Correo de los Viernes - El giro “antichorro” que llega tarde

El giro “antichorro” que llega tarde

Viernes 27 de marzo de 2026. Lectura: 4'

Durante décadas, la izquierda uruguaya explicó la delincuencia casi exclusivamente desde lo social. Hoy, desde el propio oficialismo, ese enfoque comienza a ser revisado: la pobreza deja de operar como coartada y emerge, tardíamente, un discurso más firme frente al delito.

Durante años, el discurso dominante en buena parte de la izquierda uruguaya sobre la inseguridad tuvo una constante: la explicación social como eje casi excluyente. La delincuencia era, en esa narrativa, una consecuencia directa —y casi inevitable— de la pobreza, la exclusión o las fracturas estructurales. La respuesta, por tanto, debía ser esencialmente social. La coerción estatal, en cambio, aparecía como un recurso incómodo, casi sospechoso.

Ese marco conceptual no fue marginal. Fue doctrina.

El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó en reiteradas ocasiones esa lógica. No se trataba —decía— solo de qué hacía la Policía, sino de “qué hace la sociedad para que existan menos delincuentes”. La inseguridad, en ese enfoque, no podía entenderse sin el trasfondo social, económico y cultural. Incluso cuando reconocía la necesidad de acción policial, lo hacía subordinándola a un diagnóstico más amplio, donde el delito era síntoma antes que causa.

Sin embargo, con el correr del tiempo, la realidad comenzó a erosionar esa construcción teórica. El propio Bonomi terminó admitiendo —ya avanzado su ciclo— que había un “error ideológico” en suponer que la Policía debía retraerse para evitar estigmatizar territorios o poblaciones. Aquella frase condensó un punto de inflexión: el reconocimiento, aunque parcial, de que el problema no se resolvía solo con políticas sociales ni con interpretaciones sociológicas del delito.

En paralelo, dentro del propio Ministerio del Interior, comenzaron a aparecer señales aún más explícitas. El episodio de Casavalle, protagonizado por Gustavo Leal, entonces director de Convivencia, es ilustrativo. Increpado por ocupantes desalojados que lo acusaban de “antichorro”, Leal respondió sin matices: “Sí, soy antichorro”. No era solo una reacción circunstancial. Era, en los hechos, una ruptura simbólica con el lenguaje y los reflejos tradicionales de su propio espacio político.

Porque lo que estaba en juego no era una palabra. Era una definición.

Durante años, buena parte de la izquierda evitó colocarse con claridad del lado de la víctima frente al victimario, temerosa de quedar asociada a discursos “punitivistas”. El resultado fue, muchas veces, una ambigüedad que la ciudadanía percibió como indulgencia. El delincuente aparecía contextualizado; la víctima, en cambio, quedaba diluida en el análisis estructural.

Hoy, esa ambigüedad empieza a resquebrajarse desde el propio oficialismo.

Las recientes afirmaciones del secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, marcan un punto de llegada —y, a la vez, un reconocimiento implícito de error. En el nuevo discurso, la pobreza ya no opera como coartada moral para el delito. La izquierda, según se admite, ha debido asumir que el vínculo entre exclusión y criminalidad no puede derivar en justificación ni en indulgencia.

El cambio no es menor. Supone abandonar una narrativa que durante décadas funcionó como marco interpretativo dominante. Supone, también, aceptar que el delito tiene una dimensión de responsabilidad individual que no puede ser absorbida por el contexto social.

En otras palabras: que comprender no es justificar.

El propio Sánchez, al reconocer que la seguridad es hoy “el primer problema” de la ciudadanía y que los resultados aún son insuficientes , parece asumir que la respuesta política no puede seguir atrapada en categorías que la realidad desbordó hace tiempo.

Pero ese giro, aunque relevante, llega tarde.

Durante años, el discurso cuasi justificatorio de la delincuencia no solo condicionó la acción estatal, sino que también moldeó una cultura política reticente a ejercer con claridad el monopolio legítimo de la fuerza. La consecuencia fue una brecha creciente entre la percepción ciudadana y el relato oficial. Mientras la inseguridad escalaba, el lenguaje seguía atado a categorías explicativas que no ofrecían soluciones inmediatas.

Hoy, cuando desde el propio oficialismo se reivindica una postura más firme, el cambio aparece menos como una evolución natural que como una rectificación forzada por la evidencia.

La realidad, una vez más, terminó imponiéndose sobre la ideología.

Y deja una lección incómoda: no todo error político es meramente discursivo. Algunos tienen efectos concretos, acumulativos y persistentes. La inseguridad en Uruguay —con su complejidad y sus múltiples causas— es uno de ellos.

La izquierda empieza ahora a decir lo que durante años evitó.

La pregunta es cuánto costó llegar hasta ahí.