El elefante en el bazar
Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 5'
 Los sucesivos tropiezos del gobierno de Yamandú Orsi no pueden atribuirse únicamente a errores de comunicación. Desde las contradicciones entre jerarcas hasta el manejo del affaire de los vehículos presidenciales, pasando por anuncios desmentidos por el propio equipo económico, la acumulación de episodios revela un problema más profundo: la ausencia de un rumbo político claro que ninguna estrategia comunicacional puede disimular.
Desde su asunción, el gobierno del presidente Yamandú Orsi parece haberse instalado en una dinámica tan persistente como preocupante: la de una sucesión de episodios que, lejos de proyectar una imagen de conducción firme y rumbo claro, terminan configurando una verdadera comedia de enredos, en que vemos un elefante en un bazar que no deja estantería sin derribar.
Los voceros oficiales suelen atribuir estas dificultades a problemas de comunicación. Es una explicación cómoda. También insuficiente. Porque cuando los tropiezos se repiten con semejante frecuencia y afectan áreas tan diversas de la gestión, la comunicación deja de ser la causa para convertirse apenas en el síntoma visible de un problema mucho más profundo: la ausencia de una dirección política clara y consistente.
La diferencia no es menor. Los problemas de comunicación pueden corregirse mediante mejores estrategias, voceros más eficaces o procedimientos más ordenados. La falta de rumbo político, en cambio, no admite soluciones cosméticas. Ninguna campaña de comunicación puede suplir aquello que la conducción política no logra definir.
Los ejemplos se acumulan.
Lo vimos en la innecesaria demora para remover jerarcas involucrados en situaciones incompatibles con la responsabilidad pública. En más de una oportunidad, el gobierno optó primero por respaldarlos, relativizar los cuestionamientos o ganar tiempo, para terminar adoptando semanas después las mismas decisiones que desde el inicio parecían inevitables.
Lo vimos también en la gestión errática del caso Cardama, donde las señales contradictorias, las rectificaciones y las explicaciones sucesivas terminaron generando más interrogantes que certezas.
Lo vimos en el episodio de la Biblioteca Nacional. Con bombos y platillos se anunció una ambiciosa reforma edilicia que rápidamente fue presentada como un proyecto emblemático. Sin embargo, casi de inmediato quedó en evidencia que no existían recursos presupuestales previstos para semejante emprendimiento en un contexto de reconocida fragilidad fiscal. El desmentido proveniente del propio equipo económico fue tan contundente como revelador.
Y hay muchos otros.
Pero si existe un episodio que resume como pocos esta dinámica de improvisación, contradicciones y manejo defectuoso de las crisis, es el relacionado con el affaire de los vehículos utilizados por el presidente de la República.
No ingresaremos aquí en los detalles del asunto. Son ampliamente conocidos por la opinión pública y han sido exhaustivamente abordados por los medios. Tampoco parece necesario abundar en ellos hasta por una cuestión de elemental pudor institucional.
Lo relevante es que la secuencia completa constituye una verdadera guía de todo aquello que no debe hacerse cuando está en juego la investidura presidencial.
A la confusión inicial siguieron explicaciones parciales, versiones contradictorias, información relevante que apareció posteriormente a través de investigaciones periodísticas y una sucesión de aclaraciones que, lejos de cerrar la discusión, la mantuvieron abierta durante días. Cada nueva revelación colocó al presidente en una posición más incómoda que la anterior.
A ello contribuyeron algunos de sus defensores más visibles. Tanto el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, como el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, parecieron por momentos competir por quién ofrecía la explicación más patética (y peripatética). Lejos de proteger la figura presidencial, terminaron agravando el daño político y alimentando la controversia.
Pero hay también una responsabilidad que corresponde al propio presidente. Porque invariablemente compareció tarde, siempre detrás de los hechos, y cuando finalmente lo hizo, tendió a minimizar situaciones cuya sensibilidad institucional exigía precisamente lo contrario.
Todo ello era perfectamente evitable. Una explicación completa, clara y exhaustiva desde el primer momento seguramente habría mitigado considerablemente el impacto político del asunto. Habría protegido mejor la investidura presidencial y, con ella, la imagen institucional del país. En cambio, la administración gradual y defectuosa de la información terminó multiplicando los costos.
Más aún cuando el episodio ha trascendido fronteras y comienza a generar una repercusión internacional tan innecesaria como embarazosa para Uruguay.
Coincidimos con el planteo formulado por el senador Pedro Bordaberry en cuanto a que, por consideración hacia el Uruguay, sus instituciones y por respeto a la figura presidencial, no es buena cosa alimentar indefinidamente esta controversia.
Pero el primero que debe comprender esa necesidad es el propio presidente de la República y su entorno inmediato. La forma más eficaz de cerrar un episodio institucionalmente dañino nunca es el silencio, ni la minimización frívola, ni las explicaciones fragmentarias. Es la claridad. Y, por sobre todo, la seriedad.
Desde estas páginas no contribuiremos a avivar el incendio. Los lectores advertirán fácilmente la deliberada sobriedad de estas líneas. No porque falten motivos para la crítica, sino precisamente porque la gravedad institucional del asunto exige evitar toda tentación de oportunismo.
De hecho, la oposición ha mostrado hasta ahora una cautela llamativa para los estándares habituales de la política en cualquier parte del mundo. Es en el propio oficialismo desde donde ha surgido esta operación política, no desde la oposición, que ha actuado con una prudencia más que considerable.
Por eso el problema de fondo vuelve a ser el mismo con el que comenzamos.
No estamos ante una serie aislada de errores comunicacionales. Estamos ante una acumulación de episodios que revelan dificultades más profundas de conducción política. Cuando las contradicciones se multiplican, cuando los anuncios son desmentidos por integrantes del mismo gobierno, cuando las crisis se administran siempre a destiempo y cuando las explicaciones cambian según avanzan los acontecimientos, el problema deja de ser comunicacional.
Es un problema de rumbo.
Y ningún asesor de prensa, ningún relato y ninguna estrategia comunicacional podrán cargar indefinidamente con esa mochila.
La autoridad política se construye mediante coherencia, previsibilidad y liderazgo. Son atributos que no se improvisan y que tampoco pueden tercerizarse.
Uruguay necesita un gobierno que comunique mejor, ciertamente. Pero necesita, antes que nada, un gobierno que sepa con claridad hacia dónde va. Porque cuando falta esa brújula, la comunicación termina convirtiéndose apenas en el esfuerzo desesperado por explicar lo inexplicable.
Y esa es una tarea condenada al fracaso.
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