Correo de los Viernes - El oportuno sarampión malvinense de Milei

El oportuno sarampión malvinense de Milei

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 8'

La explotación petrolera británica en el Atlántico Sur plantea un problema real y justifica una reacción argentina. Pero Javier Milei convirtió una frase evasiva de Donald Trump, sanciones que ya existían y una base naval proyectada desde 2022 en una epopeya destinada, sobre todo, al consumo interno. Londres lo advirtió sin demasiada diplomacia.

Las Malvinas no son un sarampión. Forman parte de una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, constituyen una cuestión de enorme sensibilidad para los argentinos y poseen una relevancia estratégica creciente por su ubicación, sus recursos naturales y su proyección hacia la Antártida. El sarampión es otra cosa: la súbita erupción patriótica que parece haber atacado a Javier Milei después de casi tres años de relativa indiferencia, elogios a Margaret Thatcher y una política de acercamiento al Reino Unido.

En su cadena nacional del jueves 3 de setiembre, Milei afirmó que las Malvinas son argentinas “por historia y por derecho”, negó que los isleños puedan invocar legítimamente la autodeterminación y anunció un conjunto de medidas contra las empresas que participan en la explotación de recursos naturales del archipiélago. Prometió acelerar las sanciones previstas en la Ley 26.659, ampliar las prohibiciones a accionistas, directores y proveedores, impulsar una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, crear un Consejo de Seguridad Nacional y aumentar los recursos destinados a una base naval integrada en Tierra del Fuego.

No todo es humo. El proyecto petrolero Sea Lion constituye un hecho relevante y plantea un problema que ningún gobierno argentino responsable debería ignorar. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tomaron a fines de 2025 la decisión final de inversión y comenzaron los trabajos preparatorios. La perforación está prevista para 2027 y la primera producción para comienzos de 2028. El proyecto tiene financiamiento, contratos y una infraestructura en marcha. Ya no se trata, por tanto, de una exploración hipotética que tal vez ocurra algún día, sino del aprovechamiento económico de recursos situados en un espacio marítimo cuya soberanía está disputada.

También es razonable que Argentina recuerde la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhortó a ambos gobiernos a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras no se resuelva la controversia. La explotación petrolera autorizada exclusivamente por las autoridades británicas de las islas puede ser cuestionada desde ese punto de vista. El reclamo argentino no es una extravagancia de Milei ni una reliquia inventada por el peronismo: existe una disputa internacional que Londres se niega sistemáticamente a negociar.

Hasta allí, la parte seria.

El problema comienza cuando Milei transforma una reacción legítima en una epopeya personal y presenta como novedades históricas decisiones que, en buena medida, ya habían sido tomadas por gobiernos anteriores. Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina durante veinte años en 2013. Navitas recibió la misma sanción en 2022. La propia legislación argentina ya contemplaba inhabilitaciones, multas, prohibiciones para contratar y hasta responsabilidades penales.

Por supuesto, ampliar el alcance de las sanciones a proveedores, financiadores y directores puede aumentar su capacidad disuasoria. Algunas compañías deberán elegir entre participar en Sea Lion o conservar negocios en Argentina. Pero Buenos Aires carece de jurisdicción efectiva sobre las islas y no puede detener por sí sola la explotación. Las empresas involucradas ya anunciaron que las medidas argentinas no alterarán sustancialmente el calendario del proyecto. Las sanciones pueden encarecerlo o dificultar la contratación de ciertos servicios; no equivalen a recuperar el control del yacimiento.

Algo semejante ocurre con la base naval de Tierra del Fuego. Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur es una decisión estratégica defendible. Un país que aspira a proteger sus recursos, asegurar sus rutas marítimas y proyectarse hacia la Antártida necesita capacidades navales, logísticas y de vigilancia. Pero la Base Naval Integrada de Ushuaia no nació con la iluminación geopolítica de Milei: su construcción fue formalmente iniciada en marzo de 2022. Lo nuevo es la promesa de asignarle más recursos mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Una inversión de esa naturaleza debería ser evaluada por sus montos, plazos, capacidades concretas y mecanismos de control. La soberanía no puede funcionar como una palabra mágica que dispense al gobierno de explicar cuánto gastará, en qué lo gastará y qué resultados espera obtener.

La mayor exageración, sin embargo, fue presentar las declaraciones de Donald Trump como la confirmación de que soplan “vientos de cambio” favorables a la Argentina. Cuando un periodista le preguntó si estaba revisando la posición estadounidense sobre las islas, Trump respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. No anunció respaldo a la soberanía argentina, no modificó la doctrina oficial de Washington y ni siquiera anticipó cuál podría ser el resultado de esa supuesta revisión.

Trump utilizó las Malvinas como instrumento de presión sobre el Reino Unido, al que reprocha no haber acompañado determinadas operaciones militares estadounidenses y no gastar lo suficiente en defensa. Su interés no es reparar una injusticia histórica sufrida por Argentina, sino disciplinar a un aliado europeo. Si mañana Londres satisface sus exigencias, el inesperado fervor malvinense de Washington puede desaparecer con la misma rapidez con que apareció.

Milei tomó esa frase ambigua y la convirtió en prueba del éxito de su alineamiento incondicional con Estados Unidos. Allí aparece uno de sus objetivos políticos: demostrar que la subordinación personal a Trump produce dividendos diplomáticos. Pero apoyar una reivindicación nacional en los humores del presidente estadounidense no es una estrategia soberana. Es colocarla en manos de un dirigente imprevisible, transaccional y perfectamente capaz de canjearla por concesiones británicas en cualquier otro asunto.

El segundo objetivo es interno. Milei necesita reconstruir iniciativa política, cohesionar a sus seguidores y apropiarse de una causa nacional que históricamente le resultó incómoda. Su admiración por Thatcher, su anterior énfasis en persuadir a los isleños para que algún día prefirieran ser argentinos y sus intentos de acercamiento a Londres no combinaban fácilmente con la tradición argentina sobre Malvinas. Ahora, cuando su popularidad atraviesa su momento más delicado, la economía continúa castigando a amplios sectores y se aproxima la carrera hacia la reelección de 2027, el Presidente descubrió que no existe refugio político más acogedor que una bandera celeste y blanca.

Malvinas ofrece, además, una ventaja extraordinaria para cualquier gobernante: obliga a la oposición a acompañar el reclamo o exponerse a ser acusada de antipatriótica. Milei puede presentarse como jefe de una causa nacional, exigir una sola voz detrás de su conducción y colocar bajo ese amplio paraguas sanciones económicas, aumentos presupuestales y nuevas facultades para un Consejo de Seguridad Nacional. Es una operación política bastante más sofisticada que la mera improvisación, aunque se encuentre recubierta de demagogia elemental.

La respuesta británica fue inmediata. El canciller Ed Miliband afirmó que la posición del Reino Unido es “inquebrantable” y que las islas continuarán siendo británicas porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes. El ministro de Defensa, Wes Streeting, fue todavía más directo: sostuvo que el discurso de Milei decía más sobre la política interna argentina que sobre las Malvinas y calificó el compromiso británico con los isleños como “absoluto e inamovible”.

Londres invoca el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los habitantes votó por continuar como territorio británico de ultramar. Esa voluntad no puede simplemente ser ignorada, pero tampoco liquida jurídicamente la controversia. La resolución 2065 de la Asamblea General reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y exhortó a ambos países a negociar teniendo en cuenta los “intereses” de la población de las islas. No declaró que un referéndum organizado bajo administración británica resolviera por sí solo el conflicto.

Por eso la respuesta británica también contiene su propia cuota de simplificación interesada. Londres pretende convertir una controversia bilateral reconocida internacionalmente en una cuestión definitivamente resuelta y, mientras tanto, consolida el statu quo mediante la explotación económica de los recursos. Si Milei incurre en sobreactuación nacionalista, el Reino Unido practica la soberbia cómoda de quien posee el territorio, controla el mar circundante y no tiene incentivos para sentarse a negociar.

No corresponde, por otra parte, caer en comparaciones fáciles con Galtieri. Milei no anunció una aventura militar. Habló de instrumentos diplomáticos, legales y económicos y reiteró el carácter pacífico del reclamo. Equiparar automáticamente su discurso con la tragedia de 1982 sería tan irresponsable como ignorar la utilización política que está haciendo de la causa.

El balance, entonces, admite matices. Hay una amenaza concreta para los intereses argentinos: Sea Lion avanza y la explotación petrolera puede consolidar todavía más la presencia británica. Son razonables la protesta diplomática, la advertencia a las empresas y el fortalecimiento de la presencia naval y logística argentina. Pero casi todo lo demás pertenece al terreno de la escenificación: las sanciones principales ya existían, la base naval venía de antes y Estados Unidos no cambió formalmente su posición.

Milei persigue apropiarse de una causa capaz de unir a los argentinos, desplazar la discusión sobre sus dificultades internas, justificar nuevas herramientas de poder y presentar su amistad con Trump como un triunfo geopolítico. La respuesta británica acertó al identificar esa dimensión doméstica, aunque no invalida el fundamento del reclamo argentino ni convierte en legítimas las decisiones unilaterales de Londres.

La cuestión de las Malvinas merece una política de Estado paciente, coherente y sostenida durante décadas. Exige fortaleza económica, capacidad militar disuasoria, respaldo regional, perseverancia diplomática y una política inteligente hacia los propios isleños. Nada de eso se construye con cadenas nacionales oportunistas ni declarando decadente al adversario.

Hay, en definitiva, una causa seria encerrada dentro de un espectáculo bastante barato. El petróleo es real. La controversia también. Los supuestos “vientos de cambio”, por ahora, son apenas el aire que Donald Trump dejó escapar en una respuesta improvisada y que Milei decidió convertir en vendaval.