Correo de los Viernes - El desafío de no retroceder

El desafío de no retroceder

Viernes 26 de setiembre de 2025. Lectura: 3'

Por Ruth Furtenbach

La educación no es un gasto: es la inversión que sostiene la igualdad y la libertad de toda sociedad.

La noticia de que más de 3.100 niños y adolescentes perdieron la Asignación Familiar–Plan de Equidad por no asistir a clases revela una problemática extremadamente preocupante, ya que no se trata tan solo de un subsidio suspendido. Es la señal de un retroceso educativo en un país que hizo de la escuela pública, gratuita, laica y obligatoria uno de los pilares de su desarrollo.

Como uruguayos, siempre nos hemos enorgullecido de nuestra tradición educativa, siendo desde finales del siglo XIX una de las características que nos diferenció del resto de América Latina y nos acercó a los estándares europeos. Esa apuesta se consolidó con el Estado batllista, que entendió la educación no solo como un derecho individual, sino como un motor de integración social y de construcción republicana.

Con ese mismo espíritu surgieron las asignaciones familiares, concebidas como un mecanismo de protección a la infancia y apoyo a los hogares trabajadores. Lo que comenzó en la práctica privada y de algunas instituciones públicas se consolidó con la primera ley N.º 10.449 de Consejos de Salarios, durante el gobierno de Juan José de Amézaga. Fue una política profundamente batllista, con la finalidad de igualar hacia arriba, dar más oportunidades a quienes menos tenían, ofreciendo a todos el mismo punto de partida y reforzando la idea de que el bienestar colectivo empieza por el cuidado de los niños.

Actualmente, a más de 80 años de aquella legislación pionera, el sistema de asignaciones familiares sigue vigente. Con modificaciones y ajustes, continúa siendo una herramienta para reducir desigualdades y asegurar que la infancia tenga un piso mínimo de dignidad. Sin embargo, el vínculo entre educación y protección social atraviesa un momento delicado. El hecho de que 600 de los desvinculados sean menores de 10 años resulta alarmante. No se trata solo de perder un beneficio económico, sino de niños que pierden aprendizajes, socialización, hábitos de convivencia y, por sobre todo, la posibilidad de construir su libertad a través de la educación.

Nos encontramos frente a la expresión de un sistema social en tensión. Por un lado, adolescentes que encuentran en el trabajo una salida más inmediata que la escuela; por otro, familias atravesadas por la pobreza y la desestructuración; y un Estado que, a pesar de los esfuerzos de asistencia y revinculación, no logra llegar a todos.

En las primeras décadas del siglo XX, el batllismo supo leer los desafíos de su tiempo y dar respuestas estructurales: salario mínimo, seguridad social, consejos de salarios, educación universal, entre otros. Hoy, el desafío es de la misma magnitud. No alcanza con suspender asignaciones ni con “buscar caso a caso”, como manifestó el actual presidente de la ANEP, sino que se trata de reconstruir un entramado de políticas que aseguren que ningún niño quede fuera del sistema educativo. En este marco, también nos preocupa y sorprende que en la ley de presupuesto se proyecte un recorte a la UTEC, institución creada justamente para ampliar oportunidades de formación en el interior del país.

El gran reto de nuestro país, más allá de la coyuntura, es no retroceder en aquello que construyó su identidad: la convicción de que la educación es el camino para la igualdad y, al mismo tiempo, la llave de la libertad. Si permitimos que miles de niños crezcan fuera de las aulas, habremos debilitado no solo su futuro personal, sino también la base misma de nuestra democracia.