El 2 de setiembre, horas después de que el Consejo de la Facultad de Medicina sesionara sobre el ataque a puñaladas sufrido por una estudiante el día anterior, el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, compareció ante la prensa junto al decano Arturo Briva. El anuncio central fue la creación de un grupo de trabajo para asesorar al Consejo Directivo Central en nuevas medidas de prevención, a lo que se sumaron jornadas de reflexión y talleres de acompañamiento en todas las facultades. Días después, el propio Consejo resolvió encomendar a la Comisión Abierta de Equidad y Género la elaboración, en un plazo de 60 días, de un “Plan de acciones concretas”. La formulación no es un detalle menor: si hace falta encomendar para el futuro un plan de acciones concretas, es porque lo que se había anunciado hasta ese momento no lo era.

 

Cuando Cancela asumió el rectorado, en julio de 2025, sintetizó su programa en una frase que hoy vale la pena releer: “No es hora de discursos, es hora de trabajar”. Un año después, frente a la crisis más grave de su gestión, buena parte de la respuesta institucional volvió a ser discursiva: reflexionar, sensibilizar, convocar al diálogo, encuestar, capacitar. Son verbos legítimos, incluso necesarios. Pero ninguno de ellos, por sí solo, equivale a una decisión.

 

Esta vez, sin embargo, las autoridades sí tomaron una medida con peso real, aunque de signo muy distinto del que hacía falta: suspender las clases. El 4 de setiembre, el Consejo Directivo Central resolvió suspender toda actividad académica no indispensable en toda la Universidad hasta el martes 8 de setiembre inclusive. Llegado ese día, en lugar de retomar el dictado normal, el CDC extendió la suspensión hasta el sábado 12, destinó los días 9, 10 y 11 a “instancias de reencuentro, intercambio y reflexión”, y recién dispuso reanudar las clases el lunes 14. En los hechos: trece días corridos, contados desde el ataque, sin actividad curricular en toda la Universidad, no solo en la Facultad de Medicina. Casi dos semanas.

 

Es una medida desproporcionada en dos sentidos. Primero, por su alcance: afectó a decenas de miles de estudiantes de carreras ajenas al hecho, a quienes se les suspendieron las clases por un episodio ocurrido en otra facultad. Segundo, y más importante, porque esas dos semanas no se usaron para resolver lo que el propio rectorado había señalado como pendiente. El sistema de cámaras en el anexo de Medicina sigue sin definirse, porque la Facultad optó por esperar el resultado de la investigación policial antes de actuar. El sistema de “trazabilidad” que, según reconoció el propio decano Briva, la Universidad no tiene, tampoco se creó en este lapso. El tiempo se usó para reflexionar sobre el problema, no para resolverlo. Los estudiantes perdieron clases; el problema de fondo no perdió vigencia.

 

Este patrón —hablar o, en este caso, detener el calendario en lugar de intervenir sobre la causa— no es exclusivo de la Udelar. Es la gramática que el Estado uruguayo utiliza, con llamativa regularidad, frente a dos problemas estructurales que el caso de la Facultad de Medicina volvió a poner en primer plano: la salud mental y la inseguridad.

 

En salud mental, como ya hemos mencionado, la ley existe desde 2017. La Ley 19.529 ordenó el cierre de los establecimientos monovalentes —los viejos hospitales psiquiátricos de internación prolongada, como el Vilardebó— y su reemplazo por una red de atención comunitaria, con 2025 como plazo original. Ese plazo venció sin cumplirse, y en diciembre pasado se extendió hasta 2029: cuatro años más para terminar algo que ya debería estar terminado. Las jornadas de reencuentro y reflexión que la Udelar organizó durante la suspensión pueden ser, en sí mismas, un gesto de cuidado legítimo para una comunidad golpeada. Pero no sustituyen la red de atención que el país prometió construir hace nueve años y todavía no construyó. La ley nunca faltó. Lo que faltó fue la ejecución.

 

En seguridad, el patrón se repite con números todavía más duros. El Ministerio del Interior informó que, entre enero y junio de 2026, se registraron 195 homicidios en el país, un 6,6% más que en el mismo semestre de 2025, de los cuales tres de cada cuatro fueron cometidos con arma de fuego. En el mismo período bajaron las rapiñas, los hurtos y el abigeato. El ministro Carlos Negro describió la suba de homicidios como parte de un panorama de “estabilidad”. Es una elección de palabras, no una solución: la cifra sigue siendo alta y sostenida, y llamarla estable no la vuelve menos grave. Solo vuelve más fácil comunicarla sin tener que anunciar, junto con ella, una medida distinta a las que ya se venían aplicando.

 

El hilo que conecta a la Udelar con el Ministerio del Interior no es partidario ni institucional: es un hábito. Frente a un hecho que incomoda, la respuesta más disponible es vaciar el calendario o el lenguaje: reflexionemos, sensibilicemos, dialoguemos, estabilicemos, porque ninguna de esas dos cosas exige decidir, con los recursos que ya se tienen, qué se prioriza y qué se posterga. El presupuesto existe; lo que falta es la voluntad de destinarlo a lo que de verdad se anuncia resolver. Sin medidas verificables, no hay política pública. Solo hay clases perdidas y comunicados que se disuelven hasta el próximo hecho que los desmienta.