Correo de los Viernes - El Nobel de la Paz y la doble moral de Navi Pillay

El Nobel de la Paz y la doble moral de Navi Pillay

Viernes 16 de octubre de 2026. Lectura: 6'

El Premio Nobel de la Paz 2026 ha recaído en una jurista de manifiesta hostilidad hacia Israel, bajo cuya responsabilidad las Naciones Unidas entregaron a China información sobre disidentes perseguidos. La distinción a Navi Pillay constituye un escandaloso ejemplo de la aplicación selectiva de los derechos humanos.

El Comité Noruego del Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz 2026 a la sudafricana Navi Pillay, de 85 años, en reconocimiento a su trayectoria en defensa del derecho internacional y los derechos humanos. La decisión, presentada como un homenaje a la integridad y al coraje moral, encierra una contradicción difícil de justificar: se premia a una figura caracterizada por su militancia contra Israel, mientras se soslayan gravísimos antecedentes de su actuación frente a la dictadura comunista china.

Porque una cosa es defender los derechos humanos y otra, muy diferente, utilizarlos como instrumento de combate político, aplicándolos con implacable severidad contra determinados países y con una sorprendente indulgencia frente a algunas de las tiranías más brutales del planeta.

La trayectoria de Pillay respecto de Israel resulta particularmente ilustrativa. Mucho antes de presidir la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, había asumido posiciones abiertamente adversas al Estado judío. En 2017 acusó a Israel de practicar el apartheid y, en 2020, suscribió una petición internacional que reclamaba sanciones contra ese país.

Es decir, cuando en 2021 fue designada para encabezar una comisión supuestamente independiente, ya había expresado públicamente conclusiones sobre algunas de las cuestiones que debía investigar con imparcialidad.

La organización UN Watch denunció formalmente esa incompatibilidad en febrero de 2022, mediante una extensa presentación jurídica que solicitaba su apartamiento. El cuestionamiento era elemental: difícilmente puede garantizar una investigación objetiva quien previamente ha tomado partido sobre los hechos y las responsabilidades que corresponde examinar.

Pillay permaneció en el cargo. Y la comisión que presidía concluyó, en 2025, que Israel había cometido genocidio en Gaza, una acusación que el gobierno israelí rechaza categóricamente y que no equivale a una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia.

Desde luego, Israel no está exento del cumplimiento del derecho internacional ni sus acciones militares deben quedar al margen del escrutinio. Pero precisamente por eso resulta indispensable que quienes investigan actúen con independencia y sin prejuicios. La justicia internacional pierde legitimidad cuando sus protagonistas parecen más interesados en confirmar sus convicciones que en preservar la necesaria imparcialidad.

Sin embargo, el episodio verdaderamente devastador para la reputación de Pillay no se encuentra en Oriente Medio, sino en China.

Durante su gestión como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014, funcionarios de la oficina bajo su responsabilidad facilitaron al régimen de Pekín información sobre activistas chinos y uigures que pretendían participar en actividades del Consejo de Derechos Humanos.

Entre los afectados se encontraba Dolkun Isa, destacado dirigente del Congreso Mundial Uigur. La información proporcionada a las autoridades chinas exponía a los disidentes y a sus familias a riesgos de vigilancia, intimidación y represalias por parte de uno de los aparatos represivos más despiadados del mundo.

No se trata de una acusación surgida ahora por conveniencia política. Human Rights Watch documentó años atrás las presiones de China sobre los mecanismos de derechos humanos de la ONU y las prácticas de comunicación de información sobre activistas.

Además, Emma Reilly, exfuncionaria de Naciones Unidas que denunció internamente estos hechos, ha acusado a Pillay de haber desoído las advertencias sobre sus consecuencias. La ONU ha rechazado las imputaciones de actuación indebida, pero reconoció que existió una práctica, posteriormente discontinuada, de confirmar a determinados Estados la participación de activistas.

No está acreditado que Pillay ordenara personalmente esas comunicaciones. Lo que resulta imposible es desligarla de la responsabilidad institucional por lo ocurrido bajo su autoridad.

La dimensión del escándalo se hizo todavía más evidente este lunes 12 de octubre, cuando el propio Congreso Mundial Uigur expresó públicamente su preocupación por la concesión del Nobel. Su presidente, Turgunjan Alawdun, denunció que Pillay no había protegido adecuadamente a los defensores de los derechos humanos y calificó la entrega de información como una grave quiebra de confianza.

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de defensora universal de los derechos humanos permite que una institución creada para proteger a los perseguidos facilite información a quienes los persiguen? ¿Hasta dónde se puede llegar para no incomodar a Pekín?

Hay, además, un antecedente de extraordinario simbolismo. En 2010, cuando el Premio Nobel de la Paz fue concedido al disidente chino encarcelado Liu Xiaobo, Pillay no asistió a la ceremonia de Oslo. Inicialmente se invocó un compromiso en Ginebra y posteriormente ella sostuvo que nunca había recibido una invitación formal. Es cierto que reclamó públicamente la liberación de Liu, pero su ausencia provocó la protesta de decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras China desplegaba una intensa campaña internacional contra aquella premiación.

16 años después, la misma institución que homenajeó a un disidente encarcelado por la dictadura china distingue a una funcionaria bajo cuya gestión se suministró información sobre otros disidentes al régimen que los perseguía. La ironía sería formidable si no fuera tan indignante.

Y aquí reside el problema de fondo. El derecho internacional no puede convertirse en un repertorio de acusaciones reservado para los adversarios ideológicos, mientras las grandes dictaduras reciben un tratamiento cuidadosamente calculado para evitar conflictos diplomáticos.

No hay defensa auténtica de los derechos humanos si se mide con una vara a Israel y con otra a China. No hay superioridad moral posible cuando se denuncia con vehemencia a una democracia y se falla en proteger a quienes arriesgan su libertad y la vida de sus familiares enfrentando a una dictadura.

Pillay puede exhibir una trayectoria destacada en la lucha contra el apartheid sudafricano y en la justicia penal internacional. Nadie necesita desconocer esos antecedentes para advertir que tampoco borran sus responsabilidades, sus contradicciones ni los gravísimos cuestionamientos que pesan sobre su gestión.

El Comité Noruego del Nobel ha optado por exaltar una parte de su biografía y pasar por alto episodios que ponen en duda precisamente la integridad que pretende recompensar.

El resultado es un premio profundamente desacreditado. Porque cuando la defensa de los derechos humanos deja de ser universal para convertirse en selectiva, ya no estamos ante una cuestión de justicia, sino de ideología.

Y cuando esa doble moral recibe el Premio Nobel de la Paz, el desprestigio no alcanza sólo a la galardonada. Alcanza también a quienes decidieron premiarla.