Correo de los Viernes - El misterio de una donación

El misterio de una donación

Viernes 2 de octubre de 2026. Lectura: 6'

El gobierno prometió seguir el destino de las 17 toneladas de leche en polvo enviadas a Cuba y aseguró después que habían llegado a 256.000 beneficiarios. Pero ahora admite oficialmente que no sabe dónde se compró el producto, quién lo proveyó ni cuánto costó. Las preguntas adquieren especial importancia ante los antecedentes de ayuda humanitaria que terminó comercializada en tiendas vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA.

La historia de las 17 toneladas de leche en polvo que Uruguay decidió donar a Cuba acaba de incorporar un capítulo difícil de explicar.

Cuando el gobierno anunció la ayuda humanitaria, las dudas surgieron inmediatamente. No porque estuviera en discusión la conveniencia de auxiliar a una población sometida a una gravísima escasez de alimentos, sino porque el destinatario institucional era un régimen caracterizado por la opacidad y porque ya existían denuncias sobre el destino de otras donaciones internacionales.

El asunto llegó al Parlamento. Allí, el diputado Juan Martín Rodríguez preguntó al canciller Mario Lubetkin si conocía una investigación de la televisión mexicana que había documentado la aparición en comercios cubanos de productos enviados por México como ayuda humanitaria. La respuesta del ministro fue entonces tranquilizadora: Uruguay esperaría una “rendición de cuentas” de las autoridades cubanas y haría un “seguimiento” del destino de la leche.

La promesa era importante. La solidaridad internacional no termina cuando un cargamento llega a un puerto. Si se envían alimentos para niños, embarazadas, hospitales, escuelas o ancianos, el país donante tiene motivos para procurar que sean precisamente ellos quienes los reciban.

El cargamento llegó a La Habana el 18 de mayo. Poco después, las autoridades uruguayas informaron que la leche sería destinada a escuelas, hospitales y hogares de ancianos.

Y, en junio, apareció la anunciada rendición de cuentas. Según informó entonces El País, la Embajada uruguaya en La Habana remitió a Cancillería información proporcionada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel según la cual las 17 toneladas habían llegado a 256.000 personas, fundamentalmente niños de entre uno y seis años y mujeres embarazadas. Lubetkin agregó que le constaba que la donación había alcanzado también a una serie de escuelas.

Hasta ahí podía discutirse el grado de independencia de una verificación basada esencialmente en información proporcionada por las propias autoridades cubanas. Pero, al menos, existía una respuesta oficial.

Ahora aparece otro misterio.

Un productor lechero, socio de Conaprole, formuló un pedido de acceso a la información pública para conocer algo bastante elemental: de dónde provenía la leche, si había sido producida en Uruguay y, en caso contrario, cuál era su origen, cuánto había pagado el Estado uruguayo y en qué condiciones había sido adquirida.

La contestación de Cancillería, firmada por el propio Lubetkin el 23 de julio, fue sorprendente: “realizadas las consultas respectivas con los servicios pertinentes, no obra en poder de esta Secretaría de Estado la información relativa a dicho requerimiento”.

Conaprole confirmó, además, que no había donado ni vendido esa leche al Estado uruguayo. Fuentes oficiales señalaron posteriormente que el producto no había sido comprado en Uruguay sino que había partido de México y que la operación se financió mediante “fondos mixtos” existentes entre ambos países. Sobre esos fondos y sobre la operación concreta no se proporcionaron mayores detalles.

La búsqueda de información tampoco encontró respuestas en Presidencia. La Dirección Nacional de Emergencias explicó que no administró la donación ni realizó la compra y que, por lo tanto, carece de antecedentes sobre “el precio, origen o proveedor de la leche en polvo”. Presidencia se amparó además en la legislación de acceso a la información para señalar que un organismo no está obligado a producir información que no posee.

La norma podrá explicar jurídicamente la respuesta. No explica políticamente cómo puede ocurrir que el Estado uruguayo haya anunciado una donación, la haya presentado como propia, haya prometido controlar su destino y meses después no pueda informar con precisión quién suministró el producto, dónde fue adquirido ni cuánto costó.

Y esas preguntas importan especialmente por los antecedentes.

Antes incluso de que partiera el cargamento uruguayo, un reportaje de TV Azteca había denunciado que productos enviados por México como ayuda humanitaria —entre ellos los llamados “Frijoles del Bienestar”— aparecían a la venta en dólares en Cuba. El caso fue recogido por distintos medios y motivó precisamente las preguntas formuladas a Lubetkin en el Parlamento.

Food Monitor Program, una organización que monitorea la seguridad alimentaria en Cuba, informó también sobre denuncias de ciudadanos que encontraron presuntamente productos provenientes de donaciones internacionales en la red comercial estatal en dólares. La organización advirtió, al mismo tiempo, que la falta de acceso público a registros de lotes, almacenes, inventarios, cadenas de custodia y beneficiarios impide una verificación independiente completa de la distribución.

El problema adquiere una dimensión adicional porque una parte importante del comercio cubano en divisas está vinculada a GAESA, el enorme conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. GAESA administra, directa o indirectamente, empresas en sectores que incluyen hoteles, puertos, supermercados, estaciones de combustible, servicios financieros y remesas. Su funcionamiento y sus cuentas están sometidos a un grado muy limitado de escrutinio público.

También hubo denuncias específicas sobre leche en polvo. La diputada uruguaya de origen cubano Leydis Aguilera sostuvo que leche de Conaprole había llegado a manos de empresas vinculadas al aparato militar cubano y era comercializada en dólares. Ya en enero se habían difundido imágenes de bolsas de 25 kilos de leche en polvo de la cooperativa uruguaya ofrecidas en Cuba por US$243. Esto, por sí solo, no demuestra que ese producto proviniera de una donación oficial uruguaya —y conviene distinguir ambas cosas—, pero contribuyó a generar las dudas que llevaron al Parlamento a reclamar garantías antes del envío.

Más recientemente, una investigación de Diario de Cuba siguió el recorrido de un cargamento de leche en polvo procedente de México hasta catálogos y establecimientos vinculados al sistema comercial controlado por GAESA, donde afirmó haber encontrado el producto a precios varias veces superiores a su costo de importación.

Por eso la discusión nunca debió reducirse a estar a favor o en contra de ayudar a los cubanos. Una población que padece escasez merece ayuda. Precisamente por eso importa saber que esa ayuda llega a quienes la necesitan.

Uruguay prometió hacerlo.

El gobierno sostiene que recibió de las autoridades cubanas una rendición según la cual las 17 toneladas llegaron a cientos de miles de beneficiarios. Pero, al mismo tiempo, cuando un ciudadano pregunta por los aspectos más elementales de la operación que permitió realizar esa donación, descubre que ni Cancillería, ni Presidencia ni el Sistema Nacional de Emergencias pueden informar quién proporcionó la leche, cuál era exactamente su origen, cuánto costó o cómo fue adquirida.

La contradicción merece una explicación completa.

Porque entre anunciar una donación y comprobar qué se compró, con qué dinero, a quién y dónde terminó existe algo que se llama rendición de cuentas. Y cuando se trata de enviar alimentos a un país donde existen antecedentes documentados y denuncias de comercialización de ayuda humanitaria dentro de circuitos estatales y militares, la trazabilidad no es un detalle administrativo.

Es una condición elemental para que la solidaridad llegue efectivamente a quienes fue destinada.