Edición Nº 1039 - Viernes 13 de junio de 2025

El Sistema Electoral

Viernes 6 de junio de 2025. Lectura: 4'

Por Julio María Sanguinetti

En la democracia, las reglas de juego son esenciales. Basándose el sistema en un Estado de Derecho, gobernado a través de la separación de los poderes, su regulación es fundamental, especialmente para los que emanan del voto ciudadano, como son -en nuestro caso- el Ejecutivo y el Legislativo.

No se lleva a ese nivel electoral a la Justicia y nos parece adecuado, porque jueces buscando apoyo electoral no es el sistema que mejor garantice la aplicación imparcial de las leyes. La reciente elección judicial en México ha mostrado, justamente, que llevar todos los magistrados a ese nivel solamente servirá para consolidar aún más el poder de quien en ese momento ostenta mayoría parlamentaria, politizar la justicia, transformar el juez en una suerte de diputado y abrir el espacio a la influencia no solo de los partidos sino los grupos de presión, como en el caso señalado es el narcotráfico.

Nuestro país tiene una larga tradición constitucional desde 1830 y también una larga práctica reformista que Correa Freitas en su tratado resume en seis Constituciones y doce reformas. Las primeras han estado referidas fundamentalmente al Poder Ejecutivo. En 1918 el tema era el colegiado planteado por Batlle. En 1934 volvió a serlo para retornar a la presidencia en el marco de una situación de facto, que llevó a un Senado mitad colorado terrista y mitad blanco herrerista, con el Batllismo y el Partido Nacional Independiente alejados del proceso. En 1942 se preservó la Presidencia modificando las disposiciones de representación emanadas del golpe de Estado de 1933. En 1951 se volvió al colegiado y en 1967 se retornó a presidencia, dotándola de mayores poderes institucionales para manejar una sociedad y una economía que se habían hecho más complejas.

Naturalmente, en cada ocasión, se reformaron otros aspectos, como en 1967, en que se establecieron -entre otras cosas- iniciativas privativas del Poder Ejecutivo en materia de legislación y se crearon los Bancos Central y de Previsión Social. Al margen de los grandes cambios, esas otras doce reformas abordaron los más diversos aspectos, desde el método de ajuste de las jubilaciones a la organización del sistema electoral como fue la última de 1997.

El tema electoral ha sido materia constitucional en sus principios básicos, pero también importantísima materia legal desde 1924, con la ley de Registro y la de Elecciones de 1925.

La última reforma, de 1997, modificó el sistema de doble voto simultáneo, para ir a un régimen de candidatos únicos, emanados de elecciones internas partidarias, con una doble vuelta electoral, que se define entre los dos candidatos más votados en la primera elección de octubre (que elige, además, el Parlamento). Todo estaba inspirado en los cambios en la demografía electoral, que había pasado de su clásico bipartidismo a un tripartidismo de muy difícil gobernabilidad. A casi tres décadas de funcionamiento del sistema por un lado se debe reconocer que la gobernabilidad se ha preservado y por otro que la demografía electoral vuelve a mostrar cambios sustantivos. Por un lado, los partidos tradicionales han funcionado parcialmente como Coalición en lo departamental pero no electoralmente en lo nacional, donde sólo han mostrado una coincidencia política sin sumar votos en un Lema común. El Frente Amplio hoy también ha cambiado su situación, especialmente en el interior, donde la pluralidad de tendencias le lleva a buscar entendimientos. En otro plano, también se cuestiona la larga extensión del período electoral, que va desde junio hasta mayo del otro año, con el consiguiente esfuerzo y desgaste de los partidos, aun en cuanto a su financiación.

Nos parece adecuado que se abra una discusión. Ya hay iniciativas particulares, como una del Senador Bordaberry, acortando plazos. También hay otras pendientes, como la de habilitar el voto cruzado de lemas en las elecciones departamentales y municipales.

Hay quienes pensamos que en la ocasión podría plantearse también una incongruencia que, producto de los acuerdos políticos, estableció la acumulación de votos en las listas al Senado, y no entre los diputados de un mismo partido. Este tema que antes lucía privativo de los partidos tradicionales hoy también resuena dentro de la coalición frentista.

También se han considerado otras ideas. Una es la de mantener la doble vuelta electoral pero suprimir las internas y votar en octubre como en el viejo doble voto simultáneo, o sea multiplicidad de candidatos y pasaje a la última instancia del más votado adentro de cada lema partidario. Otra interesante es la de establecer la posibilidad de Lemas Accidentales, que preserven las identidades partidarias pero habiliten procesos más realistas de acumulación electoral.

El tema está planteado. Sería la hora, entonces, de canalizar esas inquietudes, con un diálogo entre partidos que exploren la posibilidad de esos y otros cambios que pudieran plantearse. No se trata de abordar un cambio sustancial en el régimen institucional pero sí procurar que el sistema electoral se ajuste mejor a las nuevas realidades políticas.



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