El caso Cardama y el rumbo incierto del gobierno
Edición Nº 1059 - Viernes 31 de octubre de 2025. Lectura: 4'
 La falta de claridad en las decisiones del Ejecutivo amenaza con generar pérdidas millonarias, un largo litigio y un daño mayor: la pérdida de confianza en Uruguay como país serio y previsible.
A más de una semana de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, acompañado por el secretario y el prosecretario de la Presidencia, el gobierno uruguayo continúa sin ofrecer una señal clara sobre el rumbo que seguirá tras anunciar intempestivamente la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, responsable de la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional.
El anuncio, realizado con tono de firmeza, se fundamentó en la aparente invalidez de una garantía accesoria —no la de cumplimiento del contrato principal—, lo que, según el Ejecutivo, configuraba una causal suficiente para terminar el vínculo. Sin embargo, el paso de los días ha revelado una notoria falta de coherencia dentro del propio gobierno.
Tras rechazar categóricamente cualquier intento de negociación con la empresa, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, descartó un acercamiento directo con una frase que se volvió emblema del caso: “Esto no se soluciona comiendo un asado o tomando un café”, sostuvo, subrayando que el diferendo debía resolverse “por los mecanismos formales previstos en el contrato”.
No obstante, poco después, los mismos voceros del Ejecutivo mencionaron la posibilidad de una mediación, prevista en el propio acuerdo, para luego reafirmar que el Poder Ejecutivo tiene la decisión política tomada de la rescisión.
La confusión interna se profundizó con las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien sostuvo una posición muy distinta: a su entender, “si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, el contrato continúa”. En consecuencia, para Oddone, el vínculo con Cardama sigue vigente.
Estas declaraciones cruzadas reflejan una falta de coordinación y profesionalismo que ha dejado al país en una posición incómoda ante un socio extranjero y un contrato de alto impacto estratégico. Una vez más, la gestión de un asunto de Estado por parte del Poder Ejecutivo ha sido chapucera, dejando al Uruguay expuesto innecesariamente tanto en el plano jurídico como en el diplomático.
Entre las voces más críticas se encuentra la del senador Pedro Bordaberry, quien señaló que el gobierno actuó “con precipitación, sin agotar las vías jurídicas previas”, y que la rescisión apresurada podría derivar en un costoso litigio internacional. El legislador recordó que el contrato “establece mecanismos de mediación y arbitraje que deben cumplirse antes de tomar una decisión definitiva”, y advirtió que ignorarlos “compromete la posición del país” si el caso termina en tribunales.
Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti llamó a “bajar los decibeles” y evitar que el diferendo escale hacia un conflicto mayor. “No hay nada peor que un pleito”, afirmó Sanguinetti, recordando que la prudencia diplomática debe prevalecer cuando están en juego recursos públicos y la reputación internacional del país. El dos veces mandatario consideró que el episodio se ha manejado “con exceso de dramatismo” y que lo esencial es “preservar la seriedad del Estado uruguayo”.
Mientras tanto, el propio Orsi reiteró que su gobierno actuó “de buena fe” y que la administración anterior “fue engañada de manera evidente”. Sin embargo, las contradicciones entre sus ministros y voceros han diluido el mensaje político y generado dudas incluso entre los aliados del oficialismo.
El camino de la confrontación con la empresa no solo amenaza con hacer perder los más de 30 millones de dólares ya invertidos en el proyecto, sino también con dejar a la Armada sin las patrullas oceánicas largamente esperadas y abrir un litigio de años contra el Estado uruguayo que —como advirtió Bordaberry— el país podría perder. Y entre tanto, gane o pierda el Estado el litigio, barcos extranjeros pescando ilegalmente en nuestro mar territorial y el país sin las imprescindibles OPV para combatirlo.
Y más grave aún, lo que está en juego es la imagen de Uruguay como país serio y confiable, una reputación que costó décadas construir y que puede verse severamente comprometida por decisiones improvisadas.
En este contexto, urge que el gobierno clarifique el rumbo y adopte una posición unificada, tanto en el plano jurídico como político, para evitar que un error de gestión se transforme en una crisis institucional y económica de largo aliento.
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