Correo de los Viernes - El juicio que desnuda al poder

El juicio que desnuda al poder

Viernes 10 de abril de 2026. Lectura: 4'

La causa contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ya no es solo un expediente penal por contratos en pandemia: es una radiografía incómoda de cómo el poder político puede degradarse cuando la urgencia se convierte en coartada.

El juicio en el Tribunal Supremo de España contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama no es, pese a su origen, un episodio más de corrupción administrativa. Es algo más perturbador: la evidencia de cómo, bajo presión extrema, el Estado puede abrir grietas por donde se filtran redes de intereses privados con acceso privilegiado a decisiones públicas.

La pandemia ofreció el escenario perfecto. Urgencia, discrecionalidad, concentración de poder y controles debilitados. Ese cóctel no solo facilitó errores: habilitó, según la acusación, un sistema de adjudicaciones dirigidas, comisiones y favores personales que operó con naturalidad en el corazón del aparato estatal. No hay aquí sofisticación estructural ni ingeniería financiera compleja. Lo que emerge es algo más rudimentario —y por eso mismo más inquietante—: relaciones personales convertidas en mecanismo de gobierno.

La presencia de un exministro en el banquillo altera la escala del problema. Ábalos no era un actor marginal: era parte del núcleo político del gobierno y figura relevante del PSOE. Por eso, el juicio no puede leerse como una desviación individual. Lo que está en juego es si esas prácticas fueron excepcionales o si, por el contrario, reflejan una cultura política tolerante con la intermediación informal, los accesos privilegiados y la confusión entre lo público y lo partidario.

Las derivaciones del caso —sobres con dinero, contrataciones de allegados, beneficios personales— no sorprenden por su novedad, sino por su familiaridad. Remiten a un repertorio clásico de la corrupción política, pero reactivado en un contexto contemporáneo y bajo la cobertura de una emergencia sanitaria.

Para el gobierno de Pedro Sánchez, el juicio representa una forma de desgaste particularmente difícil de gestionar. No hay una crisis inmediata ni una ruptura institucional. Lo que hay es algo más corrosivo: un deterioro progresivo, alimentado por la lógica misma del proceso judicial. Cada declaración añade una capa de sospecha, cada testimonio amplía el perímetro del problema y cada intento de marcar distancia choca con un dato inevitable: el principal acusado formó parte del propio gobierno. El Ejecutivo queda así atrapado en una posición defensiva estructural, incapaz de asumir responsabilidad sin costo ni de desligarse sin perder credibilidad.

Donde el impacto adquiere una dimensión crítica es en el PSOE. El caso no solo interpela a sus dirigentes; pone en cuestión sus mecanismos internos. Cuando aparecen referencias a circuitos de dinero, favores y mediaciones dentro del ecosistema partidario, la pregunta deja de ser quién hizo qué y pasa a ser cómo funcionaba el conjunto. Ese es el punto en que un caso judicial deja de ser un problema penal y se convierte en un problema político estructural.

El PSOE enfrenta así una disyuntiva sin salida limpia. Si presenta a Ábalos como un actor aislado, reconoce implícitamente que fallaron sus controles. Si evita esa ruptura, se expone a que el caso sea leído como expresión de una lógica compartida. En ambos escenarios, el daño no es solo coyuntural: es reputacional y acumulativo, y se inscribe en una memoria política donde los antecedentes pesan tanto como los hechos presentes.

Más allá de las figuras penales —cohecho, malversación, tráfico de influencias—, el proceso está revelando un modo de ejercicio del poder donde las instituciones pierden centralidad frente a redes personales. Koldo como operador informal, Aldama como intermediario privilegiado, Ábalos como decisor político. El esquema no es nuevo, pero su eficacia en un contexto de crisis revela algo más inquietante: la facilidad con la que los procedimientos formales pueden ser desplazados cuando existen incentivos y oportunidades.

El juicio terminará, eventualmente, con condenas o absoluciones. Pero el problema político no se resolverá en esa instancia. Porque lo que está en juego no es únicamente la responsabilidad penal de tres hombres, sino la credibilidad de un modo de gobernar en condiciones excepcionales. Para el gobierno, el desafío será sobrevivir al desgaste sin que derive en crisis abierta. Para el PSOE, la amenaza es más profunda: que este episodio deje de ser un hecho y pase a ser interpretado como un síntoma.

En política, las sentencias cierran expedientes. Pero las percepciones abren ciclos. Y este juicio, más que clausurar uno, parece estar inaugurando otro.