Correo de los Viernes - El camino de la pacificación

El camino de la pacificación

Edición Nº 1081 - Viernes 22 de mayo de 2026. Lectura: 4'

Por Luis Hierro López

La Comisión para La Paz instalada por el presidente Jorge Batlle en agosto del año 2000 fue una de las apuestas más fuertes que hizo el país para superar las heridas del pasado.

La integración y puesta en marcha de la Comisión para la Paz fue, sin duda, una de las notas salientes del gobierno colorado encabezado por Jorge Batlle, porque en sí misma significó un avance del “estado del alma”, esa invocación a la reconciliación nacional que el primer mandatario puso en el primer lugar de la agenda gubernativa.

Formaron parte de la comisión el sacerdote Luis Pérez Aguirre, quien actuó en nombre de la organización “Familiares”; el viejo líder sindical José “Pepe” D’Elía; el abogado penalista Gonzalo Fernández, quien estaba estrechamente vinculado a Tabaré Vázquez; Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo; el Dr. José Claudio Williman y el abogado Carlos Ramela. Como se advierte, la propia integración del grupo daba cuenta de su pluralidad y ecuanimidad, lo que quedó demostrado en las tareas de investigación y divulgación que la Comisión llevó adelante.

Fue la primera vez que el Estado uruguayo reconoció la situación de las personas desaparecidas, dándole al asunto un valor jurídico y moral que fue de enorme valor. La documentación permitió, además, cuantificar el núcleo de las personas muertas cuyos restos no se habían encontrado hasta entonces. En menor medida que lo ocurrido en Argentina, también en Uruguay se manejaban cifras extraordinarias ante la ausencia de una información oficial. La Comisión concluyó que en Uruguay hubo 31 casos de compatriotas desaparecidos, y hubo 57 compatriotas desaparecidos en Argentina y algunos más en Chile y Paraguay. Las cifras no importan mucho, alcanza con que haya un caso de desaparición forzada para que el Estado reconozca la situación; pero, a la inversa, tampoco puede permitirse que, con finalidades políticas ajenas a la cuestión, los números sean inflados constantemente. Aún hoy, a 25 años de la actuación de la Comisión, la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo un nuevo informe sobre los desaparecidos, manejando su portavoz cifras globales, sin discriminar si las desapariciones se habían producido en Uruguay o en Argentina. El vocero habló de cientos de desapariciones y daba la impresión de que estaba hablando de Uruguay, cuando en realidad se refería a Argentina.

La Comisión para la Paz hizo una serie de recomendaciones, algunas de ellas destinadas a que el sistema educativo incluyera en sus programas de historia informaciones imparciales y constructivas sobre la historia reciente.

Eso, lamentablemente, no ocurrió, porque la victoria electoral del Frente Amplio en 2004 significó que el tema cambiara totalmente de orientación. Se partidizó la cuestión, con resultados confusos, como veremos.

Primero hubo una etapa, que puede considerarse exitosa, de búsqueda de restos humanos, ubicándose los pertenecientes a ocho personas; pero luego, y por razones confusas, el proceso ingresó en un estancamiento bastante incomprensible tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio en su primera etapa. El arqueólogo y antropólogo José López Mazz, quien estuvo a cargo de las investigaciones durante un tiempo, afirmó que sin motivo aparente se detuvieron los trabajos. Esbozó varias interpretaciones, incluso el interés personal y espurio de algunos integrantes de la organización Familiares. Mientras tanto, las mayorías parlamentarias del Frente Amplio impusieron jubilaciones y pensiones extraordinarias a los familiares, que tienen la condición de ser hereditarias. Algunas de esas pensiones estaban dirigidas a personas que no estaban desaparecidas, sino que viven en otro país. El Dr. Eduardo Lust sostiene que el país ya ha gastado U$S 800 millones en ese rubro. No ocurre lo mismo con los familiares de las personas muertas por la acción guerrillera.

También, aplicando al extremo sus mayorías parlamentarias, el Frente Amplio distorsionó los resultados de las dos consultas populares sobre la vigencia de la ley de caducidad —ratificada por el voto popular en dos ocasiones, una situación única en el mundo— y sustituyó a su gusto la legislación, con la consecuencia de que hoy hay 86 militares y policías condenados.

Hoy la organización Familiares y sectores radicales de la izquierda reclaman que el presidente Yamandú Orsi les dé la orden a los jefes militares para que informen sobre los desaparecidos. Eso, como se sabe, es imposible, porque los que algo sabían murieron hace ya mucho tiempo. Los actuales jerarcas de las Fuerzas Armadas eran niños o no habían nacido cuando ocurrieron los hechos. Ese extremismo se ejerce no para saber la verdad, sino para alimentar la militancia, la mística, la identidad. La verdad fue restaurada por la Comisión para la Paz y el Frente Amplio no la tuvo en cuenta.

Sin desconocer el dolor de los familiares y a 50 años de aquellos hechos, el Frente Amplio le haría un gran servicio al país si reparara la desgraciada pirueta legislativa que se hizo traicionando la voluntad popular y restaurara el sentido de las amnistías; debería contribuir a consagrar una interpretación colectiva y veraz de la historia reciente, abandonando la partidización del relato; y debería, finalmente, recuperar el mensaje de la Comisión para la Paz. Pero todo eso ingresa en el difícil terreno de la especulación y el deseo...