Correo de los Viernes - El espacio común no se conquista con pintura ni pegotes

El espacio común no se conquista con pintura ni pegotes

Viernes 13 de febrero de 2026. Lectura: 3'

Por Santiago Torres

En una columna titulada “La ciudad y el espacio común: elogio del desacuerdo” y publicada en la diaria el pasado 6 de febrero, Eugenia González y Agustina Rodríguez Tabacco plantean una defensa conceptual de las intervenciones urbanas —pintadas, grafitis, pegatinas— como expresiones legítimas del desacuerdo político y estético. La tesis sugiere que la ciudad no debe ser un espacio homogéneo ni disciplinado, sino un territorio atravesado por marcas visibles del conflicto social. El problema no es reconocer que la ciudad es escenario de tensiones. El problema es naturalizar que esas tensiones se expresen mediante la ocupación física unilateral del muro ajeno.

Ese es el punto central: pintar o pegar en muros sin autorización es intrínsecamente autoritario.

Las autoras parecen asumir que el espacio urbano es una superficie disponible para la expresión individual o colectiva. Sin embargo, la ciudad está compuesta por bienes privados y públicos que tienen titulares, responsables y reglas de uso.

Cuando alguien interviene una fachada sin consentimiento, está ejerciendo una forma de imposición material. No importa si el mensaje es político, artístico o poético: el acto consiste en modificar la propiedad de otro sin autorización. Eso no es deliberación democrática; es vulneración de un derecho.

Incluso en el caso de bienes públicos, la cuestión no cambia sustancialmente. Lo público no significa “de nadie”: significa de todos, administrado bajo normas. Alterarlo sin reglas compartidas implica arrogarse una potestad que no fue conferida.

La romantización del grafiti como forma de resistencia omite un dato básico: en la práctica, la proliferación de pintadas y pegatinas genera deterioro, costos de mantenimiento, conflictos vecinales y sensación de abandono. Diversos análisis urbanos han advertido que la normalización de estas prácticas termina degradando el espacio común y desincentivando la inversión y el cuidado colectivo.

El desacuerdo político es saludable. Pero el desacuerdo que se expresa dañando el soporte físico común o privado no fortalece la democracia: la erosiona. Porque sustituye la argumentación por la ocupación.

Uno de los equívocos más frecuentes en este debate es confundir libertad de expresión con libertad de intervención material. La libertad de expresión protege ideas, opiniones y manifestaciones simbólicas; no ampara la apropiación de bienes ajenos.

Si el criterio fuera que toda causa legítima autoriza a pintar muros, la ciudad se convertiría en una competencia de imposiciones visuales. No habría pluralismo, sino saturación. No habría conversación, sino ruido.

La democracia urbana exige reglas claras para canalizar expresiones artísticas y políticas: murales autorizados, espacios designados, convocatorias públicas. Lo contrario no es espontaneidad liberadora; es una forma de autoritarismo difuso que normaliza la transgresión permanente.

Suárez y Gadea reivindican el “espacio común” como ámbito de fricción. Pero el espacio común solo puede sostenerse si hay límites compartidos. La ciudad no es un lienzo neutro ni una pizarra colectiva donde cualquiera escribe sin consecuencias. Es un entramado de derechos, deberes y responsabilidades.

Convertir la intervención no autorizada en gesto emancipador es ignorar que toda acción material sobre el entorno afecta a otros. Y cuando esa afectación se produce sin consentimiento, el desacuerdo deja de ser diálogo para convertirse en imposición.

Lo más triste es que las autoras no sólo no lo advierten sino que entienden que restaurar un muro pintarrajeado es lo verdaderamente autoritario y no pintarrajeo. “En este punto, la idea de «embellecer» la ciudad deja de ser inocente y se vuelve una pregunta política. ¿Quién define qué es lo lindo? ¿Acaso la idea de una «ciudad linda» no es ideológica? ¿Por qué molesta un grafiti y un cartel publicitario no? ¿Qué buscamos realmente cuando imaginamos una ciudad más bella? ¿Borrar un grafiti no es acaso un modo de ejercer poder en el espacio público?”, señalan sin advertir lo que dicen. ¿No se dan cuenta que el cartel publicitario se coloca con consentimiento y el grafiti no, esa sí una verdadera imposición?

El elogio del desacuerdo es valioso cuando fortalece el debate público. Pero cuando se traduce en pintura o pegote sobre muros ajenos, pierde su carácter deliberativo y adquiere una dimensión autoritaria.

La democracia necesita más discusión y menos aerosol.