Correo de los Viernes - El peso muerto del pórtland

El peso muerto del pórtland

Edición Nº 1078 - Viernes 24 de abril de 2026. Lectura: 3'

El pórtland de ANCAP dejó de ser un instrumento de desarrollo para convertirse en un lastre estructural: pérdidas sostenidas, reformas bloqueadas y recursos públicos atrapados en una actividad inviable que el Estado ya no puede —ni debe— seguir sosteniendo.

La discusión sobre el futuro de la división pórtland de ANCAP ya no admite más rodeos ni consignas épicas. El problema dejó de ser ideológico hace tiempo: es económico, operativo y, sobre todo, institucional. Persistir en su formato actual implica sostener una anomalía que erosiona recursos públicos y distorsiona el sentido mismo de una empresa estatal.

Desde su creación en 1931, ANCAP fue concebida como una herramienta estratégica para asegurar combustibles y sostener ciertos equilibrios productivos en el país. En ese marco histórico, la producción de cemento podía justificarse como parte de una lógica de desarrollo e infraestructura. Pero el país que dio origen a esa ecuación ya no existe, y la industria del cemento tampoco funciona bajo los mismos parámetros.

Hoy, el negocio del pórtland opera en un mercado competitivo, con actores privados más eficientes y con estructuras tecnológicas que ANCAP no logró replicar. El resultado es conocido: una división crónicamente deficitaria, incapaz de sostenerse por sí misma y dependiente de transferencias cruzadas o respaldo estatal.

El punto crítico no es solo el rojo contable. Es la imposibilidad de corregirlo.

Cada intento de reestructura, modernización o reconversión termina chocando con un muro: la resistencia sindical. La Federación ANCAP, con una larga tradición de organización y peso político dentro del PIT-CNT, ha defendido históricamente la continuidad de la división bajo argumentos que mezclan soberanía productiva, empleo y desarrollo. Sin embargo, esos argumentos han ido perdiendo sustento frente a la evidencia de una actividad que no logra ser viable.

El problema es más profundo que una negociación laboral dura. Se trata de un esquema donde las decisiones empresariales quedan subordinadas a una lógica corporativa que bloquea cualquier cambio de fondo. No se discute cómo hacer eficiente la división: se discute cómo evitar que cambie.

En ese contexto, el pórtland se convierte en un enclave inmóvil dentro de una empresa que, en otras áreas, ha mostrado capacidad de adaptación. ANCAP compite, invierte, se transforma en el negocio energético; pero arrastra una actividad industrial que funciona con otra lógica, otro tiempo y otra racionalidad.

El costo no es neutro. Cada año que pasa sin resolver el problema implica recursos que no se destinan a inversión productiva, innovación o mejora del servicio. En términos estrictos, es capital público inmovilizado en una actividad sin retorno.

Sostener esta situación en nombre de la defensa del empleo tampoco resulta convincente. La experiencia comparada —y la propia historia de la empresa— muestra que los procesos de reconversión pueden diseñarse con instrumentos de protección laboral. Lo que no es sostenible es preservar puestos de trabajo atados a una estructura inviable, porque eso termina poniendo en riesgo a la organización entera.

La pregunta de fondo es si el Estado debe seguir produciendo cemento en estas condiciones. Y la respuesta, cada vez más evidente, es negativa.

No se trata de “privatizar” en términos simplistas ni de desmantelar sin criterio. Se trata de asumir que hay actividades que ya no cumplen un rol estratégico y que, por tanto, requieren otro tipo de solución: asociación, cierre ordenado o salida del negocio.

Lo que no parece una opción razonable es continuar como hasta ahora.

Porque sostener la división pórtland de ANCAP no solo no da para más. Es, directamente, una decisión que contradice cualquier criterio de gestión responsable.