El Kennedy Center y el culto al nombre propio
Viernes 18 de setiembre de 2026. Lectura: 5'
Donald Trump condicionó la remodelación del Kennedy Center a que su nombre pudiera quedar inscripto en el edificio. La Justicia se lo impidió y, pocas horas después, el directorio dominado por sus designados resolvió cerrar el complejo. Ahora un juez exige además aviso previo ante cualquier intento de demolerlo. Una disputa que muestra hasta qué punto una institución pública puede quedar subordinada a la voluntad de dejar una marca personal.
El John F. Kennedy Center for the Performing Arts no lleva ese nombre por casualidad. El Congreso de Estados Unidos lo convirtió en monumento viviente a John F. Kennedy después de su asesinato y, desde hace más de medio siglo, el enorme edificio junto al Potomac es una de las principales instituciones culturales de Washington.
Donald Trump quiere que allí figure también Donald Trump.
Ese deseo ha terminado convirtiendo al Kennedy Center en escenario de una pulseada extraordinaria entre el presidente de Estados Unidos, un directorio integrado mayoritariamente por personas designadas por él, el Congreso y la Justicia.
El primer intento fue directo. El nombre de Trump llegó a colocarse en la fachada del edificio. En mayo, el juez federal Christopher Cooper determinó que aquello era ilegal: el Congreso había establecido expresamente que el centro llevaría únicamente el nombre de Kennedy y había prohibido incorporar nuevos monumentos o placas conmemorativas en sus espacios públicos. La inscripción de Trump tuvo que ser retirada en junio.
Pero el asunto no terminó allí.
En agosto, el directorio aprobó una nueva fórmula. Se pretendía colocar bajo el nombre oficial del centro una inscripción que señalara que el edificio había sido «restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump». Si un fondo destinado a financiar el complejo alcanzaba los US$100 millones, habría otra inscripción. Y, además, la explanada sería bautizada President Donald J. Trump Plaza.
La maniobra tampoco superó el examen judicial.
Este martes 15 de setiembre, Cooper volvió a pronunciarse. Su conclusión fue inequívoca: ni Trump ni el directorio tienen autoridad para instalar ese tipo de homenajes sin autorización del Congreso. En esencia, el magistrado sostuvo que no pueden colocarse monumentos dedicados a Trump —ni a ninguna otra persona— en el Kennedy Center sin el consentimiento del Poder Legislativo.
Horas después ocurrió algo difícil de separar políticamente de aquella decisión.
El directorio resolvió cerrar la mayor parte del Kennedy Center. Trump sostuvo que el edificio necesita reparaciones urgentes por razones de seguridad y existen elementos objetivos que respaldan que la construcción requiere obras: recientemente se produjo incluso un desprendimiento parcial del cielorraso. El Congreso ya destinó US$257 millones a una remodelación.
Pero fue el propio Trump quien estableció el vínculo entre ambas cuestiones.
Según informó Associated Press, el presidente afirmó que las reformas solamente seguirían adelante si se permitía al directorio ejecutar sus planes para incorporar su nombre al edificio. Es decir: una obra financiada en gran medida con fondos aprobados por el Congreso quedó asociada, por decisión del presidente, al reconocimiento personal que la Justicia le niega.
La situación escaló todavía más.
El directorio votó un cierre de hasta dos años para llevar adelante la restauración. Al mismo tiempo, Trump declaró que, si su gestión no recibe el reconocimiento que reclama, el Kennedy Center podría terminar cerrado o incluso «derribado».
La palabra demolición dejó de ser solamente una hipérbole.
Este jueves 17, el juez Cooper ordenó a la administración que comunique con por lo menos 30 días de anticipación cualquier medida encaminada a demoler el edificio. La decisión llegó después de que los abogados de la legisladora demócrata Joyce Beatty —quien mantiene el litigio contra Trump— presentaran las recientes declaraciones presidenciales y señalaran la existencia de una fotografía en la que aparecía observando un cartel aparentemente titulado «Kennedy Center DEMOLISHED». Reuters aclaró que no pudo verificar independientemente esa imagen.
El caso trasciende entonces una discusión sobre arquitectura, financiamiento o programación cultural.
Lo peculiar es que la continuidad de una de las instituciones artísticas más emblemáticas de Estados Unidos haya llegado a quedar públicamente relacionada con una controversia acerca de si el presidente en ejercicio puede conseguir que su propio nombre quede grabado sobre ella.
Trump proviene, naturalmente, del mundo inmobiliario, donde durante décadas convirtió su apellido en una marca y lo estampó sobre hoteles, edificios, casinos y campos de golf. Pero existe una diferencia esencial entre colocar el nombre del propietario sobre una torre privada y pretender incorporarlo a una institución pública creada por ley como memorial de otro presidente.
Precisamente esa frontera es la que la Justicia ha trazado una y otra vez.
Los adversarios de Trump hablan abiertamente de vanidad y de una creciente cultura de personalización alrededor de su figura. Sus partidarios sostienen, en cambio, que merece reconocimiento por impulsar una renovación que consideran indispensable y por contribuir a conseguir recursos para una institución deteriorada. Lo que ya no admite demasiada discusión es que el propio presidente ha ligado ambas cosas: la restauración del Kennedy Center y la presencia de su nombre.
Ahí reside la dimensión más singular del episodio.
Un presidente puede aspirar a que la historia reconozca sus obras. Puede construir, reformar, inaugurar y defender su legado. Lo excepcional es pretender que ese reconocimiento quede materialmente asegurado mientras todavía ocupa el poder y convertir su ausencia en parte de una disputa sobre el futuro mismo de la institución.
El Kennedy Center fue concebido para recordar a un presidente muerto.
La paradoja de 2026 es que otro presidente, bien vivo y todavía en funciones, parece no estar dispuesto a esperar a la historia para saber qué lugar le reservará.
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