unidos adquiriría una participación pasiva del 35% en NABEP y conseguiría además derechos preferenciales para comprar al costo el 20% del petróleo producido por la compañía. Según esa versión, la operación sería estructurada mediante warrants por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Pero el portavoz principal del Departamento de Defensa, Sean Parnell, respondió a Reuters que esa oficina no tiene autoridad legal para adquirir participaciones accionarias en empresas privadas y que sus competencias se limitan a préstamos, garantías y asistencia técnica. La estructura de uno de los mayores acuerdos energéticos anunciados en décadas es, por tanto, objeto de versiones contradictorias incluso dentro de Estados Unidos.

Tampoco están despejadas las dudas jurídicas en Venezuela. El petróleo pertenece constitucionalmente a la República y la legislación venezolana reserva al Estado un papel decisivo en la explotación de los hidrocarburos. Juristas consultados por Reuters advirtieron que un acuerdo en el que Estados Unidos seleccione el modelo y los operadores podría ser cuestionado judicialmente en el futuro. Juan Carlos Apitz, decano de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, señaló que el reconocimiento estadounidense del acuerdo no impide que posteriormente pueda ser impugnado ante los tribunales venezolanos.

También existen interrogantes sobre cuánto recibirá efectivamente Venezuela. El gobierno de Rodríguez habla de 209.335 millones de dólares en tributos a lo largo de la operación. Sin embargo, el economista petrolero Francisco Monaldi, del Baker Institute de Rice University, calificó de extraordinariamente baja la carga tributaria anunciada y cuestionó la falta de transparencia de la nueva política petrolera. La dimensión del negocio hace todavía más indispensable conocer no solo cuánto dinero ingresará al Estado, sino quién cobrará qué, qué inversiones serán reconocidas como costos, qué mecanismos de auditoría existirán y cómo se distribuirán los riesgos y las ganancias.

La propia situación política venezolana vuelve más sensible el asunto. Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Washington ejerce una influencia determinante sobre el gobierno interino encabezado por Rodríguez y ha situado la reconstrucción del sector petrolero entre sus primeras prioridades. La celebración de elecciones y la normalización democrática quedaron relegadas a etapas posteriores del esquema diseñado por la administración Trump. Al mismo tiempo, Estados Unidos administra aspectos decisivos de la comercialización petrolera venezolana y ha recaudado miles de millones de dólares mediante la venta de crudo, sin que exista una auditoría pública integral de esas operaciones.

Ese contexto explica que la palabra “opacidad” no aluda simplemente a que falten algunos detalles técnicos. Lo que se desconoce afecta elementos esenciales: el texto contractual, el mecanismo de selección de empresas, la estructura societaria, el papel exacto del gobierno estadounidense, las obligaciones de inversión, el régimen fiscal definitivo, los controles sobre los recursos obtenidos y hasta la fórmula jurídica mediante la cual Washington ejercerá el “control mayoritario” proclamado por Trump.

Edmundo González Urrutia introdujo otro aspecto de la discusión. El candidato de la oposición venezolana en las elecciones de 2024 evitó concentrarse solamente en la disputa sobre porcentajes y reservas y planteó qué destino tendrá finalmente la riqueza obtenida.

“La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”, escribió en X.

González Urrutia recordó que Venezuela ya dispuso en el pasado de cantidades enormes de dinero petrolero y que el ingreso de recursos al país no significa necesariamente que esos recursos mejoren la vida de sus habitantes. Se preguntó, por eso, si esta vez el petróleo beneficiará realmente a todos los venezolanos o solamente a algunos. Para él, recuperar la industria es indispensable, pero la verdadera recuperación solo podrá medirse cuando vuelvan a funcionar hospitales, escuelas y servicios públicos, cuando los docentes puedan vivir de su trabajo y cuando una familia pueda otra vez hacer planes para su futuro.

El planteo toca el problema central. No parece razonable objetar que Venezuela necesita capital, tecnología y empresas capaces de recuperar una industria devastada por décadas de mala gestión, expropiaciones, corrupción, falta de inversión y sanciones. Tampoco puede desconocerse que la llegada de inversión estadounidense puede generar producción, empleo e ingresos que hoy el país necesita desesperadamente.

Pero precisamente porque el acuerdo puede representar una oportunidad extraordinaria, debería estar rodeado de garantías también extraordinarias de transparencia.

Sesenta y cinco mil millones de barriles no pertenecen a Delcy Rodríguez, ni a Donald Trump, ni a Alejandro Betancourt, ni a ninguna empresa escogida en Washington. Constituyen una parte formidable del patrimonio venezolano. Un negocio que compromete esa riqueza durante décadas necesita contratos públicos, reglas conocidas, controles institucionales, competencia entre operadores y cuentas que cualquier venezolano pueda examinar.

El petróleo puede ayudar a reconstruir Venezuela. La opacidad, en cambio, recuerda demasiado a una de las causas que contribuyeron a destruirla.