Correo de los Viernes - El Parlamento no es una escribanía

El Parlamento no es una escribanía

Edición Nº 1099 - Viernes 25 de setiembre de 2026. Lectura: 4'

El Frente Amplio reclama responsabilidad a la oposición, pero se niega a considerar sus propuestas por temor a que sus propias diferencias internas hagan naufragar el proyecto. No puede exigir votos y, al mismo tiempo, clausurar la discusión.

El primer día de discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado terminó como había comenzado: con el Frente Amplio dispuesto a aprobar sin modificaciones el texto que llegó desde la Cámara de Representantes y con la oposición ratificando su rechazo general al proyecto. La votación artículo por artículo continuará entre martes y miércoles.

El oficialismo sostiene que la oposición debería acompañar una iniciativa que asigna recursos adicionales a la infancia, la seguridad, la educación y la atención de las personas en situación de calle. El senador Sebastián Sabini destacó que el proyecto distribuye más de $3.000 millones entre esas prioridades y celebró que el Frente Amplio hubiera conseguido en Diputados los votos de Cabildo Abierto, pese a no contar allí con mayoría propia.

Sin embargo, esa apelación a la responsabilidad contiene una contradicción difícil de ocultar. El Frente Amplio pretende que la oposición vote el proyecto en el Senado, pero, al mismo tiempo, se niega a “abrirlo”, es decir, a admitir modificaciones. No pide diálogo: reclama adhesión. Pretende la sumisión de quienes la ciudadanía colocó precisamente en la posición de controlar al gobierno, examinar sus decisiones y proponer alternativas.

La actitud opositora no puede presentarse honestamente como una negativa indiscriminada. En la comisión del Senado, 216 de los 312 artículos —casi el 70%— recibieron el voto de todos los partidos. La oposición acompañó aquello que consideró razonable y reservó sus objeciones para las disposiciones que entendió equivocadas.

El senador colorado Pedro Bordaberry recordó, además, que la oposición planteó cinco modificaciones que podían facilitar un acuerdo: sincerar los números de la economía, mantener los condicionamientos de algunas transferencias sociales, evitar que las asignaciones se entregaran exclusivamente en efectivo y duplicar determinados montos. Su conclusión fue terminante: “A todas esas cosas nos dijeron que no”.

La explicación más convincente acerca del cerrojo oficialista la dio el senador nacionalista Rodrigo Blás:

“No se abre por temor a la tercera cámara. No se abre porque el propio Frente Amplio —en sus diferencias—, de abrirlo, hubiese terminado en cualquier cosa porque ni ellos están conformes ni contentos con la rendición que han presentado”.

En otras palabras, el Frente Amplio no se niega a modificar el proyecto porque lo considere perfecto, sino porque teme no poder reconstruir en Diputados la mayoría que consiguió con los dos votos de Cabildo Abierto.

El senador Óscar Andrade, secretario general del Partido Comunista, terminó dándole la razón a Blás al explicar por qué el oficialismo resolvió no aceptar cambios:

“¿Quién se hace responsable si después, por H, B o Z no se encuentran los votos en Diputados para los cambios que se hagan en el Senado? La imagen para el país, pero sobre todo para las posibilidades políticas que son imprescindibles atenderlas desde ayer, sería negativa”.

La confesión es relevante. El problema no estaría en el contenido de las modificaciones, sino en la incapacidad del oficialismo para asegurar que sus propios acuerdos sobrevivan al trámite parlamentario. Esa dificultad política del Frente Amplio no puede convertirse en una obligación de obediencia para la oposición.

Además, la Constitución prevé expresamente cómo resolver las discrepancias entre ambas cámaras. Cada una dispone de 45 días para pronunciarse sobre una Rendición de Cuentas. Si el Senado introduce modificaciones, el proyecto vuelve a la Cámara de Representantes, que cuenta con 15 días para aceptarlas o rechazarlas. Si las rechaza o no se pronuncia, el asunto pasa a la Asamblea General, que dispone de otros 15 días para adoptar una decisión. Por tanto, todavía quedaría una instancia institucional para que el oficialismo actuara con razonabilidad y buscara una solución.

Si finalmente el país se quedara sin esta Rendición de Cuentas, la responsabilidad política correspondería, antes que nada, a quienes procuraron obtener la capitulación sin condiciones de la oposición. Pero tampoco sobrevendría una tragedia institucional. Continuarían rigiendo las disposiciones y asignaciones del Presupuesto Nacional ya vigente; simplemente no entrarían en vigor los incrementos y modificaciones incluidos en este proyecto. Uruguay ya ha atravesado ejercicios sin nuevas ampliaciones presupuestales sin que el Estado dejara de funcionar.

En rigor, una Rendición de Cuentas debería ser exactamente eso: la explicación de cómo se utilizaron los recursos autorizados por el Presupuesto, cuáles fueron los resultados obtenidos y qué desvíos se produjeron. No tendría por qué transformarse todos los años en una nueva ley de gastos, cargos y disposiciones heterogéneas. Durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti se recurrió a las llamadas rendiciones de “gasto cero”, que no agregaban nuevas erogaciones y preservaban el sentido original del instituto.

El Parlamento no fue creado para certificar decisiones ya adoptadas ni para suplir las dificultades internas del partido de gobierno. Si el Frente Amplio quiere los votos de la oposición, debe estar dispuesto a considerar sus propuestas. Lo contrario no es diálogo ni responsabilidad republicana: es exigir obediencia sin ofrecer participación.