Correo de los Viernes - El artículo Goyeneche: si pasaba, pasaba

El artículo Goyeneche: si pasaba, pasaba

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 5'

El Poder Ejecutivo incluyó en la Rendición de Cuentas una norma nacida a partir del reclamo particular de Fabiana Goyeneche para recuperar una compensación que había dejado de cobrar. El caso fue revelado por el periodista Nicolás González Keusseian en Radio Carve y terminó de la manera más elocuente posible: 99 diputados presentes, 99 votos en contra. Ni un solo legislador del Frente Amplio estuvo dispuesto a defender en sala lo que el propio gobierno había enviado al Parlamento. Si pasaba, pasaba. No pasó.

Hay artículos de una ley que responden a políticas públicas, otros que procuran solucionar problemas generales de la administración y algunos que parecen tener destinatario. El que el Poder Ejecutivo incluyó originalmente como artículo 122 de la Rendición de Cuentas —renumerado luego como artículo 118— pertenecía, sin demasiadas dudas, a esta última categoría.

El periodista Nicolás González Keusseian, de Informativo Carve, puso el asunto sobre la mesa: la disposición habilitaba al Ministerio de Relaciones Exteriores a establecer una prima por productividad como incentivo a la gestión por resultados. Hasta allí, una norma administrativa más entre centenares. El pequeño problema era su origen. Había nacido de un reclamo concreto de Fabiana Goyeneche, actualmente asesora de Asuntos Culturales de la Cancillería, adonde llegó por pase en comisión desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

Goyeneche no es precisamente una funcionaria desconocida. Abogada y escribana, adquirió notoriedad pública como vocera de la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad en 2014. Posteriormente se incorporó al Frente Amplio, integró Casa Grande y ocupó durante años cargos de confianza en la Intendencia de Montevideo: fue directora de Desarrollo Social entre 2015 y 2020 y luego directora de Relaciones Internacionales y Cooperación. Casa Grande continúa incluyéndola entre sus referentes políticos.

Además, Goyeneche es funcionaria del MEF desde 2014. En esa cartera cobraba una partida anual de aproximadamente $ 30.000 por concepto de “compromiso de gestión”. Cuando pasó en comisión a Cancillería dejó de percibirla y solicitó que se le pagara también allí. Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó formalmente su pedido porque la prima correspondía a funcionarios presupuestados de la propia Cancillería y Goyeneche no revestía esa condición. La Oficina Nacional del Servicio Civil, según la información divulgada, había sostenido un criterio diferente. (Teledoce)
Hasta ahí podía haber una controversia administrativa, jurídica o incluso salarial. Lo extraordinario vino después.

En lugar de aceptar el criterio jurídico de Cancillería o dirimir el asunto por los procedimientos normales, el Poder Ejecutivo decidió enviar al Parlamento una norma que permitiera solucionar legislativamente el problema.

No se trata de una conjetura de la oposición. La directora de Asuntos Técnicos Administrativos de Cancillería, Virginia Scarppe, explicó el 21 de julio ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que la incorporación de la disposición había sido motivada por la petición de una funcionaria del MEF que trabajaba en comisión en Relaciones Exteriores. Era Goyeneche.

Formalmente, desde luego, el artículo no decía “páguese a Fabiana Goyeneche” y podía alcanzar a otros funcionarios que estuvieran en una situación semejante. Pero su origen tenía nombre, apellido y expediente. La norma había sido concebida para resolver el caso que Goyeneche planteó después de que el propio servicio jurídico de Cancillería le negara lo que reclamaba.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez encontró una definición difícil de mejorar: “El Poder Ejecutivo le armó un artículo a Fabiana Goyeneche; un artículo para los amigos, con nombre y apellido”.

Y ese es exactamente el problema. No son los $ 30.000 anuales. El monto resulta casi irrelevante frente al principio comprometido. Una ley no puede convertirse en una suerte de escribanía destinada a resolver situaciones personales de dirigentes políticos cercanos al gobierno. Mucho menos cuando la solución aparece después de que un organismo de la propia administración ya rechazó el reclamo.

Podría discutirse si Goyeneche tenía o no razón en reclamar la compensación. Podría incluso sostenerse que existe una inequidad entre funcionarios presupuestados y quienes cumplen idénticas funciones en pase en comisión. Si ese es el problema, corresponde establecer una solución general, abstracta y fundada, estudiar cuántos funcionarios están comprendidos, determinar su costo y legislar para todos con reglas objetivas.
Lo que resulta inadmisible es recorrer el camino inverso: aparece primero la persona, luego el reclamo y finalmente se redacta la norma.

La propia diputada frenteamplista Inés Cortes reconoció antes de la votación que el artículo probablemente quedaría por el camino y procuró quitarle trascendencia alegando que buscaba corregir una inequidad salarial y que no constituía un asunto “de vida o muerte” para la Rendición.

No llegó a serlo, ciertamente.

Cuando el artículo finalmente fue puesto a consideración de la Cámara de Representantes, ocurrió algo bastante más contundente que cualquier discurso opositor. A las 19:10, los 99 diputados presentes votaron en contra. Resultado: 99 votos negativos, cero afirmativos.

Ni siquiera un diputado del Frente Amplio levantó la mano para acompañar el artículo que había remitido el gobierno frenteamplista de Yamandú Orsi. La diaria también consignó que el FA terminó accediendo a rechazar la disposición.

Es difícil imaginar una confesión política más terminante.

Porque el episodio no concluyó con el oficialismo defendiendo una norma que consideraba justa y perdiendo la votación por falta de apoyos opositores. Concluyó con el propio Frente Amplio votando contra el artículo que el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento.

Habrá influido la difusión periodística del caso. Habrá pesado el costo político. Habrá resultado incómodo explicar por qué un reclamo individual de una conocida dirigente oficialista había terminado convertido en disposición de una ley nacional.

Lo importante es que alguien, en algún momento del proceso, consideró perfectamente razonable poner ese artículo dentro de la Rendición de Cuentas y enviarlo al Palacio Legislativo.

Ese es el dato verdaderamente preocupante.

Después, cuando el asunto salió a la luz gracias a la investigación de Nicolás González Keusseian, aquello que había sido suficientemente defendible para ingresar al proyecto del Poder Ejecutivo se volvió tan incómodo que no consiguió un solo voto entre 99 diputados.

La Cámara hizo lo que correspondía. Pero eso no borra la conducta previa del gobierno.
Alguien creyó que era admisible utilizar una Rendición de Cuentas para solucionar mediante una ley el reclamo económico particular de una dirigente del Frente Amplio. Lo redactaron, lo incluyeron y lo mandaron al Parlamento.

Si pasaba, pasaba.

Esta vez, por fortuna, no logró pasar.