Correo de los Viernes - El delirio industrialista de Cardona

El delirio industrialista de Cardona

Edición Nº 1082 - Viernes 15 de mayo de 2026. Lectura: 4'

Por Santiago Torres

Mientras Uruguay intenta posicionarse en una industria global altamente competitiva como el hidrógeno verde, la ministra Fernanda Cardona propone utilizar esa inversión para sostener el deficitario negocio del portland de ANCAP. La idea no sólo revive el peor dirigismo económico estatal: también envía una señal alarmante sobre cómo entiende el gobierno la relación entre inversión privada, competitividad y empresas públicas inviables.

Hay ideas que fracasan tantas veces que cuesta entender cómo todavía sobreviven. Sin embargo, reaparecen. Cambian los nombres, se aggiornan los discursos, se disfrazan de “desarrollo nacional” o “articulación productiva”, pero en el fondo son siempre lo mismo: el viejo reflejo estatista de forzar la realidad económica para sostener actividades inviables. Eso es exactamente lo que revelan las declaraciones de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, cuando plantea que el megaproyecto de hidrógeno verde de HIF Global podría “convivir” con la planta de portland de ANCAP y transformarse en comprador del cemento estatal.

La frase sería apenas pintoresca si no revelara una concepción profundamente equivocada del desarrollo. Porque detrás de esa idea hay algo más grave que una ocurrencia improvisada: hay una lógica económica peligrosa. La lógica de utilizar una inversión multimillonaria —que debería evaluarse por su capacidad de generar innovación, empleo y competitividad— como mecanismo artificial de salvataje para una unidad industrial que hace décadas pierde dinero.

El portland de ANCAP es uno de los símbolos históricos de la ineficiencia estatal uruguaya. Ha consumido cientos de millones de dólares de los contribuyentes durante años, sin lograr jamás transformarse en una actividad sustentable. Ningún gobierno consiguió revertir ese fracaso estructural. Y ahora aparece Cardona proponiendo, básicamente, que una empresa privada ayude a sostenerlo comprándole cemento. No porque sea el mejor producto. No porque sea el más competitivo. No porque el mercado lo demande. Sino porque el gobierno quiere que lo compre.

Eso no es desarrollo. Es vetusto dirigismo económico.

La gravedad del planteo aumenta porque ocurre justamente en el contexto de una de las inversiones más sensibles y estratégicas que ha evaluado Uruguay en décadas. El hidrógeno verde no es un programa asistencial ni un plan de empleo encubierto. Es una apuesta tecnológica global extremadamente competitiva, donde las empresas deciden localizaciones en función de costos, infraestructura, estabilidad y eficiencia. Pretender cargarle encima la mochila del rescate industrial de ANCAP es enviar exactamente la señal equivocada.

El mensaje implícito es devastador: en Uruguay, además de invertir, innovar y asumir riesgos, las empresas deberán transformarse en herramientas para sostener empresas públicas deficitarias. Y eso introduce un problema central: la política empieza a sustituir la lógica económica.

Cardona insiste en que la intención es que ambos proyectos “convivan”. Pero la convivencia de la que habla no parece surgir de ventajas competitivas naturales, sino de una ingeniería política diseñada desde el Estado. Y cada vez que Uruguay —y cualquier otro país— intentó sustituir competitividad por planificación burocrática, terminó igual: más costos, menos productividad y dependencia permanente del subsidio.

El problema conceptual de fondo es todavía más profundo. Porque las declaraciones de Cardona transparentan una vieja obsesión de cierta izquierda latinoamericana: la idea de que el desarrollo nace protegiendo sectores ineficientes en lugar de promover eficiencia. El resultado histórico de esa visión está a la vista en toda la región. Industrias cautivas, empresarios dependientes del favor estatal, consumidores pagando más caro y economías estancadas.

El editorial del pasado miércoles 13 de El País lo resumió correctamente: cuando el Estado decide comprar caro para “desarrollar proveedores nacionales”, no paga el Estado. Pagan los ciudadanos. Y en este caso ocurre algo todavía peor: ni siquiera sería directamente el Estado quien absorbería el costo, sino una inversión privada a la que se le pretende imponer un rol político-industrial ajeno a su negocio principal.

Todo esto además desnuda una contradicción cada vez más evidente dentro del propio gobierno. Mientras algunos sectores intentan transmitir señales de responsabilidad fiscal, apertura e inserción internacional, Cardona reaparece con un discurso industrialista que parece extraído de principios del siglo XX. Habla de compartir infraestructura pública, de “hacer convivir” proyectos y de desarrollar proveedores locales aunque ello implique distorsionar decisiones económicas.

El riesgo no es solamente económico. También es cultural. Porque detrás de estas ideas reaparece la creencia de que cualquier actividad estatal debe sostenerse indefinidamente, aun cuando fracase una y otra vez. Como si cerrar una unidad deficitaria fuera una tragedia nacional, pero dilapidar recursos públicos durante décadas no lo fuera.

El país necesita exactamente lo contrario. Necesita atraer inversiones porque Uruguay ofrece estabilidad, seguridad jurídica y competitividad. No porque el gobierno quiera usar cada proyecto privado como respirador artificial de empresas públicas inviables.

Si el hidrógeno verde termina siendo una realidad, debería hacerlo porque Uruguay puede competir globalmente. No porque una ministra crea que también puede servir para colocar bolsas de portland de ANCAP.