Correo de los Viernes - El debate que incomoda

El debate que incomoda

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 8'

Por Juan Carlos Nogueira

La polémica por el rechazo de un artículo que utilizaba el término «casta» reabre un debate que trasciende esa palabra. La libertad de expresión, los límites del disenso y la discusión sobre el tamaño y el funcionamiento del Estado son cuestiones que una democracia madura no debería eludir. Este artículo y la nota del editor al pie resumen una parte de esa polémica.

La decisión de no publicar un artículo que utilizaba el término “casta” para referirse a la autodenominada 'clase política' plantea una pregunta: ¿se protege el debate o se lo filtra? Cuando una palabra deja de admitirse simplemente porque incomoda, el margen del debate empieza a estrecharse. Por casta no me refiero a una conspiración coordinada ni a individuos específicos, sino a una estructura de incentivos que favorece la reproducción del poder político y burocrático.

Recientemente, El País publicó un editorial negando que la casta exista. Esto me confirma que la noción de casta política se ha instalado en parte de la opinión pública, y que la reacción que genera evidencia sensibilidad en el sistema político.

Se trata de una estructura que trasciende partidos, ideologías y ciclos electorales. Oposición y oficialismo conviven en una relación simbiótica que permite que la casta prospere. Cambian los gobiernos, pero el sistema genera incentivos que pueden favorecer la preservación de posiciones, la expansión burocrática y la acumulación de influencia política, que son financiados por el contribuyente.

Estas expresiones pueden resultar incómodas o generar rechazo, pero la incomodidad no las vuelve ilegítimas. Una democracia abierta exige espacio para opiniones que cuestionan el funcionamiento del sistema político, especialmente cuando reflejan inquietudes presentes en una parte de la sociedad. Más allá de que se comparta o no el diagnóstico, este tipo de críticas no surge en el vacío. Diversos estudios de opinión muestran niveles importantes de descontento, desconfianza y distancia entre parte de la ciudadanía y el sistema político.

La libertad de expresión no es decorativa. El debate público solo progresa si soporta incluso las expresiones incómodas, ásperas o provocadoras. John Stuart Mill sostenía que incluso las ideas erróneas u ofensivas deben circular, porque solo el contraste entre opiniones permite separar el prejuicio de la verdad. Silenciar una idea no la refuta, solo empobrece el pensamiento colectivo.

En la misma línea, en una democracia, cuestionar al sistema no es una conducta marginal ni un gesto antisistema. Es una de las formas en que las democracias corrigen errores y evitan convertirse en estructuras cerradas sobre sí mismas.

La libertad de expresión está garantizada por la Constitución. El artículo 29 de la Constitución establece la libre comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de censura previa. Esa libertad no es absoluta, pues queda limitada en caso de expresiones que constituyan un delito jurídicamente reconocido.

Julio María Sanguinetti ha insistido en que la libertad de expresión se defiende siempre, pero no debe confundirse con violencia o intimidación. Esa es la frontera decisiva. El problema no es la dureza del lenguaje, sino su capacidad de anular la libertad ajena mediante el miedo o la coerción. Y esto no es metafórico, pues hay quienes se incomodan ante ciertas formas de libre expresión.

El actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, en 2023 planteó en diferentes medios la necesidad de controlar las redes sociales, incluso proponiendo que los fueros parlamentarios no rijan en ese ámbito.

Hace poco, el presidente del FA, Fernando Pereira, ante las críticas hacia el presidente Orsi por el caso Hyundai, declaró: ¡Cuidado con meterse con el presidente!. Aunque puede interpretarse como una expresión de respaldo político, también puede leerse como una advertencia que, viniendo de una figura de poder, genera una señal incómoda para el debate público.

Una democracia madura debe tolerar expresiones que irritan o cuestionan con dureza al poder o a la oposición. El debate político no es un espacio de cortesía obligatoria, sino de confrontación de ideas, diagnósticos y juicios de valor. La clave no está en la intensidad del lenguaje utilizado, sino en distinguir entre una opinión crítica —por severa o provocadora que sea— y una expresión destinada a coaccionar o restringir la libertad ajena.

Llamar “casta” a quienes se autoproclaman “clase política” puede ser discutible, exagerado, retóricamente cargado o simplemente no gustar, pero pertenece al terreno de la opinión política, no al de la amenaza ni de la intimidación. Confundir esos planos es uno de los errores más frecuentes en sociedades adversas al conflicto verbal.

El problema no es la palabra en sí, sino que alguien decida que una palabra ya no pueda usarse. Desplazar este tipo de expresiones al terreno de lo inadmisible implica un riesgo mayor que el que pretende evitar, pues convierte el desacuerdo en falta y la crítica en transgresión.

La libertad de expresión no consiste en garantizar discursos cómodos, sino en permitir que incluso lo incómodo pueda ser dicho sin miedo a la supresión. La democracia no se mide por su capacidad de aceptar elogios al poder, sino por su tolerancia a la crítica.

Pero la controversia no debería focalizarse en una palabra, porque el artículo rechazado discutía temas más amplios. Detrás del término existía una crítica concreta sobre el funcionamiento institucional y el tamaño del aparato estatal. Un Estado pesado, cuyas estructuras generan mecanismos que tienden a reproducir el poder político más allá de cada elección.

Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el aparato estatal se mantiene en máximos históricos. En paralelo, el gasto público crece de forma persistente y el déficit fiscal se mantiene en torno al 4 %–5 % del PBI. Esta combinación —alta presión fiscal, persistencia del gasto y limitada flexibilidad para reducir cargas estructurales— incide en los costos de funcionamiento del país y afecta su competitividad relativa, especialmente frente a economías con menor carga estatal o mayor dinamismo del sector privado. En ese contexto, más que un Estado en expansión acelerada, Uruguay presenta un Estado de gran tamaño relativo, cuya inercia institucional condiciona el margen de crecimiento económico.

En Uruguay, la cantidad de representantes y niveles institucionales resulta elevada para un país de su tamaño poblacional y capacidad productiva. El problema no es solo la cantidad de cargos públicos, sino la arquitectura institucional, con múltiples niveles de gobierno, duplicación de funciones y superposición de estructuras administrativas. Estos datos pueden interpretarse como señales de una estructura estatal cada vez más compleja y costosa, y cuya eficiencia merece discusión.

El artículo en cuestión también denunciaba el criterio para defender los altos sueldos de parlamentarios y gobernantes, sin exigencias de requisitos mínimos para los cargos. El argumento de los sueldos altos para evitar la corrupción puede sonar razonable, pero es débil. Plantea una falsa dicotomía, como si no existieran alternativas institucionales intermedias: transparencia en el financiamiento, reglas de elegibilidad, controles de integridad o mecanismos de profesionalización de la función pública. Los salarios elevados no impiden la corrupción. Ya hemos presenciado casos de políticos, con excelentes remuneraciones, procesados y condenados. Tampoco impiden que poderosos logren acceder a cargos mediante inversiones en las campañas. Un argumento más defendible para estas altas remuneraciones sería poder captar la excelencia que de otra forma iría al sector privado. La evidencia, sin embargo, no muestra que los altos salarios eliminen la corrupción ni garanticen excelencia.

El artículo también apuntaba a una estructura estatal hipertrofiada, a la que se suman los gobiernos departamentales con sus propias burocracias, ediles y direcciones. Y a eso se agregan los municipios, con alcaldes y concejales. El sistema tiende a expandirse más allá de lo que la sociedad puede y está dispuesta a sostener.

Las encuestas de opinión pública (Factum y Equipos Consultores) reflejan malestar con el sistema político en su conjunto: gobierno y oposición presentan niveles altos y similares de desaprobación. Las encuestas también muestran niveles elevados de desinterés y descreimiento político.

En ese contexto, el término “casta” no aparece como insulto, sino como una forma de describir un fenómeno del sistema político. Según las encuestas, parece que gran parte de la sociedad se está cansando de un sistema político, al que ve como desconectado de la realidad del país. La clave del éxito en la próxima elección radica en comprender este aspecto y tomar las acciones correctivas para dejar de ser percibido como casta. Es probable que quienes comprendan y respondan a ese malestar encuentren una parte importante del electorado disconforme.

Quizá la verdadera discusión no sea sobre una palabra, sino sobre hasta qué punto los sistemas políticos toleran la crítica a sus propias estructuras cuando esta resulta incómoda.

Nota del Editor: El artículo rechazado, que el autor menciona, no lo fue porque nos asusten las palabras sino porque su enfoque contradice aspectos sustanciales de la línea editorial de este periódico. En particular, rechazamos la caracterización de “casta”, porque las generalizaciones, por tales, son siempre injustas. Eso no nos impide reconocer, con el autor, aspectos que la ciencia política ha estudiado abundantemente acerca de la propensión de las organizaciones a buscar su supervivencia por encima de los propósitos para los cuales fueron creados. En este artículo de hoy, el autor reitera básicamente los mismos conceptos del artículo rechazado. Podríamos haber adoptado el mismo criterio, el de rechazarlo, pero hemos optado por publicarlo en el entendido de que, aclarando estos “tantos”, el lector podrá valorar por sí mismo los argumentos expuestos por cada parte.

Santiago Torres