Correo de los Viernes - El derecho a no estar de acuerdo

El derecho a no estar de acuerdo

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 3'

Por Angelina Rios

Se puede compartir una causa y discrepar sobre cómo defenderla. Se puede apoyar un reclamo y cuestionar una ocupación. La democracia también consiste en garantizar que quien piensa distinto pueda expresarlo sin sentirse señalado por hacerlo. Lo ocurrido en el IPA vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que trasciende el conflicto educativo: cuánto espacio dejamos realmente para el desacuerdo.

Una estudiante del Instituto de Profesores Artigas manifestó públicamente su rechazo a las ocupaciones que se vienen realizando en centros de formación docente. Posteriormente, denunció haber recibido mensajes de hostigamiento y llegó a plantearse una posibilidad extrema: dejar de estudiar.

El episodio aún debe analizarse a la luz de sus circunstancias concretas y corresponde actuar con cautela. Una denuncia individual no puede convertirse automáticamente en una acusación contra un centro de estudiantes ni contra quienes participaron de las ocupaciones.

Pero tampoco debería pasar inadvertida la pregunta que deja planteada.

Porque hay un aspecto de este caso que resulta particularmente significativo: la discrepancia no estaba necesariamente en el fondo del reclamo.

La estudiante manifestó compartir el rechazo a la resolución de la Administración Nacional de Educación Pública que originó las movilizaciones, vinculada a la titulación de determinados docentes en ejercicio mediante la acreditación de saberes. Su diferencia estaba en el método elegido para protestar.

Es decir, se podía coincidir en qué reclamar y, al mismo tiempo, discrepar sobre cómo hacerlo.

Y quizás sea precisamente ahí donde comienza el verdadero ejercicio del pluralismo.

Las organizaciones estudiantiles tienen derecho a organizarse, reclamar, movilizarse y defender sus posiciones. La protesta forma parte de la democracia y ha sido históricamente una herramienta para conquistar derechos y colocar problemas en la agenda pública.

Pero exactamente por la misma razón debe existir el derecho a no acompañarla.

No todos los que comparten una causa tienen que compartir también la forma de defenderla.

Una comunidad educativa no puede funcionar bajo la lógica de que existe una única posición legítima. Mucho menos cuando estamos hablando de instituciones destinadas precisamente a formar docentes que mañana tendrán frente a sí a adolescentes con ideas, historias, convicciones y formas de ver el mundo diferentes.

El asunto, entonces, deja de ser solamente la ocupación del IPA.

La discusión pasa a ser cómo procesamos el desacuerdo.

En los últimos años hemos aprendido a defender con mucha fuerza el derecho a expresarnos. Quizás hemos avanzado menos en una tarea bastante más difícil: aprender a escuchar aquello que no queremos escuchar.

Porque la tolerancia resulta sencilla cuando quien habla piensa como nosotros. La verdadera prueba aparece cuando sucede lo contrario.

Aceptar el disenso no significa renunciar a las convicciones propias. Tampoco significa que todas las posiciones tengan necesariamente el mismo valor. Significa comprender que una sociedad plural necesita reglas de convivencia que permitan discutir, incluso con dureza, sin transformar al adversario circunstancial en alguien a quien se deba apartar o señalar.

Y esto no sucede solamente en los centros educativos.

Sucede en los sindicatos. En los partidos políticos. En las organizaciones sociales. En el Parlamento. En las redes sociales. Incluso dentro de grupos que comparten objetivos y valores.

Cada vez con mayor frecuencia las discusiones parecen dividirse entre quienes están “de un lado” y quienes están “del otro”. Y dentro de esa lógica queda poco espacio para los matices.

Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de decir “no estoy de acuerdo”. Pero necesita algo más difícil todavía: comunidades capaces de escuchar esa frase sin considerar inmediatamente enemigo a quien la pronuncia.

La educación tiene, por eso, una responsabilidad especial. Es uno de los primeros espacios donde aprendemos que vivir en comunidad significa encontrarnos también con personas que no piensan como nosotros.

El compañero que discrepa sigue siendo compañero.

Y aquí bien vale preguntarnos: ¿somos realmente tolerantes cuando el otro piensa distinto?

La calidad de una democracia no se mide solamente por la libertad con la que una mayoría puede expresar sus convicciones. También se mide por la tranquilidad con la que alguien, estando en minoría, puede mirar a los demás y decir simplemente: “No estoy de acuerdo”.