El Ministerio de Justicia murió antes de nacer
Edición Nº 1071 - Viernes 6 de marzo de 2026. Lectura: 5'
Por Santiago Torres
El anuncio del presidente Yamandú Orsi sobre la creación de un Ministerio de Justicia suena más a gesto político que a reforma necesaria y viable. Sin mayorías parlamentarias, con resistencias dentro del propio Frente Amplio y con el riesgo de concentrar aún más poder en la figura del Prosecretario de la Presidencia, el proyecto parece condenado desde el inicio.
El presidente Yamandú Orsi volvió a anunciar, en su discurso ante la Asamblea General, la creación de un Ministerio de Justicia. Pero conviene empezar por aclarar algo que el tono solemne del anuncio podría ocultar: no se trata de una novedad. La idea ha sido mencionada en reiteradas ocasiones desde antes de asumir el actual gobierno y reaparece ahora más como una reiteración discursiva que como una iniciativa políticamente viable.
En realidad, el proyecto parece condenado a una suerte curiosa: nacer muerto.
Un problema inexistente
El primer argumento contra la creación de un Ministerio de Justicia es el más simple: Uruguay nunca lo necesitó.
Durante décadas el país ha organizado su sistema institucional sin ese ministerio, con competencias repartidas entre el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y otras dependencias administrativas. El funcionamiento del sistema puede tener problemas —como cualquier sistema judicial—, pero ninguno de ellos parece derivar de la ausencia de un ministerio específico.
Crear una nueva cartera implica inevitablemente más burocracia, más estructura, más cargos políticos y más gasto público, todo para resolver un problema que, en rigor, no existe.
La pregunta es inevitable: si el sistema funcionó durante décadas sin esa estructura, ¿por qué sería ahora imprescindible?
Un antecedente incómodo
Hay además un elemento histórico que ha sido recordado en estos días y conviene tener presente.
El antecedente más claro de un Ministerio de Justicia en Uruguay se encuentra en tiempos de la dictadura a través del Acto Institucional N° 8, creación conjunta del entonces presidente de facto Aparicio Méndez y Fernando Bayardo Bengoa, a la sazón Fiscal de Corte y, luego del Acto N° 8, Ministro de Justicia. No es un dato menor. En los regímenes autoritarios, los ministerios de justicia suelen funcionar como herramientas de control político sobre el aparato judicial.
No digo que ese sea el objetivo actual. Pero los antecedentes históricos enseñan que cuando un ministerio concentra demasiadas competencias vinculadas a justicia, fiscalía y sistema penitenciario, el riesgo institucional aumenta.
Por eso muchos países democráticos prefieren mantener separadas esas funciones.
El riesgo es real y lo señaló certeramente la Dra. Daiana Abracinskas en X: “Un Ministerio de Justicia está bajo la órbita política y puede transformar cuestiones técnicas y jurídicas en decisiones estratégicas del gobierno de turno. Eso, es erosionar la confianza pública y a la propia justicia”.
La concentración de poder
El argumento más inquietante, sin embargo, no es solo institucional sino político.
El hipotético Ministerio de Justicia tiene nombre y apellido, como es harto sabido.
Ese nombre es Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia y una de las figuras más influyentes del gobierno.
Si el ministerio se crea, pocos dudan de que sería su destino natural. Y si no lo fuera directamente, difícilmente quedaría en manos de alguien que no fuera políticamente afín a él.
El problema es que Díaz ya ocupa un lugar de enorme poder dentro del Ejecutivo. Y su influencia se proyecta además sobre el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro, un viejo conocido —y subordinado— suyo.
Crear una nueva cartera en ese contexto significaría concentrar aún más poder en el mismo círculo político, algo que difícilmente pueda presentarse como un simple reordenamiento administrativo.
El problema parlamentario
Pero incluso si se dejaran de lado las objeciones institucionales, el proyecto enfrenta un obstáculo político mucho más concreto: los votos.
El Frente Amplio no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados para aprobar una ley de este tipo.
Eso significa que debería negociar con la oposición. No es imposible, pero sí extremadamente difícil. Y más aún cuando se trata de una reforma institucional profunda que genera tantas dudas. Por lo pronto cuenta con la decidida oposición de la Coalición Republicana, de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana.
Las grietas dentro del oficialismo
La señal más reveladora de la fragilidad del proyecto proviene, paradójicamente, del propio oficialismo.
Dentro del MPP ya han aparecido señales claras de incomodidad, que darían cuenta del soterrado contencioso entre ese sector y el Prosecretario Jorge Díaz.
Primero fue el senador Daniel Caggiani, quien expresó reparos sobre la iniciativa. “El Ministerio de Justicia a mí no me gusta mucho”, manifestó a Radio Carve, agregando que “yo soy de los que piensan de que cuanto menos mano metamos en esas cosas, mejor. No en el caso de Uruguay, pero en otros países vemos que hay gobiernos que a veces terminan promoviendo medidas que cercenan las cuestiones judiciales”. Compartible razonamiento.
Luego el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, intentó relativizar esas discrepancias señalando que “no hay unanimidades en ningún lado”, en contraste con el optimismo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que insistía en que el proyecto sería votado por el conglomerado oficialista y que hablaría con Caggiani al respecto.
Pero finalmente llegó la señal más contundente. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky fue directa con El País: la creación del ministerio no es “ni cerca una prioridad número uno” y que no la “entusiasma”.
En política, cuando una figura de ese peso dice que algo no es prioridad y no la entusiasma, el mensaje suele ser inequívoco.
Un proyecto condenado
Con objeciones institucionales, con problemas de legitimidad histórica, con dudas dentro del oficialismo y sin mayorías parlamentarias claras, el proyecto del Ministerio de Justicia aparece como lo que probablemente es: una iniciativa sin destino político real.
Más que una reforma institucional necesaria, parece la materialización de una vieja aspiración dentro de cierto círculo de poder en el seno del gobierno.
Pero las aspiraciones personales no siempre se convierten en política pública.
Por eso todo indica que este proyecto seguirá el destino de tantos otros anuncios políticos: quedará en el discurso.
Y así, el ministerio que algunos imaginan como una pieza clave del nuevo gobierno probablemente termine siendo lo que ya parece hoy: un proyecto que nace.
Afortunadamente para la institucionalidad del país —y para evitar nuevas concentraciones de poder— el sueño húmedo del prosecretario Díaz difícilmente llegue a concretarse.
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