El Uruguay del PIT-CNT
Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 3'
Por Luis Hierro López
La preponderancia de la central sindical, en conmixtión con sectores radicales del Frente Amplio, significa que el gobierno tenga que andar más despacio, transando a veces y yendo marcha atrás casi siempre.
Un vistazo rápido a las novedades de los últimos meses no permite ser optimista respecto al porvenir inmediato del país. Para atender los reclamos del así llamado «Diálogo Social» —que debió hacerse con los partidos políticos en sustitución de las organizaciones de fachada de siempre— el gobierno tuvo que transar con la creación de una oficina pública que se hará cargo de la vinculación entre los ahorristas y las administradoras de fondos. ¿Para qué? Para debilitar a las AFAPs, a las que no han podido eliminar, pero a las que desean controlar a cualquier precio. El ministro Oddone trató de explicar el asunto sosteniendo que los fondos seguirán siendo intocables, pero no puede garantizar que esa sea la posición permanente del Estado. Oddone puede dejar el Ministerio en cualquier instancia y nos dejará de regalo un costoso engendro regulador. Además, y yendo otra vez contra la voluntad popular expresada al ratificarse la LUC, se mantiene la causal jubilatoria a los 60 años, si bien acotada a ciertas condiciones de la salud del trabajador. Pero ya sabemos lo que puede ocurrir luego en el BPS, donde pueden soltarse las exigencias y controles, como ya ha pasado.
Mientras tanto, varios sindicatos se movilizan en contra de la no provisión de vacantes y reclaman la designación masiva de nuevos funcionarios. Es oportuno recordar que en 2025 se alcanzó un récord en materia de nuevos empleados públicos desde 2014. El total de funcionarios llegó a 305.097, sin contar otros vínculos laborales con el Estado. El Frente Amplio retoma así su tendencia histórica, ya que en los 15 años anteriores los funcionarios crecieron en términos de 68.000 más de los que había hasta 2005, tras un proceso a la baja de los gobiernos anteriores. Ya se sabe que más funcionarios significan más gastos, sin asegurar un mejor funcionamiento de los servicios públicos.
Por otro lado, la central obrera no solo insiste con el impuesto al 1% más rico de la población, sino que exige ahora que se recorten las exoneraciones a las grandes empresas (un mecanismo que está concebido para atraer capitales) y se establezca un IVA personalizado. Es decir, todo lo contrario de lo que sostiene el Ministerio de Economía. Aunque esas propuestas no lleguen a concretarse, sus anuncios alcanzan para generar el ruido suficiente que ahuyente a los inversores.
Como si todo ello fuera poco, el puerto sigue paralizado, con una contumacia muy preocupante. No podemos aspirar a ser un país competitivo si estamos sometidos a dirigentes sindicales que toman a los exportadores de rehenes, mientras el ministro de Trabajo mira para otro lado.
Todo esto significa una gran tranca para el país y, deliberadamente o no, una trampa para el gobierno, que tiene que lidiar con dirigentes cuya representatividad es muy dudosa, pero que tienen suficiente poder como para paralizar servicios esenciales y chantajear a las autoridades con la amenaza de cometer un grave daño a la economía del país. Los voceros del PIT-CNT hablan de todos los temas, opinan con soberbia y dogmatismo y, ante las omisiones del gobierno, toman su lugar y nos explican cuál debe ser el rumbo del país.
Si Uruguay desea realmente progresar y avanzar, debe terminar con esta especie de cogobierno que no le sirve ni a los trabajadores ni a la sociedad en su conjunto.
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