Correo de los Viernes - El blindado que no arranca

El blindado que no arranca

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 2'

Por Alicia Quagliata

El fallido debut de un blindado Cóndor expone un problema mayor: una política de seguridad que acumula anuncios, vehículos y efectivos sin transparentar costos ni establecer metas verificables.

El 24 de julio, un blindado Cóndor del Ejército comenzó a patrullar las calles de Montevideo. La imagen era potente: un vehículo militar, pesado, imponente, recorriendo una ciudad en la que la inseguridad hace tiempo dejó de ser una mera percepción.

El vehículo sufrió una falla mecánica y tuvo que ser retirado. La escena, casi absurda, terminó funcionando como una pequeña síntesis de un problema mayor: cuando una política pública se presenta como respuesta urgente, también hay que preguntarse si está preparada para funcionar.

A casi un mes de aquel episodio, el Cóndor no es el único capítulo. El Ministerio del Interior también compró cinco camionetas de menor porte, por vía de excepción y con carácter reservado, sin que se conozca su costo. A eso se agregan otros tres blindados propios que ya estaban fuera de servicio antes de esta estrategia. Y están los Mamba, que iban a ser la punta de lanza del despliegue, pero cuyo uso sigue pendiente de una autorización de Estados Unidos que no llega.

Interior ya contaba con vehículos en funcionamiento. A ellos hay que sumar las nuevas camionetas y las unidades cedidas por Defensa, dentro de un convenio que permite disponer de hasta doce unidades de distintos modelos.

Ayer se agregó otro frente: el ministro presentó una nueva estrategia para la Jefatura de Montevideo, con el objetivo de bajar los homicidios y aumentar la confianza ciudadana, apoyada en 130 policías ya incorporados y con la meta de llegar a 230 antes de fin de año. Lo que no explicó es con qué indicadores y en qué plazo se comprobará el cumplimiento de esos objetivos.

Más allá de lo que se presenta como respuesta, lo que preocupa es la capacidad real para prevenir delitos y proteger a los ciudadanos, recuperando espacios que hoy el Estado no controla como debería. Esa es la pregunta que se hace el vecino de cualquier barrio complicado, más allá de los vehículos o efectivos que se anuncien: si la presencia prometida se nota en la calle. Esa recuperación no se logra solo con vehículos y efectivos: exige transparencia en lo que se gasta y metas que se puedan comprobar.

Ese es el verdadero problema de fondo. Las iniciativas en materia de seguridad se acumulan en sucesivos frentes sin verificar si el anterior funcionó antes de lanzar el próximo. Gestionar así no construye una política de seguridad: construye un archivo de comunicados que nunca termina de arrancar donde tiene que arrancar: en el territorio.