El peligro de empobrecer el lenguaje
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 6'
Por Juan Carlos Nogueira
A propósito del proyecto de «lenguaje claro» impulsado por la senadora Blanca Rodríguez, el autor advierte sobre los riesgos de confundir la claridad con el empobrecimiento del vocabulario. Con referencias a Orwell y Gramsci, defiende la riqueza del lenguaje como instrumento indispensable para el pensamiento crítico y la libertad intelectual.
La senadora Blanca Rodríguez impulsa un proyecto de ley sobre “lenguaje claro” que propone simplificar las comunicaciones del Estado mediante “frases más cortas”, la eliminación de “las palabras técnicas e innecesarias” y el uso de expresiones más accesibles para los ciudadanos. El propósito declarado es facilitar la comprensión de los documentos públicos, una intención razonable que, sin embargo, plantea interrogantes sobre sus posibles consecuencias.
Detrás de una intención aparentemente loable pueden esconderse consecuencias indeseables. Simplificar un texto para hacerlo comprensible es una cosa; eliminar palabras y distinciones porque resultan difíciles de entender es otra. Cuando la simplificación deja de ser un recurso para hacerse entender y se convierte en reduccionismo, se abre la puerta al control de las ideas.
En 1984, George Orwell imaginó un régimen que aspiraba a controlar hasta la forma de pensar de sus ciudadanos. Para conseguirlo, había concebido la neolengua, un idioma cuyo vocabulario se reducía progresivamente y que eliminaba las palabras y los matices necesarios para expresar ideas contrarias al poder. Al limitar los recursos del lenguaje, el régimen pretendía restringir también lo que sus ciudadanos podían pensar.
¿Qué ocurre cuando una sociedad empieza a tratar la complejidad del lenguaje como un defecto que debe corregirse? ¿Qué lugar queda para la educación si, ante las dificultades de comprensión, la respuesta consiste en eliminar aquello que cuesta comprender en lugar de enseñar a comprenderlo?
Antonio Gramsci comprendió que la lucha por la hegemonía cultural también se libra en el terreno del lenguaje y de las categorías con las que interpretamos la realidad. Las palabras no son siempre intercambiables. Igualdad y equidad no significan lo mismo; tampoco legalidad y legitimidad, autoridad y autoritarismo. Cada distinción permite examinar un problema desde una perspectiva diferente y formular preguntas que, de otro modo, pasarían inadvertidas. Además de comunicar ideas, el lenguaje también contribuye a darles forma. Por eso, cuando el Estado se propone establecer criterios sobre qué palabras son necesarias y cuáles resultan prescindibles, cabe preguntarse si esa decisión se limita a mejorar la comunicación o si puede terminar condicionando las categorías con las que los ciudadanos piensan y discuten la realidad.
No hay razones para atribuir a Rodríguez una intención de manipulación ideológica. Pero una iniciativa que pretende orientar desde el Estado la forma de comunicar merece un examen cuidadoso. ¿Quién decidirá, y con qué derecho, qué palabras son innecesarias? ¿Cómo se distinguirá un tecnicismo prescindible de un concepto indispensable? ¿Qué ocurrirá cuando la precisión exija una explicación más larga o una palabra que no forma parte del vocabulario cotidiano?
Desconocer un término no demuestra que sea inútil; puede significar, sencillamente, que aún tenemos algo por aprender. El vocabulario, además de permitir comunicar lo que sabemos, condiciona lo que somos capaces de comprender.
Un médico debe explicar una enfermedad de manera que su paciente pueda entenderla, y un organismo público debería permitir que cualquiera realice un trámite sin tropezar con formulismos absurdos. Pero explicar un concepto no equivale a suprimirlo. Un ingeniero necesita términos precisos para describir las condiciones de seguridad de una estructura; un economista, para analizar los mecanismos de la inflación; un jurista, para determinar el alcance de una obligación. En cada caso, el vocabulario técnico permite expresar distinciones que se perderían con una formulación imprecisa.
La filosofía lleva el asunto más lejos. ¿Cómo discutir la libertad sin precisar qué entendemos por autonomía, coerción o responsabilidad? ¿Qué queda de la reflexión de Hume sobre la causalidad si dejamos de distinguir entre la sucesión de acontecimientos y la necesidad que atribuimos a su conexión? Las ideas complejas requieren a veces un lenguaje capaz de expresar diferencias sutiles. Podemos explicarlas con ejemplos, acercarlas a quienes no están familiarizados con ellas y buscar formas más accesibles de presentarlas. Cuando eliminamos las distinciones que les dan sentido, sin embargo, terminamos hablando de otra cosa.
La simplicidad también puede ponerse al servicio del engaño. En política y en la gestión pública abundan los eufemismos. Expresiones que suavizan o disimulan realidades incómodas, como “daños colaterales” por víctimas civiles, o “optimización de recursos humanos” por reducción de personal. Un mensaje puede ser fácil de leer y, al mismo tiempo, ocultar aquello que pretende describir.
La democracia necesita ciudadanos capaces de discutir las decisiones públicas, examinar sus fundamentos y detectar sus contradicciones. Para evaluar una política pública, hay que comprender la diferencia entre sus objetivos declarados y sus consecuencias. Las consignas pueden ser fáciles de recordar, pero rara vez bastan para analizar un problema.
Ante las dificultades de comprensión, no es lo mismo enseñar a comprender mejor que rebajar las exigencias para que todo resulte más fácil. No son caminos equivalentes. La educación debe ampliar las capacidades de las personas, darles acceso a conocimientos que todavía no dominan y proporcionarles herramientas para comprender el mundo con mayor autonomía. La propuesta de Rodríguez apunta a achicar el horizonte intelectual de la sociedad.
Si cada dificultad se resuelve eliminando la palabra o el concepto difícil de comprender, se instala un círculo vicioso: aquello que resulta poco familiar se deja de usar; lo que se deja de usar aparece cada vez menos; y lo que aparece cada vez menos se vuelve más difícil de aprender. Con la intención de evitar que alguien quede excluido, podemos terminar privándolo de la oportunidad de adquirir los instrumentos que necesita para comprender mejor el mundo.
La inclusión debería ampliar las posibilidades de cada ciudadano, no limitarse a adaptar la comunicación a lo que ya conoce. Una sociedad que aspira a elevar su nivel cultural debe ofrecer a todos los medios para comprender textos complejos, familiarizarse con nuevos conceptos y enriquecer su vocabulario. La dificultad es, muchas veces, el punto de partida del aprendizaje.
La claridad no debería confundirse con la eliminación de todo aquello que exige un esfuerzo de comprensión. Disponer de palabras precisas y de conceptos que permitan distinguir, analizar y cuestionar las ideas dominantes forma parte de nuestra libertad intelectual.
Orwell mostró hasta dónde podía llegar el poder cuando aspiraba a estrechar los límites del pensamiento. Gramsci, desde otra perspectiva, advirtió la importancia del lenguaje y de las categorías con las que una sociedad interpreta la realidad. La iniciativa de Rodríguez no está demasiado lejos de la neolengua de 1984, ni de algunas ideas de Gramsci. Por eso conviene desconfiar tanto de la sencillez convertida en virtud absoluta como de la complejidad tratada como un defecto.
Una sociedad que empobrece su lenguaje corre el riesgo de perder también matices y capacidad crítica. La educación debe preparar a las personas para comprender el mundo, incluso cuando comprenderlo exige esfuerzo. No olvidemos que la tiranía orwelliana empieza cuando se deja de ayudar a las personas a comprender mejor y se opta por hacer que tengan menos cosas que comprender.
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