El PCU y su atraso ideológico
Viernes 17 de octubre de 2025. Lectura: 6'
Por Santiago Torres
La fosilisación ideológica de los comunistas uruguayos movería a risa si no fuera tan nefasta su influencia en el país. Cuesta creer que gente inteligente sucumba a fetiches pueriles que la historia, diría Engels, ha mandado “al museo de antiguedades, junto a la rueca y al hacha de bronce”.
Según dos informes publicados por El Observador, “PCU Comunista: la creencia en «conducir y disciplinar» al capital privado y las «alteraciones sustantivas» que no logró el Frente Amplio” y “Los elogios del PCU Comunista de Uruguay a la «vía peculiar» de China de «transición al socialismo» con «capitalismo de Estado»”, el PCU Comunista del Uruguay (PCU) presentó su documento base de cara al XXIII Congreso que celebrará en diciembre, donde repasa su visión sobre la economía nacional, el papel del Estado y la situación internacional. En los textos, el PCU reivindica la necesidad de “disciplinar al capital privado” y “conducir” la economía desde el Estado, al tiempo que elogia lo que denomina la “vía peculiar de transición al socialismo” de China, y ratifica su apoyo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La fantasía de “disciplinar al capital”
El documento de base del PCU Comunista del Uruguay, difundido en vísperas de su XXIII Congreso, expone con nitidez su concepción económica. Fiel a su tradición, el PCU propone una expansión del papel del Estado en los “eslabones claves” de la producción nacional, a través de nuevas empresas públicas o de sociedades mixtas con participación estatal dominante. La meta, según el texto, es “incrementar el peso del pueblo sobre el excedente económico y sobre las decisiones que toma el capital”.
El PCU entiende que para avanzar en lo que denomina una “Democracia Avanzada”, es necesario que el Estado “conduzca y discipline” al capital privado, permitiéndole —según el propio documento— una “ganancia capitalista razonable, pero regulada y direccionada” hacia actividades que generen “retorno social y desarrollo genuino”. Se trata, en definitiva, de un modelo que busca subordinar la lógica empresarial a los designios del poder político, bajo la premisa de reducir progresivamente el peso del capital privado en la economía.
En esa línea, el PCU plantea reforzar el control público en áreas estratégicas como la industria cárnica o la farmacéutica, y reivindica la “defensa de las empresas públicas” y del “peso mayoritario del sector público en la educación y la salud”. También considera que los gobiernos del Frente Amplio, pese a haber impulsado avances sociales y sostenido el crecimiento económico, no lograron “alteraciones sustantivas en la estructura productiva”, por lo que propone retomar un camino de reformas que apunten a transformar la matriz económica nacional.
La receta que el PCU vuelve a poner sobre la mesa no es nueva. La idea de “disciplinar al capital” y ampliar indefinidamente el rol del Estado ha sido el hilo conductor de todos los experimentos socialistas del último siglo, con resultados desastrosos allí donde se aplicó. De la Unión Soviética a Europa del Este, de Cuba a Venezuela, el dogma de que la planificación central puede sustituir las señales del mercado ha terminado en el mismo punto: economías ineficientes, asfixiadas por el control político y con sociedades cada vez más pobres y menos libres.
El problema de fondo es estructural: cuando el Estado asume la tarea de dirigir la actividad económica y de decidir qué sectores deben prosperar o desaparecer, inevitablemente elimina la competencia, la innovación y la responsabilidad individual, pilares del progreso material. La burocracia sustituye al emprendedor, la obediencia reemplaza al mérito, y la escasez se convierte en la norma. No hay “disciplina social sobre el excedente” que reemplace la creatividad y la productividad que surgen de la libertad económica.
Los comunistas uruguayos, al insistir en este esquema, parecen no haber aprendido de la experiencia histórica. Su “Democracia Avanzada” es apenas una reformulación retórica de un modelo que ha demostrado una y otra vez su inviabilidad práctica. En el mejor de los casos, produce un estatismo ineficiente que estanca el desarrollo; en el peor, allana el camino a regímenes totalitarios que confunden igualdad con sometimiento.
La fantasía china
El documento del PCU dedica una extensa sección a exaltar la llamada “vía peculiar de transición al socialismo” emprendida por China desde 1978. Según los comunistas uruguayos, se trataría de un modelo de “capitalismo de Estado” (?) donde la planificación central y la dirección del Partido Comunista mantienen el timón de la economía, sin renunciar —creen— al horizonte socialista.
Pero esa interpretación infantil no resiste el menor análisis. Es una afiebrada fantasía del imaginario comunista uruguayo. Lo que China emprendió a fines del siglo XX no fue una transición hacia el socialismo, sino la más acelerada transición hacia el capitalismo moderno que haya vivido un país en la historia contemporánea. La apertura al mercado, la descentralización productiva, la incorporación masiva de inversión extranjera y la liberalización del comercio fueron los motores que sacaron a cientos de millones de chinos de la pobreza, no la planificación estatal ni la doctrina marxista-leninista.
El llamado “capitalismo de Estado” que reivindican los comunistas uruguayos no es tal si no, en rigor, un capitalismo salvaje (que lo digan los obreros uruguayos que trabajan para empresas chinas). El Partido Comunista Chino se mantuvo en el poder no por haber conservado la pureza del socialismo, sino por haberlo abandonado pragmáticamente. Allí donde se liberalizó la economía, florecieron la innovación, la producción y el consumo; donde se mantuvo la ortodoxia, persistieron el atraso y la corrupción.
Atribuir los logros de China al socialismo es desconocer la evidencia empírica. Fue la adopción de mecanismos capitalistas —la propiedad privada, la competencia, la apertura al comercio mundial— lo que convirtió al gigante asiático en una potencia. Lo único que permanece “comunista” en China es el control político del régimen, que reprime la disidencia, censura la información y mantiene un sistema de vigilancia que sofoca cualquier atisbo de libertad individual.
Respaldo incólume a las dictaduras latinoamericanas
El documento del PCU también deja en claro su respaldo incondicional a regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los comunistas uruguayos llaman a “promover el diálogo” con estos gobiernos y sostienen una posición “ampliamente favorable a la autodeterminación de los pueblos”, que es el circunloquio para obviar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la falta de libertades políticas y la represión de la oposición que caracterizan a estos países. Las dictaduras militares latinoamericanas de los años 70 y 80 manejaban conceptos análogos.
Este respaldo no es anecdótico: evidencia la naturaleza intrínsecamente antidemocrática del PCU. Mientras reivindican la democracia en sus discursos, su modelo de sociedad está profundamente subordinado a una concepción autoritaria de la política y la economía, en la que el Estado —y en última instancia “el Partido”— debe controlar cada esfera significativa de la vida pública. La insistencia en “conducir y disciplinar al capital privado” y en fortalecer monopolios estatales revela un apego a recetas históricamente fracasadas que han demostrado destruir libertades individuales.
El documento es, en suma, un botón de muestra del atraso ideológico del PCU. Su mirada económica se centra en fórmulas caducas de control estatal y planificación centralizada, mientras que su visión internacional muestra un alineamiento persistente con dictaduras que arrasan con la democracia y la iniciativa privada.
Lejos de proponer soluciones pragmáticas para Uruguay, se trata de un texto que reproduce las ideas que en todo el mundo han generado estancamiento económico, desigualdad y falta de innovación, reafirmando que el PCU continúa anclado en un modelo que destruye libertades y limita el desarrollo económico.
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