Correo de los Viernes - El Partido Socialista contra la modernización, una vez más

El Partido Socialista contra la modernización, una vez más

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 8'

El Partido Socialista volvió a reaccionar contra cualquier iniciativa capaz de introducir capital ciudadano, transparencia y controles externos en las empresas públicas. Su resistencia obligó a Alejandro Sánchez a retroceder desde una propuesta transformadora hacia otra mucho más inocua, que preserva intacto el dominio de las corporaciones políticas y sindicales.

El Partido Socialista nunca falla. Cada vez que aparece una propuesta destinada a modernizar el Estado, abrir espacios a la participación ciudadana o introducir controles capaces de limitar el poder de las corporaciones, los socialistas se colocan automáticamente en contra. Primero rechazan, luego preguntan y, si finalmente comprenden que la idea resulta inevitable, procuran vaciarla de sus aspectos transformadores.

Volvió a ocurrir con la posibilidad de abrir una parte minoritaria del capital de las empresas públicas al ahorro de los uruguayos.

Según informó El Observador en el artículo “El Partido Socialista se sube al debate instalado por Alejandro Sánchez para que ahorristas inviertan en empresas públicas”, el secretario de la Presidencia planteó inicialmente una idea audaz: “Agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”.

La formulación necesitaba naturalmente un desarrollo técnico, pero apuntaba en la dirección correcta. Se trataba de permitir que pequeños y medianos ahorristas pudieran adquirir una participación minoritaria en determinadas empresas públicas, sin que el Estado perdiera el control. No era necesario privatizar Antel, UTE, OSE o ANCAP. Alcanzaba con establecer por ley que el Estado conservaría una mayoría accionaria ampliamente suficiente y que ningún inversor privado podría acumular una participación capaz de condicionar las decisiones estratégicas.

Era una propuesta moderna, democratizadora y perfectamente compatible con la propiedad estatal.

También era una amenaza para quienes se han acostumbrado a considerar las empresas públicas como territorios reservados a los partidos, los directorios políticos, las burocracias administrativas y los sindicatos. Porque permitir el ingreso de accionistas minoritarios no solamente aportaría capital: obligaría a transparentar la gestión, divulgar información, justificar las inversiones y explicar las pérdidas.

Eso fue lo que encendió las alarmas del Partido Socialista.

El senador Gustavo González respondió que la propuesta no estaba incluida en el programa del Frente Amplio y puso en duda que constituyera una urgencia. Es el conocido mecanismo socialista para bloquear una discusión incómoda: si una idea no fue previamente consagrada por los organismos partidarios, se la considera sospechosa; si introduce elementos propios de una economía moderna, se la asocia con la privatización; y si amenaza algún poder corporativo, se la presenta como un peligro para el patrimonio nacional.

El PS no parece preocupado solamente por conservar las empresas en manos del Estado. Pretende conservarlas dentro de un sistema cerrado, en el cual la ciudadanía es su propietaria únicamente de manera retórica.

Los uruguayos pueden pagar las tarifas, financiar las inversiones mediante impuestos y cubrir las pérdidas cuando las decisiones políticas conducen a malos resultados. Lo que no pueden hacer es adquirir una participación en esas empresas, acceder a información como inversores y exigir que quienes las administran rindan cuentas por el uso del capital recibido.

El Partido Socialista defiende sistemáticamente esa estructura. Se opone a cualquier propuesta que pueda quitarles a las corporaciones el control exclusivo de las empresas públicas. Lo hace bajo la bandera de la soberanía nacional, aunque en los hechos la soberanía de los ciudadanos termina sustituida por el dominio de aparatos políticos y sindicales que se comportan como si las empresas les pertenecieran.

La apertura de una participación accionaria minoritaria alteraría esa relación. Un ciudadano que arriesgara sus ahorros tendría derecho a conocer por qué se realiza determinada inversión, cuánto costará, qué rentabilidad se espera obtener y quién asumirá la responsabilidad si fracasa. Preguntaría por la cantidad de funcionarios, las remuneraciones, las contrataciones, la publicidad y las decisiones adoptadas por conveniencia partidaria.

También podría objetar que una empresa destine sus recursos a cumplir objetivos políticos incompatibles con su viabilidad económica. Esa fiscalización resultaría mucho más incómoda que cualquier discurso opositor, porque provendría de inversores amparados por derechos legales y no de ciudadanos condenados a contemplar desde afuera.

Por eso la verdadera preocupación socialista no parece ser la eventual pérdida de la mayoría estatal, que podía descartarse expresamente. El problema era la pérdida del control corporativo sobre empresas administradas sin accionistas externos, sin exposición al mercado y con una rendición de cuentas insuficiente.

La propuesta original de Alejandro Sánchez merecía ser elogiada. Por una vez, un dirigente de primera línea del MPP se animaba a desafiar uno de los dogmas más arraigados de la izquierda uruguaya. Planteaba que la propiedad pública no tiene por qué confundirse con el monopolio burocrático y que los ciudadanos también pueden relacionarse con las empresas estatales como inversores.

Pero Sánchez no sostuvo la batalla.

Ante la presión del ala izquierda del Frente Amplio, dejó de hablar de abrir paquetes accionarios y redujo su iniciativa a la posibilidad de captar ahorros para financiar proyectos de inversión. Ya no se trataría de que los uruguayos ingresaran al capital de las empresas públicas, sino de que les prestaran dinero mediante fideicomisos, obligaciones negociables u otros títulos de deuda.

La diferencia es sustancial. Un accionista minoritario participa en el capital, posee derechos de información y puede exigir una gestión orientada a producir resultados. El comprador de un título de deuda entrega su dinero y espera cobrar los intereses pactados, pero no necesariamente modifica la estructura de poder dentro de la empresa.

La primera propuesta podía modernizar el gobierno de las empresas públicas. La segunda les proporciona financiamiento, pero mantiene esencialmente intacto el sistema actual. Quizás por eso, después del rechazo inicial, el Partido Socialista decidió que la iniciativa ya no le parecía tan mala.

Mauricio Zunino, secretario de Programa del PS, reconoció que las primeras declaraciones de Sánchez no les habían gustado, pero que, después de su rectificación, entendieron que la idea iba en la dirección que ellos querían plantear. Traducido: la propuesta se volvió aceptable cuando perdió precisamente su aspecto más innovador.

Sánchez tuvo una buena idea, pero careció de la estatura de estadista necesaria para defenderla. Un estadista no lanza una propuesta transformadora y la abandona cuando los sectores más conservadores de su propio partido levantan la voz. La estudia, la fundamenta, explica sus garantías y procura convencer a la sociedad de sus beneficios.

El secretario de la Presidencia prefirió retroceder. Salvó la posibilidad de movilizar el ahorro privado, pero renunció a cuestionar el dominio corporativo sobre las empresas públicas.

Eso no significa que la fórmula finalmente planteada carezca de utilidad. Permitir que los pequeños y medianos ahorristas inviertan en proyectos de UTE, Antel, OSE o ANCAP puede ayudar a financiar obras necesarias y ofrecer alternativas frente a un mercado de capitales poco desarrollado. Las caídas de Conexión Ganadera, República Ganadera y otros negocios demostraron, además, que muchos uruguayos buscan opciones rentables sin disponer siempre de la información necesaria para evaluar los riesgos.

Pero precisamente por tratarse de ahorros particulares, no cualquier proyecto de una empresa pública puede considerarse una inversión adecuada.

Los proyectos financiados de esta manera deberán poseer rentabilidad económica real. No pueden concebirse para satisfacer compromisos electorales, favorecer políticamente a una región, crear empleos artificiales, financiar gastos corrientes o cumplir objetivos ideológicos. Una inversión debe generar ingresos suficientes para devolver el capital y pagar la rentabilidad prometida.

Si una obra responde a una finalidad social o política que el gobierno considera necesaria, deberá financiarse mediante el presupuesto y someterse a la correspondiente discusión parlamentaria. Lo que no corresponde es captar dinero de pequeños ahorristas presentándolo como una inversión rentable para luego destinarlo a proyectos cuya verdadera finalidad sea política.

Cada emisión debería estar vinculada a una obra identificada, contar con estudios técnicos independientes, ofrecer proyecciones realistas de ingresos y exponer claramente sus riesgos. Los fondos tendrían que permanecer separados de la caja general de la empresa y no podrían desviarse hacia salarios, publicidad, contrataciones o inversiones diferentes de las anunciadas.

También sería indispensable precisar si existe o no una garantía estatal. No puede utilizarse el prestigio del Estado para atraer ahorristas y, si el proyecto fracasa, alegar que se trataba de una inversión privada cuyos riesgos debían conocer. Pero tampoco sería razonable garantizar automáticamente cualquier iniciativa, porque eso trasladaría las pérdidas al conjunto de los contribuyentes y eliminaría los incentivos para evaluar seriamente su rentabilidad.

La fórmula de financiar proyectos puede ser provechosa si se encuentra rodeada de estas garantías. Sin embargo, no sustituye la discusión que el Partido Socialista logró clausurar: la posibilidad de permitir que los ciudadanos sean también propietarios minoritarios de las empresas que, supuestamente, ya les pertenecen.

El PS volvió a cumplir así su función histórica dentro de la izquierda uruguaya. No propuso cómo modernizar las empresas públicas, mejorar su gobierno o someterlas a controles más exigentes. Se limitó a detectar una amenaza para el orden corporativo existente y presionó hasta neutralizarla.

Alejandro Sánchez merece reconocimiento por haber planteado inicialmente una reforma valiente. También merece la crítica por haberse dejado intimidar y haber retrocedido. Pero el protagonista principal del episodio es el Partido Socialista: guardián permanente de un modelo cerrado, refractario a la participación ciudadana y siempre dispuesto a confundir la modernización con la privatización.

Las empresas públicas seguirán perteneciendo en el discurso a todos los uruguayos. En la práctica, el PS se ocupará de que continúen bajo el control de unos pocos.