Correo de los Viernes - El ministro que olvida de su pasado

El ministro que olvida de su pasado

Edición Nº 1082 - Viernes 15 de mayo de 2026. Lectura: 4'

Por Elena Grauert

Las críticas de Gabriel Oddone a la oposición por cuestionar el Diálogo Social sobre las AFAP exponen una contradicción incómoda: mientras acusa de “temerarios” a sus adversarios, son analistas y actores del propio mercado quienes advierten sobre los riesgos fiscales y financieros de la reforma impulsada por el gobierno.

Asombrarse del presente fue la tónica del miércoles 13 de mayo, en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), cuando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, calificó a la oposición de temeraria y lo hizo con enojo.

Nadie entendió mucho que, en la charla mensual realizada en ADM, el ministro culpara a la oposición de “temeraria” por desacreditar y criticar como expropiatorias las propuestas del Diálogo Social sobre las AFAP, afirmando que las mismas conspiran contra la sostenibilidad fiscal del país.

El novel y furibundo frenteamplista Gabriel Oddone rápidamente adoptó el tic muy propio de la izquierda: “la culpa es de los otros”, diciendo que “están pasando límites que yo como analista nunca vi”. Se ve que tiene muy poca memoria: en 2002, su partido pedía el defautl y, en la pandemia, responsabilizaban al gobierno de las muertes y pedían encerrar a los uruguayos. Pero bueno, fueron otros tiempos.

Sin perjuicio de lo cual, ratificando sus propias contradicciones, luego de haber aceptado cosas inaceptables en el Diálogo Social, admitió haber destinado “varias semanas” a explicarle a inversores del exterior que la situación no era tan grave como parecía.

¿Entonces la culpa es de la oposición, que señala los errores, o de quien los cometió? Eso nos lleva a la frase: es más fácil culpar al mensajero.

Se equivoca el ministro, porque la oposición, si bien criticó fuertemente las medidas anunciadas y está en todo su derecho de hacerlo, no fue la única en advertir los riesgos. Fueron sus excompañeros de la consultora CPA Ferrere quienes alertaron que las propuestas del Diálogo Social podrían agravar el ya comprometido déficit fiscal de 2026, que enfrenta un “riesgo de incumplimiento de las metas fiscales” por un crecimiento del PIB menor al esperado. Fue la misma consultora la que advirtió que podría derivar en una suba del riesgo país y en un deterioro de la calificación crediticia otorgada por Moody’s, Fitch, S&P, DBRS y R&I.

Eso no es la oposición: son los analistas del mercado y los operadores quienes se preocupan cuando un gobierno avanza sobre la administración privada de los ahorros previsionales de los trabajadores sin claridad, lo que genera reacciones en el mercado. Y esa reacción no son dichos ni juego político; es la economía, el mercado reaccionando frente a las intromisiones del Estado.

La frustración del ministro viene, quizás, de la inexperiencia de tratar de contentar a “tirios y troyanos”: querer ser amigable con un procedimiento como el Diálogo Social —que es un invento antidemocrático que claramente no respetó los resultados en las urnas— y, por otro lado, con los mercados, a los que no se les puede dibujar una realidad, ya que reaccionan fuertemente ante el más mínimo riesgo en un mundo hipercomunicado. Y eso el economista Oddone lo sabía. No hubo error de diagnóstico; simplemente no lo quiso ver.

El riesgo país de Uruguay se mantiene en niveles bajos y el ministro lo citó como argumento: “Con un riesgo de 66 puntos básicos, está difícil decir que somos vulnerables”. Por ello, CPA Ferrere calculó que un aumento de apenas 50 puntos básicos en el spread —niveles previos a 2023— implicaría 270 millones de dólares anuales adicionales en el servicio de deuda. Eso es dinero que se pierde y no va a hospitales, escuelas ni infraestructura.

No basta con reconocer errores de comunicación. El verdadero error de fondo fue creer que una reforma de esta envergadura —contraria a lo expresado por la ciudadanía en el plebiscito de 2024—, que afecta ahorros individuales de cientos de miles de uruguayos sin demostrar beneficios concretos para ellos, podría avanzar sin consecuencias. Y esto, en un mundo especialmente sensible a los riesgos, donde la credibilidad de los Estados —particularmente en materia de deuda soberana y respeto a los derechos adquiridos— está bajo permanente escrutinio.

Por eso, quienes criticamos esta reforma lo hacemos desde la convicción de que el mejor seguro social que puede tener Uruguay es mantener su credibilidad fiscal intacta: no tocar los contratos privados, no modificar las condiciones consolidadas por más de 30 años y respetar la palabra dada. Es simple: se deben mantener las AFAP tal cual fueron diseñadas.