Edición Nº 1090 - Viernes 24 de julio de 2026

El invierno no tiene plazo

Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 3'

Por Alicia Quagliata

La autora analiza la estrategia del gobierno frente a la situación de calle y sostiene que, pese al anuncio de un cambio de paradigma, las cifras siguen creciendo. La verdadera medida del éxito no serán los planes proyectados hacia 2028, sino la capacidad de reducir de forma efectiva el número de personas que pasan cada invierno sin un lugar donde vivir.

El gobierno prometió cambiar el modelo de atención a la situación de calle. La calle, mientras tanto, sigue midiendo el invierno en cifras que no bajan.

Esta semana, con Uruguay bajo alerta roja por frío extremo, los partes oficiales del Sistema Nacional de Emergencias volvieron a mostrar algo que ya no sorprende: la cantidad de personas asistidas en situación de calle no deja de crecer. El 6 de julio eran 4.011. El 21, ya eran 4.150. El frío siguió siendo el mismo. El número volvió a crecer.

En abril, el gobierno había presentado con solemnidad su Primera Estrategia Nacional para abordar la situación de calle: 42 medidas, un modelo bautizado como las “tres V” —vínculo, vivienda, vida— y una frase que quedó instalada: vivir en la calle no es una opción. El problema aparece cuando miramos el calendario: la reconversión de refugios en vivienda con apoyo, la pieza que de verdad cambiaría algo, tiene un horizonte que llega hasta 2028.

Ahí está la distancia que nos debería incomodar. Un plan puede pensarse a cuatro años. El frío no. Vuelve todos los inviernos y obliga al Estado a responder, una vez más, con el mismo dispositivo que dice estar dejando atrás: refugios, alerta roja, evacuación obligatoria. Atender la emergencia está bien y hace falta. Confundir la emergencia con la solución es otra cosa.

Lo que este invierno revela no es la ausencia de un plan. Se sigue tratando la pobreza extrema como una urgencia estacional en lugar de un problema resuelto con anticipación. Un país que se precia de la calidad de sus instituciones no debería necesitar un decreto de alerta roja para saber, cada año, cuánta gente no tiene dónde vivir.

La responsabilidad no empieza en abril de este gobierno ni termina en 2028. Viene de décadas de intervenciones que, aunque sostenidas en el tiempo, no alcanzaron para cambiar esa realidad. Un gobierno que elige presentar su plan como un cambio de paradigma se pone, él mismo, la vara alta: si el paradigma cambió, tiene que notarse en los números de este invierno, no en los de 2028.

Por eso valdría la pena pedir algo simple y concreto: que el propio gobierno mida su estrategia invierno a invierno con metas públicas y verificables, y no solo con el plazo largo que le resulta cómodo. Que cada informe de alerta roja venga acompañado de otro dato: cuántas personas dejaron la calle de manera definitiva desde el invierno anterior. Ese es el número que debería bajar. Todavía no lo hace.

Un Estado se mide menos por los planes que anuncia que por los inviernos que atraviesa sin que la calle vuelva a crecer.



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