El gobierno protege a Danza y, en el camino, se lleva puesta la institucionalidad
Viernes 28 de noviembre de 2025. Lectura: 3'
 La interpelación por el caso Danza terminó sin consecuencias, como era de prever, pero dejó expuesta la degradación jurídica y política del oficialismo, que parece haber adoptado la antirrepublicana —y muy “kirchnerista”— actitud de “yo gané y por eso hago lo que quiero”.
La interpelación a la ministra Cristina Lustemberg por el caso Danza dejó al descubierto no solo una grave crisis ética, sino también el alcance —peligroso— del pragmatismo político que rige hoy en la coalición oficialista: pese a los cuestionamientos constitucionales e incluso penales.
El diputado Gerardo Sotelo (PI-CR), en su condición de interpelante, planteó con claridad la acusación central: la simultaneidad de funciones de Danza como médico en mutualistas privadas, docente universitario y presidente del principal prestador público de salud viola el artículo 200 de la Constitución —la incompatibilidad está explícita—, además de contravenir normas de ética pública. “Se busca que no se viole la Constitución. Así de sencillo y así de grave”, afirmó Sotelo.
Durante casi 15 horas de sesión, la Cámara bajó el telón sin sanción alguna. Las mociones presentadas —que incluían pedir la renuncia de Danza, declarar su gestión insostenible o exigir sanciones— fueron todas rechazadas: los números finalmente favorecieron al oficialismo, como era sencillo de prever.
La defensa gubernamental, encabezada por la Lustemberg, se apoyó en dos ejes: primero, en un dictamen favorable de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), que declaró inexistente la incompatibilidad; segundo, en la promesa —ya cumplida— de que Danza renunciaría a sus empleos privados, atribuyendo la controversia a una chicana política y no a una cuestión de de fondo. O sea, ni un atisbo de sensibilidad republicana. Para Lustemberg y el Frente Amplio en general no se trata de respetar la legalidad sino que todo se reduce a politiquería.
Pero estos argumentos de Lustemberg no desactivan los hechos: 1) el dictamen de la JUTEP, es harto sabido, fue de naturaleza política, en franca contradicción con el informe técnico jurídico de la sala de abogados del propio organismo, como es harto sabido; 2) Danza ejerció durante meses cargos incompatibles y cobró sueldos privados y 3) se colocó en posición de incompatibilidad constitucional y legal. Es más, como dejó en claro el diputado Sotelo, Danza votó en el directorio de ASSE decisiones —que luego llevaron su firma— en relación al vínculo de ASSE con prestadores de salud privados que son su empleadores o que son competidores con sus empleadores. Por ejemplo, rescindió el convenio con el Círculo Católico, cuando “estaba inhibido por el código de ética en la función pública de hacerlo”, como señaló certeramente Sotelo. ¡Precisamente aquello que el art. 200 de la Constitución busca evitar!
Tras el desenlace en la Cámara, la Coalición Republicana calificó el resultado como un “quiebre institucional irreversible” y acusó a Lustemberg y al gobierno de complicidad con un flagrante incumplimiento de la Constitución. Por ello la persistencia de Danza al frente de ASSE es una señal del desprecio por los principios de ética pública, transparencia y respeto por la ley.
Lo sucedido confirma que en el actual gobierno la legalidad puede replegarse cuando conviene, y la palabra institucional pierde peso frente al cálculo político menor. Lo que estaba en juego no era solo la idoneidad de un funcionario, sino la credibilidad de las instituciones del Estado.
Y eso, más allá del destino personal de Danza —una anécdota irrelevante—, la actitud del oficialismo representa una herida profunda a los principios de responsabilidad pública y de legalidad y, en definitiva, una grave lesión al Estado de Derecho.
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