Correo de los Viernes - El costo de la inacción

El costo de la inacción

Viernes 6 de noviembre de 2026. Lectura: 3'

La interpelación del diputado colorado Adrián Juri al ministro de Trabajo, Juan Castillo, puso en discusión la prolongación del conflicto en la terminal de contenedores de Montevideo, sus consecuencias económicas y la responsabilidad del gobierno. El acuerdo finalmente llegó, pero siguen sin conocerse oficialmente los costos de la demora.

La Cámara de Representantes interpeló al ministro de Trabajo, Juan Castillo, por iniciativa del diputado colorado Adrián Juri, con el respaldo de la oposición. La sesión, que se extendió hasta la madrugada, culminó con la aprobación, por 49 votos contra 48, de una moción que consideró insatisfactorias las explicaciones ministeriales.

El eje de la discusión fue el prolongado conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que durante meses provocó paralizaciones, perjudicó las operaciones comerciales y comprometió la confiabilidad del puerto de Montevideo.

Juri resumió su cuestionamiento en una frase: «Los conflictos existen en todas las democracias, lo que no puede existir es un gobierno que los mira pasar». Recordó que las negociaciones se extendieron durante meses y que recién el 7 de octubre se alcanzó un convenio colectivo por cinco años.

«No faltó un acuerdo, lo que faltó fue la autoridad, un ministro firme», afirmó el legislador, quien destacó que la intervención del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, resultó determinante para destrabar la situación.

Castillo defendió su gestión, recordó que el Ministerio participó en más de 40 reuniones y presentó el convenio como un éxito de la negociación colectiva. Sin embargo, reconoció algo particularmente significativo: «No hay una estimación oficial de la pérdida que se hubiera podido generar por los días de paro».

Ésa fue, precisamente, una de las cuestiones centrales de la interpelación.

Juri manejó estimaciones de pérdidas de entre 17 y 22 millones de dólares, a partir de cálculos de perjuicios diarios realizados por exportadores. También señaló que solamente en agosto 12 buques portacontenedores cancelaron sus escalas en Montevideo.

Esas cifras requieren una evaluación oficial, pero permiten comprender la magnitud del problema. A los perjuicios inmediatos debe agregarse un daño potencialmente más duradero: la pérdida de confianza de las compañías navieras en la regularidad de los servicios portuarios uruguayos.

El diputado colorado Walter Verri cuestionó el deterioro de «la credibilidad y el clima de negocios del país», mientras que el independiente Gerardo Sotelo reclamó información sobre las horas de trabajo perdidas, la riqueza que dejó de generarse y las operaciones comerciales frustradas.

Las críticas de la oposición apuntaron, por tanto, a una cuestión que trasciende ampliamente el conflicto entre una empresa y sus trabajadores. El puerto constituye una infraestructura estratégica para la economía nacional. Su funcionamiento afecta a exportadores, importadores, transportistas, operadores logísticos y miles de trabajadores ajenos a la controversia original.

Durante el debate también se discutió la trayectoria sindical y la filiación comunista del ministro. Juri cuestionó que Castillo condujera el Ministerio «como si fuese una secretaría de un sindicato». El interpelado respondió: «Soy un ministro de Trabajo que no reniega de su pasado sindicalista ni de ser afiliado al Partido Comunista».

Nadie le exige que renuncie a sus convicciones. Lo que corresponde exigirle es que, desde su responsabilidad ministerial, demuestre que la defensa del interés general prevalece sobre cualquier identificación sectorial.

El acuerdo alcanzado constituye, sin duda, un resultado positivo. Pero su firma no borra los perjuicios acumulados durante meses ni responde a la pregunta de si pudo haberse logrado mucho antes.

El gobierno reivindica la solución del conflicto. La oposición cuestiona el tiempo que demandó y los daños que dejó a su paso. Para esclarecer esa controversia, resulta imprescindible una evaluación rigurosa de las pérdidas económicas y comerciales.

Porque el costo de una negociación no se mide exclusivamente por sus resultados. También se mide por aquello que el país pierde mientras espera.

Y, hasta ahora, el gobierno no ha podido decir cuánto perdió Uruguay.