Correo de los Viernes - El enchastre personal como método

El enchastre personal como método

Edición Nº 1099 - Viernes 25 de setiembre de 2026. Lectura: 9'

La Fiscalía archivó la denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública contra José Luis Satdjian y concluyó que el exsubsecretario no cometió delito alguno. Desde los tres partidos que integran la Coalición Republicana se cuestionó una denuncia que, entretanto, ya había producido sus efectos políticos y reputacionales. El episodio tiene un inquietante paralelo con lo que está ocurriendo con Jorge Gandini y su esposa: sus nombres fueron asociados públicamente a una causa de lavado pese a que, según informó la propia Fiscalía, las pericias realizadas no habían aportado elementos para involucrar a ninguna otra persona fuera de quienes fueron condenados.

La denuncia había sido presentada el 28 de agosto por el Ministerio de Salud Pública contra José Luis Satdjian, exsubsecretario de la cartera y actual diputado nacionalista. El motivo era su intervención, el 9 de setiembre de 2022, en el trámite que permitió un convenio de complementación de servicios entre ASSE y el Círculo Católico.

La tesis del ministerio encabezado por Cristina Lustemberg era que Satdjian había firmado un oficio sin disponer de una delegación expresa del entonces ministro Daniel Salinas, quien ese día se encontraba en funciones. A partir de una investigación administrativa, la Dirección de Servicios Jurídicos del MSP recomendó formular una denuncia penal por supuestos “hechos con apariencia delictiva”, que finalmente fue presentada ante Fiscalía.

Satdjian sostuvo desde el comienzo algo diferente. Salinas se abstenía de intervenir en asuntos vinculados al Círculo Católico debido a su relación profesional anterior con esa institución y, además, lo que el subsecretario había firmado no era una resolución ministerial que adoptara una decisión de fondo, sino un oficio mediante el cual se comunicaba el informe favorable elaborado por los servicios técnicos del MSP.

Antes incluso de que se presentara la denuncia penal, informes jurídicos difundidos públicamente habían respaldado la actuación de Satdjian y entendido que el documento firmado constituía un acto de trámite.

Ahora se conoce la conclusión del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3^.er Turno, Gilberto Rodríguez. Y es particularmente categórica.

La Fiscalía entendió que “no se han identificado rasgos de arbitrariedad” en la actuación de Satdjian y sostuvo que la firma cuestionada no determinó un ejercicio abusivo de la función ni un acto arbitrario, sino que se limitó al cumplimiento de tareas propias de los jerarcas de gobierno. La conclusión fue terminante: Satdjian “no ha cometido delito alguno y particularmente el abuso de funciones”.

No fue, por tanto, simplemente el archivo de una investigación porque la prueba disponible resultara insuficiente para avanzar. El fiscal examinó la conducta que había provocado la denuncia y concluyó que no configuraba delito.

La encargada de anunciar el desenlace fue, curiosamente, la propia ministra Lustemberg. En una entrevista con Sin piedad, de VTV, dijo: “Por lo que sé, hace unas horas, se archivó”. Y agregó que la Fiscalía había investigado y no había encontrado ninguna irregularidad que ameritara intervención judicial.

Cuando Satdjian le reclamó una disculpa pública por haber intentado “ensuciar” su nombre, la ministra se negó. “No, no tengo nada que disculparme. Estoy haciendo mi trabajo”, respondió. Añadió que la Fiscalía había analizado los antecedentes y concluido que los hechos denunciados no constituían delito ni otra irregularidad desde el punto de vista de la Justicia.

Y aquí aparece el problema que trasciende el expediente administrativo y alcanza de lleno a las prácticas políticas desleales.

Una denuncia penal contra una figura pública tiene un impacto inmediato. Produce titulares, genera sospechas, permite hablar de posibles delitos y coloca al denunciado en la obligación de explicar su conducta. La noticia del archivo posterior —aun cuando sea tan terminante como en este caso— difícilmente tenga idéntica capacidad para reparar el perjuicio producido.

Eso es precisamente una maniobra de enchastre.

Satdjian sostuvo que mediante una “canallada” se había pretendido desacreditar su trabajo y reclamó a la ministra que se disculpara por haber intentado ensuciar su nombre.

La reacción trascendió largamente al propio interesado.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, señaló que el archivo era el desenlace que esperaba desde el primer día y reclamó que quienes promovieron una acusación de esa magnitud dieran explicaciones y asumieran su responsabilidad: “En política no vale todo”.

Martín Lema sostuvo que se había intentado “ensuciar a una persona intachable” y calificó el episodio como una “canallada de patas cortas”. Javier García afirmó que “la verdad siempre le gana a la canallada” y reclamó a Lustemberg una disculpa por el daño personal y familiar ocasionado.

Pero es particularmente significativo que las reacciones se extendieran a los tres partidos que hoy coordinan su acción en la Coalición Republicana.

Desde el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani calificó lo ocurrido como “una burda canallada”. Desde el Partido Independiente, Pablo Mieres expresó que nunca había tenido dudas sobre la actuación del exsubsecretario: “Se hizo lo que correspondía”.

Después de que durante semanas Satdjian quedara públicamente asociado a una eventual conducta delictiva, el fiscal estableció que no existió arbitrariedad y que no había cometido delito alguno.

El caso de Jorge Gandini muestra por estos días una situación diferente en sus circunstancias, pero que presenta similitudes en el mecanismo de exposición pública.

Pablo Leiva, asesor de un edil nacionalista perteneciente al sector político de Gandini, fue condenado en la Operación Trazador por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Fiscalía informó oficialmente que fue una de las tres personas condenadas en el marco de una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos.

A partir de allí comenzó a vincularse públicamente el caso con Jorge Gandini y con su esposa, Laura Scalabrino, propietaria de un local de cobranzas al que Leiva concurría.

Gandini explicó públicamente que Leiva era un cliente antiguo del comercio y que allí pagaba facturas correspondientes a dos empresas de construcción. Negó que él, su esposa o las empleadas del establecimiento hubieran tenido conocimiento de una actividad ilícita y puso a disposición de Fiscalía tanto la documentación como las cámaras y registros del local.

Pero entretanto comenzó nuevamente la fase del señalamiento público.

Un ejemplo particularmente ilustrativo fue el pronunciamiento de la diputada del MPP Julieta Sierra.

“Lo de Gandini es alarmante”, escribió. Dijo que intentaba mantener “prudencia y cautela”, pero inmediatamente agregó que, “casualmente”, un asesor de un edil perteneciente a la lista de Gandini “lavaba dinero exactamente en la casa de cambio que está a nombre de su esposa”. Finalmente anunció que estaban atentos a los acontecimientos y que eventualmente impulsarían acciones legislativas y políticas.

La formulación merece detenerse en ella porque refleja con singular claridad método del enchastre personal.

Sierra comienza invocando prudencia y cautela, pero en la frase siguiente da por probado algo mucho más grave de lo que hasta ese momento había establecido la investigación: no se limita a decir que el condenado concurría al comercio de la esposa de Gandini, sino que afirma que allí “lavaba dinero”.

La diferencia no es semántica.

Que una persona posteriormente condenada por lavado haya utilizado un local de cobranzas para pagar facturas constituye un hecho que puede y debe ser investigado. Otra cosa muy distinta es afirmar que ese establecimiento era el lugar donde “lavaba dinero”, formulación que inevitablemente proyecta una sospecha sobre el comercio y, por extensión, sobre su propietaria.

Y la información oficial disponible caminaba precisamente en sentido contrario a cualquier conclusión apresurada.

El 23 de setiembre, la Fiscalía General de la Nación realizó una precisión inequívoca: todos los teléfonos celulares incautados en la Operación Trazador habían sido debidamente periciados, la información obtenida había sido incorporada a la carpeta investigativa y había sido tenida en cuenta por el equipo fiscal. Agregó que, al momento de la audiencia que terminó con las condenas, “del contenido de la carpeta de investigación no surgían elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado de activos, más allá de los ya condenados”.

No surgía, por tanto, de esa carpeta ningún elemento para involucrar a Gandini. Tampoco a su esposa.

Fiscalía dejó correctamente abierta la posibilidad de que, si aparecieran posteriormente elementos nuevos capaces de relacionar a otras personas con esos hechos, fueran puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Es exactamente lo que corresponde: investigar si existe evidencia.

Pero investigar si aparecen nuevos elementos es una cosa. Presentar públicamente como ocurrido aquello que todavía no está acreditado es otra muy distinta.

El contraste se vuelve todavía más llamativo porque, dentro del propio Frente Amplio, hubo dirigentes que reclamaron precisamente la prudencia que Sierra decía ejercer.

Fernando Pereira, presidente del FA, sostuvo que el episodio debía investigarse y que había que determinar hasta dónde podía conducir la investigación, pero advirtió expresamente contra el prejuzgamiento. Señaló incluso que no correspondía reaccionar “a la velocidad de Twitter” y que las investigaciones sobre lo ocurrido debía realizarlas Fiscalía y no un partido político. Precisamente, reaccionar “a la velocidad de Twitter” fue lo que hizo la diputada Sierra.

Esa diferencia de actitudes es relevante.

Una democracia saludable exige que cualquier sospecha fundada sea investigada, cualquiera sea el partido al que pertenezcan las personas involucradas. Pero también exige que la investigación preceda a la condena pública y no al revés.

Porque el método denunciado por dirigentes de la Coalición Republicana funciona de otra manera: primero se instala el nombre, luego la sospecha y finalmente la asociación entre ambos. Si después la investigación demuestra que no había delito —como acaba de ocurrir con Satdjian— la noticia del archivo nunca consigue recorrer exactamente el camino inverso. El nombre ya quedó unido a la acusación.

Satdjian ofrece un ejemplo acabado del problema.

Se denunció públicamente la posible existencia de hechos delictivos. La denuncia fue noticia. El dirigente debió defenderse. Semanas después, Fiscalía concluyó no solamente que no correspondía acusarlo, sino que no hubo arbitrariedad y que “no ha cometido delito alguno”. La ministra que promovió la denuncia respondió que no tenía nada por lo cual disculparse.

En Gandini el proceso todavía se encuentra en otra etapa, pero el mecanismo enchastre ya comenzó a funcionar de mismo modo.

Su nombre y el de su esposa fueron arrastrados hacia una causa penal en la que ninguno de los dos fue ni indagado ni condenado y en cuya carpeta, según la información oficial de Fiscalía conocida hasta ahora, no aparecieron elementos que permitieran vincularlos con actividades de lavado.

Y, sin embargo, una diputada oficialista ya puede proclamar, muy suelta de cuerpo, que lo de Gandini es “alarmante” y afirmar que el dinero se lavaba “exactamente” en el comercio de su esposa.

La Justicia debe investigar todo lo que corresponda. Lo que no corresponde es invertir la carga de la prueba y exigir que una persona demuestre su inocencia frente a una sospecha que otros instalaron públicamente sin que la investigación hubiera proporcionado elementos para sostenerla.

Ese es el verdadero peligro del procedimiento que la oposición identifica como política del enchastre: no necesita conseguir una condena judicial. Le alcanza con conseguir una condena anticipada en la opinión pública.

Después puede llegar el archivo.

Pero para entonces el daño ya está hecho.