El laberinto de la deuda: parches y una gestión de espaldas al vecino
Viernes 20 de marzo de 2026. Lectura: 4'
Por Alicia Quagliata
Un nuevo pedido de endeudamiento millonario vuelve a exponer las debilidades estructurales de la gestión montevideana: falta de planificación, opacidad en el uso de recursos y una creciente desconexión entre la administración y las necesidades reales del vecino.
Tras tres décadas y media de administración frenteamplista, Montevideo asiste a un nuevo ejercicio de equilibrismo retórico para justificar un endeudamiento masivo. El desparpajo de Mario Bergara en su reciente entrevista en En Perspectiva no es solo una muestra de ligereza administrativa; es la confesión de un fracaso que pretenden disfrazar de “salto de calidad”. Lejos de la autocrítica, el jerarca ha decidido redoblar la apuesta en su ya conocida caza de votos en la Junta Departamental, buscando desesperadamente el cheque en blanco que hipotecará a futuras administraciones.
El actual jefe comunal admitió que busca 300 millones de dólares adicionales por fuera del presupuesto municipal, pero lo hizo con una vaguedad alarmante. No hubo un desglose técnico serio ni una explicación de por qué los ingresos millonarios que ya recibe la Intendencia no alcanzan para cubrir sus cinco supuestas prioridades: limpieza, saneamiento, pavimentación, veredas y la revitalización de la Ciudad Vieja. Bajo títulos seductores, se esconde una realidad inocultable: la incapacidad de transformar la recaudación en bienestar ciudadano.
Es necesario denunciar que la administración omite deliberadamente mencionar el Plan de Ordenamiento Territorial. Como profesional, debo recordar que Montevideo no es una hoja en blanco que se pueda dibujar según la urgencia electoral. Nuestra ciudad cuenta con una hoja de ruta técnica y legal que define cómo debe crecer y qué infraestructuras son realmente prioritarias. Este plan, integrado en el Digesto Municipal, debe alinearse obligatoriamente con la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esta ley es una norma de rango superior que exige una planificación integral y transparente. Ignorar estos instrumentos para pedir préstamos destinados a “bacheo” es una confesión de que se ha renunciado al urbanismo para pasar a la simple cosmética de campaña.
Resulta inaceptable que, contando con una de las mayores planillas de funcionarios del país —más de 8.000 empleados—, el gobierno departamental sea incapaz de gestionar estos cometidos básicos con sus propios recursos. Los fondos de los montevideanos no están yendo a las obras; se están drenando en sostener una masa salarial hipertrofiada y una estructura burocrática que no genera soluciones, sino más deuda.
¿Bajo endeudamiento respecto a qué? Los ciudadanos ya sostenemos una presión fiscal asfixiante. Pagamos Patente de Rodados para tener calles sanas, Tasa General Municipal para que la ciudad esté limpia y Tasa de Saneamiento para vivir con dignidad. Si a esto le sumamos la Contribución Inmobiliaria, el Adicional Mercantil y la millonaria recaudación por estacionamiento tarifado y fotomultas, queda claro que el dinero sobra, pero se malgasta. Pedir montos exorbitantes para mantenimiento elemental es, sencillamente, cobrarle al vecino dos veces por el mismo servicio.
El colmo del cinismo aparece en el anuncio sobre las veredas. Bergara busca sensibilizar al vecino con un discurso de “colaboración”, pero omite que el Digesto Departamental (Volumen VI) establece claramente en su normativa —reforzada en 2016— que: “La construcción, reconstrucción y conservación de las veredas (...) es de cargo de los propietarios de los inmuebles con frente a las mismas”.
La propuesta es una aberración administrativa: se pretende conseguir financiamiento externo para que la Intendencia realice la obra —suplantando la responsabilidad del privado— para luego, según palabras del propio jerarca, "pasarle la cuenta a los propietarios" en cuotas. Es decir: ya pagamos impuestos para que la comuna fiscalice y gestione; ahora se nos propone endeudarnos colectivamente para que luego, individualmente, volvamos a pagar por la misma baldosa, pero con el recargo de los intereses de una deuda externa innecesaria.
En un intento por eludir responsabilidades, él se victimiza por haber recibido una administración con deudas. Es una contradicción flagrante: si ese déficit heredado fuera producto de grandes inversiones previas, no estaríamos hoy escuchando que la ciudad necesita préstamos internacionales para comprar semáforos o tapar pozos.
A nosotros no nos engañan con malabares financieros. No es un problema de falta de crédito, sino una crisis profunda de gestión. Para salir de este laberinto de ineficiencia, no es responsable seguir avalando fideicomisos que solo sirven para financiar la improvisación. Montevideo necesita que se respete la ley, que se aplique el Plan de Ordenamiento Territorial y que se empiece a gobernar, de una vez por todas, de cara al vecino.
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